La Generalitat de Cataluña contaba con informes internos en los que se reconocía que el déficit de los fondos de la Seguridad Social había ido creciendo en los últimos años en esta comunidad autónoma. Estos documentos también reflejaban que las únicas regiones que aportan de manera neta al sistema son Madrid y Baleares. A pesar de ello, los responsables políticos prometían que las pensiones de la República catalana subirían desde el minuto uno en el que se produjera la independencia y que la subida sería mayor que en el resto de España.

También admitían en los documentos internos que Cataluña es la autonomía en la que se concentra el volumen más elevado de pensiones y subsidios contributivos del Sistema de Seguridad Social –22.845 millones de gastos frente a 19.981 millones de ingresos–, que representan el 18,8 por ciento del total de España.

Reconocían así mismo que esta región tiene el peso más importante en las pensiones por jubilación y viudedad, es decir, que son las prestaciones más altas, “hecho que se corresponde con un mayor volumen de derechos contraídos por las cotizaciones realizadas previamente”, según señalaban. Además, en el informe se expone que el factor fundamental del aumento del déficit es, al igual que en el resto de España, el aumento del número del número de perceptores y las mayores cuantías de cada prestación.

Estos datos y el estudio de los fondos de la Seguridad Social en Cataluña aparecen reflejados en un informe de la Dirección General de Análisis Económico, dependiente de la vicepresidencia del Gobierno catalán, y tiene fecha de 17 de junio de este año. En él se analiza la territorialización de los fondos desde 2013 hasta 2016.

INFORME INTERNO INCAUTADO EN LOS REGISTROS

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, está incorporado al procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la creación de estructuras de Estado por parte del Gobierno de Carles Puigdemont y los preparativos del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.

Este informe fue incautado durante los registros que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado día 20 de septiembre, en el marco de la ‘operación Anubis’, en la que resultaron detenidas 17 personas, entre ellas, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

Los datos del documento tienen como referencia la información anual que publica la Intervención General de la Administración del Estado para el conjunto de los fondos de la Seguridad Social, pero también han agregado, para analizar la cobertura entre cotizaciones sociales (y transferencias del Estado) y prestaciones de los diferentes fondos, las liquidaciones presupuestarias del Sistema de la Seguridad Social, del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) y del Fogasa.

En su conjunto, los datos globales de España han ido empeorando y lo mismo ha ocurrido con los de Cataluña. Según este documento, el déficit catalán en 2016 fue de 1.308 millones de euros, lo que supone el 7,2 por ciento del déficit total nacional que ascendió a 18.096 millones de euros. Pero además, se ponía de manifiesto que el déficit catalán en los fondos de la Seguridad Social (incluidos los fondos de SEPE y Fogasa) ha ido creciendo desde 2013, que ascendió a 421 millones de euros. En 2014 se situó en 832 y en 2015, en 1.146 millones.

Es decir, que en 2016, el déficit de los fondos de la Seguridad Social por habitante en Cataluña fue de 177 euros. Aunque precisan que este déficit por persona es “la mitad” que en el resto de España. Es decir, que si se toma el PIB como referencia, el déficit catalán es del 0,6 por ciento, mientras que el de España se situaría en el 1,6 por ciento y el de España sin Cataluña, en el 1,9 por ciento.

Para llegar a esta conclusión han analizado primero los datos de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa y de las prestaciones no contributivas de todos estos organismos por separado.

En el caso concreto de las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social, que son básicamente las pensiones –de jubilación, viudedad, orfandad, invalidez, favor familiar y subsidios de otras prestaciones contributivas– el déficit ascendió en 2016 a 2.864 millones de euros, frente a los 2.681 de 2015; los 3.631 de 2014 y 2.589, de 2013.

En el citado documento también se admitía que sólo Madrid y Baleares presentaban saldos positivos en el conjunto de los fondos –incluyendo SEPE y Fogasa tanto contributivas como no contributivas–, con 430 y 3.545 millones respectivamente en 2016.

PROMETÍAN SUBIRLAS DESDE EL MINUTO UNO DE LA INDEPENDENCIA

A pesar de admitir internamente que el déficit de los fondos de la Seguridad Social era creciente, los altos cargos de la Generalitat no sólo prometían que iban a garantizar las pensiones, sino que además aseguraban que las iban a subir desde el minuto uno de la independencia. Así lo aseguraba en marzo el secretario de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Josep Ginesta.

Lo mismo decía la Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, en septiembre. En opinión de ésta, una seguridad social catalana sería “más potente y más sostenible que la actual” y precisaba que las cuentas autonómicas llegarían a un equilibrio en la primavera de 2018, por lo que proponía revalorizar las pensiones por encima del 0,25 por ciento que es la revalorización actual.

También garantizaba el cobro de pensiones en febrero de este año el entonces vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, quien decía que el sistema sería mucho más sostenible en una economía como la catalana, de la que aseguraba que “crece, genera ocupación y puede controlar los niveles de deuda en términos de PIB”. Sin embargo, en aquel momento no se conocía la salida masiva de empresas de Cataluña que tuvo lugar a raíz del referéndum de independencia.