El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, camina junto a su esposa

La Guardia Civil está investigando si la Generalitat de Cataluña «ocultó» la creación y el desarrollo de estructuras de Estado entre los acuerdos marco y contratos que formalizó entre los años 2012 y 2016 con más de 40 empresas tecnológicas. El informe entregado en el Juzgado número 13 de Barcelona -desde el que se dirigió la operación de detenciones de altos cargos y registros que derivó en el asedio a la Guardia Civil el 20-S- ha seleccionado un total de 33 contratos por valor de 811 millones de euros, en los que podrían estar camuflados los trabajos para dar soporte informático a las nuevas estructuras que preveía crear el Gobierno catalán para dar paso a la República.

Este informe, al que ha tenido acceso Ep y que se realizó inicialmente por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, incluye los contratos realizados por el Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) o a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), con el que el primero tiene un convenio de colaboración, y que han levantado sospechas de los investigadores.

El CTTI es el organismo del Gobierno catalán encargado de la contratación centralizada, la gestión y el suministro de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de toda la Administración autonómica.

Sin publicidad

Según explica la Guardia Civil, aparte de la licitación pública habitual para la contratación de obras y servicios, el CTTI «ha estado utilizando de manera habitual los denominados acuerdos-marco, donde se regulan las condiciones que deben regir los contratos». En esos acuerdos se contempla la prestación de servicios mediante dos modalidades: recurrentes y bajo demanda. Sin embargo, es esta última modalidad la que permite encargar la prestación de cualquier servicio con solo una orden de trabajo a la sociedad adjudicataria, es decir, «sin necesidad de la publicidad derivada de una licitación pública».

En el momento de realizar el informe, la Guardia Civil estaba investigando la creación de la Agencia Nacional de Seguridad catalana, y consideró que para su desarrollo el Cesicat constituiría una parte «esencial». Por ello, seleccionó todos los acuerdos marco y contratos formalizados por la Generalitat de Cataluña entre los años 2012 y 2016 a través del CTTI. Se trataba de todos aquellos que incluían la prestación de servicios y que, «a juicio» de los investigadores, «en su marco de desarrollo hubieran podido ocultar la creación y desarrollo de estructuras de Estado», entre ellas la citada Agencia Nacional de Seguridad.

Resultaron un total de 33 contratos con más de 40 empresas tecnológicas. Algunos de ellos se realizaron a través de UTEs (Uniones Temporales de Empresas) y otros, directamente con las sociedades interesadas. La suma de los importes de estos contratos asciende a 811.443.729 euros.

La empresa que logró contratos por un importe mayor fue T-Systems ITC Iberia, que a través de cuatro expedientes contrató por un total de 309,89 millones de euros.

Se da la circunstancia de que la directora general de esta sociedad, Rosa María Rodríguez Curtó, resultó detenida en la operación que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre contra todo el entramado que preparaba el referéndum del 1-O.

En el transcurso de esta compleja investigación, la Benemérita solicitó a la Fiscalía que reclamara la «entrega inmediata» a las empresas de los «expedientes completos» de los acuerdos marco y el resto de contratos ejecutados con la Generalitat salvo que esta petición pusiera en riesgo las pesquisas dando lugar a la destrucción de pruebas. También solicitaron la toma de declaración a los administradores y encargados de los departamentos que hubieran desarrollado estos proyectos para la Generalitat y a Hacienda, los informes sobre las operaciones comerciales del Cesicat y el CTTI.