El Gobierno catalán quería poner en marcha un sistema educativo que se escapara al control «estatal» y estudiaban la posibilidad de crear una red municipal, pero pagada «al cien por cien» por la Generalitat. Entre las medidas que contemplaban llevar a cabo para iniciar el proceso de cambio de sistema estaba el no crear nuevas plazas de funcionarios en los próximos 6 a 8 años, en los que se jubilaría el 30 por ciento de la plantilla. Así aparece reflejado en la llamada ‘agenda del procés’ que fue intervenida por la Guardia Civil en el registro de la casa de Josep María Jové, el secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda del Gobierno catalán.

El contenido de este proyecto, recogido en una libreta Moleskine, aparece en una anotación de abril de 2016 a raíz de una entrevista de Jové con el director del programa Escola Nova 2, Euard Vallory. Al hilo de esta cita, el secretario general de la vicepresidencia escribe: «Educación. Estructura de Estado. Qué necesitamos para hacer un sistema de educación lo más avanzado posible. Escuela avanzada». El planteamiento que hace es que la estructura de la escuela tiene que ser pública, con una organización pública y la formación de los maestros ligada a la universidad.

Precisa que el sistema «no se puede hacer con el marco español» y cifra en 10-15 años el tiempo para estructurar un sistema público en reconversión, por ello, estima necesario «empezar a pensarlo» y puntualiza que eso «no se puede hacer desde el Departamento de Educación».

La estrategia, dice, es «no crear plazas de funcionarios en los próximos 6 a 8 años» ya que se jubila el 30 por ciento» de la plantilla. A ello añade la creación de consorcios locales, pero financiados por la Generalitat al «cien por cien».

De hecho, recuerda que la Ley de Educación Catalana (LEC) «tiene un artículo no desarrollado que permite desarrollar la red municipal, que no dependa de las estructuras «estatales» que están reproducidas también a nivel Generalitat».

En esa etapa de «transición», explica que durante los primeros cinco años, los centros tendrían autonomía para «contratar maestros, elegir proyectos educativos…». Aunque señala que se debe determinar «el mínimo que ha de tener toda escuela».

«De aquí podemos tener una red alternativa Escola Nova XXI: desarrollar competencias, prácticas de cómo implementarlas y evaluación», señala acto seguido y añade que tienen 26 escuelas de primaria y secundaria (19 públicas y 7 concertadas) en las que se hacen «cursos avanzados». Pero precisa que estos «centros experimentales» han de tener «estabilidad».

Según reflejó Jové, se trataba de poner en marcha un proyecto de Escuela que trabajase «de manera diferente» y «genere una demanda que desborde» y que «obligue a las administraciones y partidos a dar respuesta».