El Parlamento británico debate sobre la posible injerencia rusa en el “procés” catalán
Imgen cenital del parlamento británico
Cataluña se vuelve a colar en la agenda parlamentaria británica. Esta vez, sobre la posible injerencia rusa en el «procés». Un Comité del Parlamento de Westminster que investiga el fenómeno de las «fake news» en todo el mundo ha abierto un pequeño hueco para este posible hecho que se ha venido rumoreando en los últimos meses: que los hackers rusos hayan interferido de algún modo en el asunto catalán.
Varios expertos, entre ellos el español Francisco de Borja Lasheras, jefe de la oficina en Madrid del «think tank» Consejo Europeo de Relaciones Exteriores o Mira Milosevich-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano, comparecerán ante este tribunal presidido por el diputado conservador Damien Collins para aportar su experiencia en esta materia.
Se abordarán temas como la masiva emisión de tuits provenientes de cuentas rusas los días anteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y se investigará, según el propio Collins, «el papel de las agencias de Rusia y Venezuela en este proceso».
Este comité se encargará durante varios días de estudiar el impacto de las noticias falsas alrededor del mundo y cómo afectan a la vida diaria de las personas. Dicho comité vuelve a retomar su trabajo después del parón por las elecciones generales británicas del pasado mes de junio.
Dentro de la investigación se tratarán también las posibles injerencias rusas en la campaña electoral estadounidense o en el referéndum del Brexit, algo que según varios estudios realizados aquí en Reino Unido es un hecho pero muy difícil de probar.
A parte de expertos, pasarán por este Comité responsables de multinacionales tecnológicas o ingenieros informáticos que aporten su punto de vista ante este fenómeno de las «fake news». Después de eso, se realizará un informe que se presentará aproximadamente en el mes de marzo y cuyos resultados se le harán llegar al Gobierno británico. A partir de ahí el Ejecutivo de Theresa May tendrá que responder ante esta investigación parlamentaria.
