Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido y Soraya Sáenz de Santamaría

José L. Román.- A los independentistas vascos y catalanes nunca les oí hablar de España, siempre les escuché decir del Estado español o del territorio del estado.

Pues bien, curiosamente, acabo de recibir un “tuit” lanzado a través de las Redes sociales de uno de esos tertulianos de 13tv, en el que al comparar la cena de Nochebuena servida a los policías nacionales desplazados hasta Cataluña con el menú dispensado esa misma noche en algunas cárceles españolas, apunta al Estado como responsable del trato vejatorio e indignante para con aquellos policías.

Creo que, apuntar por algo tan sumamente grave al Estado, sin señalar al gobierno de la nación como creo que sería lo correcto y sensato, es una manera de lanzar la piedra y esconder la mano. Debe resultar muy difícil ser riguroso al tratar de exponer la mala gestión del gobierno en Cataluña viendo que el PP se va por el sumidero, sobre todo, cuando quien tiene que informar con rigor ha sido durante muchos años paladín adulador del gobierno y del partido.

Es cierto que a miles de españoles nos ha indignado esa discriminación peyorativa, tanto o más que al tertuliano de 13tv. Sin embargo, cuando se trata de manifestar esa indignación, fruto del trato vejatorio que sufren los que se supone que han ido allí a dar la cara en nombre de España y de todos los españoles, sería preferible quedarse callado antes que poner de manifiesto cierta laxitud para con quien por acción u omisión, es el máximo responsable de un comportamiento tan indigno.

No me sorprende en absoluto que el incapaz ministro del Interior haya ordenado una investigación al respecto, cuando todos hemos sido testigos de que esa discriminación y ese trato vejatorio no se circunscribe únicamente al menú servido a los policías durante la cena de Nochebuena, no. Esa discriminación peyorativa para con policías nacionales y guardias civiles en Cataluña, ha sido la nota dominante desde que el gobierno de la nación ordenó su traslado desde distintos puntos de España, antes de que tuviera lugar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre de 2017.

La situación es tan grave, que la única investigación que cabría llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, es la del grado de responsabilidad de los gestores de esta crisis política, social y económica, y que han manifestado su mala praxis bien a través de la traición, de la incapacidad o de la cobardía.

Aquí todo se deja en manos de lo que las urnas ofrezcan en las próximas elecciones, sin tan siquiera tener en cuenta la misteriosa muerte del fiscal Maza, sin embargo, alguien debería responder de la farsa puesta en escena, de la nefasta decisión de aplicar un artículo 155 de fresas con nata, y de mantener durante tres meses a guardias civiles y policías nacionales en pésimas condiciones, insultados, agredidos, humillados, discriminados y sin poder defenderse, lejos además de sus familias, para devolverlos después a sus destinos sin haberlos dejado actuar como la situación requería.

Alguien debería responder por no intervenir los medios de comunicación de los golpistas; por no cesar fulminantemente a todos los funcionarios al servicio del adoctrinamiento antiespañol en los centros de enseñanza y el matonismo en las entidades públicas; por dejar escapar al máximo responsable del golpe; y por convocar elecciones en el plazo de un mes para salvar el autogobierno con el resultado que todos conocemos.

Alguien debería responder por su cobardía y su afán de protagonismo, y dejar a guardias civiles y policías nacionales en manos de los traidores mozos de escuadra; a jueces y fiscales ante la opción de salir huyendo por el abandono de su órgano rector; y a miles de catalanes que se sienten profundamente españoles, a merced de los independentistas que están dispuestos a tomar las armas para defender la república.