La ola de corrupción que nos inunda –más bien un peligroso tsunami-, amenaza acabar con nuestro sistema político, y no digo democracia, pues no me gusta engañar a nadie.

Pero además tiene otra consecuencia peligrosa, y es la inclusión de España en los listados internacionales de países corruptos, -en dónde vamos escalando rápidamente posiciones-, de forma que las grandes empresas multinacionales se lo pensarán dos veces antes de invertir aquí, pues saben perfectamente que tendrán que pagar “mordidas” sin fin para obtener los permisos y licencias necesarios, y en ocasiones no sólo a un sobrecogedor, sino a varios: ayuntamiento, comunidad autónoma, administración central, organismos con competencias específicas, etc., pues para abrir cualquier fábrica o centro comercial hacen falta un montón de autorizaciones, todas las cuales pueden estar sometidas “a peaje”.

¿Qué soluciones tiene esta situación dantesca? Yo me atrevo –la ignorancia es muy atrevida- a propugnar algunas:

1. Que se exima de responsabilidad penal al empresario que denuncie cualquier petición de soborno, o incluso que lo haya pagado previamente, para poder seguir adelante con su negocio o empresa.

2. Que se endurezcan las penas de prisión para los políticos o empleados públicos corruptos, inhabilitándoles para ocupar cargos o empleos públicos durante un montón de años, y fijando penas de prisión, de cumplimiento obligatorio, sin posibles suspensiones u otros beneficios penitenciarios.

3. Que se creen Juzgados contra la Corrupción, al menos uno por comunidad autónoma –y en las grandes varios-, como jurisdicción especializada, para tramitar todos estos asuntos con agilidad y especialización, no como ahora, que los imputados acaban muriendo, de muerte natural, antes de ser condenados, o en su caso, absueltos.

4. Que se prohíban las sentencias “de conformidad” en estos asuntos, estableciéndose legalmente la obligatoriedad de celebrar el juicio correspondiente, con vistas públicas, para que la sociedad a la que se ha perjudicado, pueda conocer los hechos enjuiciados.

5. Que se publiquen en el BOE todas las sentencias condenatorias firmes, o al menos un extracto de las mismas, para público conocimiento y desprestigio político o profesional del alto cargo o funcionario hallado culpable de alguno de estos delitos.

6. Que las penas deban cumplirse íntegramente, salvo que se proceda a la devolución de la totalidad o de una parte sustancial del dinero “untado”, en cuyo caso la prisión podría reducirse en atención a esta circunstancia, pero nunca la inhabilitación para ocupar cualquier cargo oficial.

Es posible que mis ideas sean quiméricas, y seguramente lo son, pero creo son efectivas y realistas. Ahora bien, nada de ello se hará, pues los grandes partidos están de corrupción hasta las cejas, y obviamente no van a tirar piedras a su propio tejado. Que serán tontos, pero no idiotas.

Se impone, pues, botarles y empezar a votar a cualquier otro partido, aunque ello dificulte la gobernación de España. A grandes males, grandes remedios.

*Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.