Manifestación en Bruselas

Ramón Pérez-Maura.- Sólo se puede ser escéptico ante los resultados de las encuestas. Algunos sostenemos desde hace tiempo que sólo sirven para ver tendencias. Y tampoco siempre. La foto fija tiene poco valor. La tendencia del CIS de ayer es buena para la opción constitucional, pero está lejos de ser suficiente. Como casi siempre, los resultados del CIS marcarán tendencia porque casi todos los institutos demoscópicos beben de sus fuentes. Y veremos a partir de ahora cómo afecta a la campaña la permanencia de Junqueras en prisión, que sólo fue anticipada ayer por Nati Villanueva en ABC. El resto de los medios apostaban por la liberación que el ex vicepresidente había buscado ante la sensación de que le iba mejor a Carles Puigdemont haciendo campaña desde Bruselas que a él desde Estremera.

Lo cierto es que el juez Pablo Llarena ha demostrado tener criterio propio, dejando descolocados a muchos. Y sí, todo indica que se celebrarán las elecciones del 21 de diciembre con Junqueras, Forn y Sànchez en la cárcel. Y veremos si no están también algunos de los catalanes de la diáspora. Y a mí no me parece mal que el encarcelado, el hoy huido y otros compañeros mártires puedan concurrir a las urnas desde su posición de fugados o de prisión preventiva. Por una vez -y sin que sirva de precedente- voy a discrepar del maestro Antonio Burgos («Mí no comprender» ABC 3-12-17). Es cierto que a un concejal que pillan metiendo la mano en la caja no se les ocurre presentarlo. Pero es a su partido al que no se le pasa por la cabeza. Podría presentarse sin problema. No hay juez que lo impida mientras no esté condenado. Y así debe ser porque todos somos inocentes mientras no haya una sentencia firme. En cambio, parte del grave problema de Cataluña hoy se pone de manifiesto por el hecho de que unos delincuentes (potenciales) como los de Bruselas y los de Estremera (los que estuvieron y los que allí siguen), son aceptados por la gran mayoría del electorado como unos candidatos legítimos. El nudo de la podredumbre catalana está en denunciar a quien mete la mano en el cajón en Sigüenza o en Tomelloso, pero ver con comprensión a quien ha estado malversando fondos públicos durante años. Fondos que salen de los impuestos que pagamos usted y un servidor. Y uno de los problemas que afrontan Puigdemont y sus compañeros de viaje en Bruselas es el de que la malversación de fondos públicos es un delito en cualquier país del planeta. E intentar evitar una extradición cuando se está acusado de eso es casi imposible.

Demostremos ser un país garantista. Uno en el que el que la sospecha de una comisión ilegal te impide -moralmente- ser candidato, pero el haber malversado millones del erario publico no. Y después, que vengan a dar lecciones de democracia.