Nada ha cambiado en Cataluña. Todo está peor que antes del 1 de octubre. Los golpistas ya preparan nuevas artimañas para convertir a Carles Puigdemont en el presidente de la Generalitat de Cataluña intentando salvar para ello salvar todos los escollos que a priori puede plantear la simple lectura del Reglamento del Parlamento autonómico y la Ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern. Una investidura a medida. Y a distancia. El Gobierno, entre tanto, traga y calla. El golpe se ha consumado. Ya sólo cabe aferrarnos a la rebelión cívica de los españoles contra los traidores catalanes y sus cómplices de derecha e izquierda..

Según cuenta ABC, un equipo jurídico está estudiando las opciones que permitirían a los separatistas conseguir su objetivo sin necesidad de que los huidos tengan que venir a España, algo que descartan de plano, pues son conscientes de que no hay otra salida que no sea su detención y puesta a disposición judicial.

El primer objetivo de JpC es compartido con ERC y parece factible: controlar la Mesa del Parlamento autonómico, en la que los independentistas contarán con mayoría, ya que JpC tendrá dos representantes; ERC, otros dos; Cs, dos más y el PSC, uno. Desde el órgano de gobierno de la Cámara legislativa catalana pretenden interpretar distintos preceptos para ir sacando adelante sus iniciativas.

Una de ellas, fundamental, consiste en hacer una lectura más amplia de la delegación del voto, pues no pueden permitirse prescindir de ocho de los 70 escaños conseguidos por JpC, ERC y la CUP. Se trata de los cinco que están en manos de los huidos (Puigdemont y los cuatro exconsejeros: Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret) y los tres que pertenecen a los presos preventivos (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez). En el primer caso no podrían votar ni en la investidura; en el segundo, su asistencia parlamentaria está supeditada a un permiso extraordinario del juez instructor del Tribunal Supremo.

Los independentistas pretenden hacer una lectura «interpretativa» del artículo 93 del Reglamento parlamentario, que contempla la delegación de voto en casos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada. Para ello se aferrarían a la literalidad del artículo en el punto 2: «La Mesa del Parlamento debe establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación». Y también a la alusión -en el punto 3- a que la Mesa establecerá el procedimiento para ejercer el voto delegado, «que puede incluir el voto telemático si es posible y se puede ejercer con plenas garantías».

No obstante, expertos juristas aseguran que cuando el artículo alude al desarrollo de «los criterios generales» para la delegación del voto, lo hace en el marco de los que cita, por lo que no cabría ampliar esa lista a otros.

Por plasma

El siguiente escollo a salvar es conseguir una investidura a distancia. Para ello, harán valer que el artículo 4 de la Ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern no habla de la presencia física específica del candidato en la sesión de investidura. El precepto en cuestión señala que «dentro de los diez días siguientes» a la constitución del Parlamento, el presidente de la Cámara legislativa «ha de proponer al pleno un candidato a la presidencia de la Generalitat». Este «presenta ante el pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la cámara. Después de un debate sobre el programa presentado, se procede a la votación». En primera vuelta se exige mayoría absoluta. Los separatistas la tendrían si cuentan con esos ocho votos «fantasma». En la segunda votación basta con la mayoría simple y podría valer la abstención de CatComú-Podem, incluso sin la necesidad de los ocho «fantasma».

De esta manera, se podría dar el caso, con una «relectura» de la legislación por parte de la Mesa, de que Puigdemont fuera investido presidente autonómico sin salir de Bélgica y defendiendo su programa de gobierno a través de una pantalla en el hemiciclo. Pese a todo, los expertos consultados sostienen que la última palabra la podría tener el Tribunal Constitucional ya que una jugada como esta supondría que la oposición o el Gobierno, previsiblemente, presentarían recurso. Así empezaría una legislatura en Cataluña que se prevé cargada de conflictos legales y competenciales.