Puigdemont y su esposa pasean por Gerona, entre vítores y aplausos, antes de su huida a Bruselas.

Carles Puigdemont y su Gobierno se «olvidaron» de autorizar el pago de 152 millones de euros que deben recibir decenas de entidades sociales catalanas durante los ejercicios 2017 y 2018. En su carrera hacia una independencia ilegal, el Ejecutivo ahora cesado no cumplió con las asociaciones que se encargan, precisamente, de ayudar a los que más lo necesitan al no zanjar un programa de subvenciones bianual abierto en marzo de este año, pese a que el 20 de julio se publicó una resolución provisional sobre dichas ayudas. Estamos a mediados de noviembre, el dinero aún no se ha abonado y no se espera que llegue hasta primeros de 2018 en muchos casos.

Se trata de la convocatoria ordinaria de subvenciones para entidades dedicadas a las políticas sociales, que entrega el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Este proyecto cuenta, en su presente edición, con un presupuesto de 226.287.735,81 euros, que se divide en 20 líneas de ayudas de las que sólo una de ellas ha recibido ya alguna dotación presupuestaria. Se trata de la línea de ayudas «J», donde actúan entidades que prestan servicios residenciales, de atención diurna a personas mayores, a drogodependencia, a discapacitados o enfermos mentales.

Los 226 millones se dividen, a su vez, en dos grandes montantes: uno de 116 millones a pagar en 2017 y otro, de 110 millones de euros, a abonar durante el ejercicio 2018. Según datos facilitados por la Generalitat, del importe total del programa sólo se ha abordado el pago de 74 millones de euros en concepto de anticipo. Así, hay otros 152 millones bloqueados, de los que 42 tendrían que haberse pagado a las entidades durante este curso y otros 110 cuyo calendario de reparto todavía tendría que aclararse y que están supeditados a una resolución definitiva que no llega.

Al cierre de esta edición, la Generalidadconfirmó que aún no se había publicado este dictamen, aunque desde la Consejería responsable del mismo advierten que la resolución final podría llegar pronto. Hasta que eso no ocurra, las asociaciones que no disfrutaran de anticipo no recibirán la subvención que ya tienen otorgada, lo que les genera importantes trastornos. En la Federación de Personas Sordas de Cataluña (Fesoca), una entidad que presta apoyo a ese colectivo para conseguir su plena integración, se quedaron sin cobrar a mitad de año y ya se asoman a un ERE. Pese a ello, subrayan que los más perjudicados no son ellos, sino los beneficiarios de su servicio: cada año realizan 5.000 asistencias que este curso se están viendo comprometidas.

Sistema ineficaz

Diversos agentes del tercer sector catalán consultados por este diario, y que prefieren no dar su nombre para evitar represalias al optar a subvenciones públicas, coinciden al señalar que el sistema de financiación de entidades sociales es mejorable en Cataluña. «No ha sido bueno ni eficaz e implica muchos retrasos», critica Antonio Martínez, presidente de Fesoca, quien rememora que otros años, la resolución definitiva de este mismo plan «llega después de verano». De esta forma, las subvenciones se abonan habitualmente en septiembre o, como muy tarde, en octubre. Con más puntualidad, por su parte, las han recibido asociaciones vinculadas al independentismo, como Òmnium Cultural, que desde 2005 ha percibido más de 20 millones de euros para incentivar el catalanismo mediante actividades culturales.

«No quiero entrar en temas políticos pero este año no hemos recibido aún la subvención», lamenta Martínez, cuya entidad está a la espera de unos 450.000 euros para cada uno de los dos próximos ejercicios. Esta ayuda es fundamental para Fesoca, ya que suponen el 80% de su presupuesto. Fuentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia achacan el retraso a que, después de la intervención de las cuentas de Cataluña, dos de las 20 líneas de ayudas quedaron bloqueadas. Desde Hacienda siempre han desmentido esta versión al explicar, semanas atrás, que esos dos apartados estaban bloqueados porque desde Cataluña no se había solicitado incluirlos en la lista de prioridades de pago. Una vez que este escollo está salvado, sólo queda que la Generalidad publique la resolución definitiva. Desde el organismo confirman que está todo listo, pero también indican que, desde el momento de la publicación del documento, tendrán que pasar seis semanas hasta que las organizaciones reciban el dinero. Es decir, a primeros del año 2018.

Uno de los colectivos más afectados por el retraso en la concesión de este programa de subvenciones es el de la atención al discapacitado. El ejemplo más claro es Fesoca, que a su vez forma parte del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi). Esta organización, de tercer nivel, aglutina a federaciones del sector, y ayer mismo lanzó un comunicado en el que denunció «la asfixia económica de las entidades sociales de la discapacidad» que achacan a «la irresponsabilidad de las administraciones públicas implicadas en la convocatoria, resolución y pago de subvenciones».

Otro «descuido»

Por suerte, parece que el conjunto de las ayudas llegará. Tarde, pero llegarán. Así se lo han prometido a Cáritas Barcelona, organización que también está afectada por los retrasos en estas subvenciones. «Nos dicen que será cuestión de días», confirman a este diario desde la organización, que pertenece a la Iglesia Católica y que tampoco escapa a la demora en la resolución de las convocatorias del presente ejercicio por parte de la Generalidad. Da la casualidad de que el retraso se produce justo el año en el que en Cataluña se declaró una independencia ilegal que obligó a disolver el Gobierno y el Parlamento regional y que costó prisión provisional a varios consejeros y una escapada a Bruselas a Puigdemont.

La coyuntura no parece la idónea para resolver procesos de subvenciones como este pero, según denuncia Cocarmi, la situación no queda ahí. Peor suerte correrán otros programas de ayudas también dirigidos a atender a los más necesitados. «Aún no se ha publicado la convocatoria de subvenciones para la realización de los Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de la salud mental (Sioas), que tiene una dotación de 8.400.000 euros», denuncia el organismo sobre un programa en el que tomaron parte 40 entidades y del que se beneficiaron, como mínimo, 1.679 personas».