Artur Mas y el resto de investigados por los gastos de la consulta ilegal del 9-N han depositado en el Tribunal de Cuentas 2,8 millones de euros y las escrituras y tasaciones de varios inmuebles para cubrir la fianza, que asciende a 5,25 millones. El órgano fiscalizador está comprobando el valor de las casas de Artur Mas y sus excolaboradores para comprobar si cubren los 2,45 millones de euros que restan para cubrir la fianza.

Los representantes legales del expresidente catalán, la ex vicepresidenta Joana Ortega, los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y el resto de investigados solicitaron una nueva ampliación para recaudar el resto del dinero. El Tribunal no la ha concedido pero, según fuentes consultadas, son receptivos a aceptar un aval bancario mientras estudian el valor de los inmuebles, gestión que puede prolongarse una semana. Si los políticos logran que un avalista cubra el resto, todo apunta a que el órgano fiscalizador aceptará el documento. Lo primordial es que la cantidad en cuestión quede como garantía en su totalidad, para cubrir una hipotética condena en el juicio contable, que aún no tiene fecha.

Ese aval de fondos en metálico facilitaría el procedimiento, ya que no sería necesario instar los embargos de los bienes inmuebles. El Tribunal de Cuentas está valorando positivamente que Artur Mas y sus excolaboradores tienen «voluntad de pagar». En el contexto actual, con líderes independentistas declarados en rebeldía, como Carles Puigdemont, huido a Bélgica, el expresidente catalán ha cumplido con su obligación de aceptar la legalidad vigente.

Colecta independentista

El pasado jueves, último día de plazo, los denunciados aportaron 400.000 euros que, sumados a las dos entregas anteriores, alcanzan la cifra de 2,8 millones, algo más de la mitad de la fianza. Mas y el resto de responsables de la consulta ilegal del 9-N de 2014 hicieron una primera entrega de 2,2 millones de euros, procedentes de la «caja de resistencia» puesta en marcha por las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. Después pidieron una ampliación de quince días, la que venció el jueves, que les permitió aportar 200.000 euros el 7 de noviembre y los 400.000 citados.

Esta investigación por responsabilidades contables tiene una importancia que trasciende a este expediente, ya que puede marcar el paso a otros líderes independentistas, sabedores de que ellos también deberán restituir con su propio patrimonio aquellos fondos públicos usados en pro de la independencia. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya tiene sobre su mesa dos denuncias más en este sentido, presentadas por el Ministerio de Hacienda.

La primera versa sobre los gastos incurridos para la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, con Puigdemont y Oriol Junqueras como máximos responsables. La segunda es sobre el viaje de casi 200 alcaldes catalanes a Bruselas para apoyar al expresidente Puigdemont, que algunos pagaron con dinero público. Los procedimientos del Tribunal de Cuentas discurren al margen de lo que establezca la vía penal.