Se ha consumado el desafío de los separatistas catalanes, a contrapelo de las leyes vigentes y de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. La imagen de Carles Puigdemont y de los diputados separatistas votando impunemente la ruptura del Reino de España, supone de facto la liquidación del Estado de Derecho y del régimen político del 78. Por consiguiente, tenemos toda la autoridad política, legal y moral para exigir a nuestras Fuerzas Armadas que tomen el poder como solución correctora del caos que vivimos, que restablezcan la legalidad y que detengan a todos los responsables, por acción o inacción, del proceso sedicioso, si el Gobierno del Reino de España sigue sin actuar mientras el aquelarre separatista toma las calles catalanas. Cada minuto que pase sin respuesta nos aleja más de la continuidad histórica de España como nación unida.

La unidad nacional está por encima de los regímenes políticos. El poder civil ha renunciado al principio de autoridad frente a los delincuentes separatistas. Este régimen estaba tan carcomido que un golpecito ha podido tumbarlo. Casi todos los políticos quieren premiar a los golpistas a cambio de que se contenten con saquear todavía más al Estado. El Gobierno de Rajoy se avergüenza de serlo y en vez de arrestarlo, coloquia con Puigdemont. La izquierda juega a las encuestas en vez de afrontar el Golpe con la ley y todas sus armas en la mano. Nadie pide ilegalizar a los golpistas. Un Estado que renuncia a defenderse no es Estado, es un cadáver. Por eso es imperativo que el Ejército asuma el mandato constitucional de preservar la unidad de España.

Queremos tener esperanza en el papel de las Fuerzas Armadas ante una situación límite. Queremos creer que el principal rasgo distintivo de los militares españoles sigue siendo su patriotismo. El papel arbitral del Ejército ante esa “situación límite debe ser el de restablecer el orden legal de acuerdo al mandato constitucional. Si el poder civil no lo hace, deben ser los militares los que defiendan las fórmulas legales que reglan nuestra convivencia dentro de una patria común e indivisible.

Nunca en la historia de este país, punta de lanza de la civilización occidental, ni siquiera durante el periodo en el que fue proclamada la república catalana desde un balcón de la Generalitat, el número de traiciones al pueblo había sido tan alta. Los separatistas catalanes están arrastrando a nuestro país a una quiebra de consecuencias imprevisibles. España corre el riesgo de ser pasto de las llamas y difícilmente un pirómano, y mucho menos un traidor al servicio del mundialismo, puede tener legitimidad moral para imponer su autoridad a millones de españoles.

Solo los políticos fueron incapaces de prever lo que todos sabíamos. Confiar en los Mossos y en los dirigentes secesionistas catalanes ha sido un error de proporciones históricas. Un desatino que sumar a los que nos han llevado a este bochorno, sin precedentes en Europa”.

Reiteramos la urgencia de una solución correctora que permita regenerar una situación que solo puede empeorar si continúa en las mismas manos.

Muchos españoles empiezan a reconocer que están conduciendo al suicidio asistido a bordo de una democracia que se ha demostrado incapaz de resolver los grandes problemas nacionales. El régimen instalado en España entre 1939 y 1975 pudo adolecer de muchas cosas, pero no de contemporizar con quienes ya entonces pretendían reducir a escombros el país, empleando los mismos métodos eutanásicos que hoy están resultando tan efectivos. La multiculturalidad ha fracasado, el ensayo globalista está regando de víctimas inocentes las calles y los dirigentes españoles, negligentes, lacayunos y traidores, carecen de la suficiente y necesaria categoría moral para reconocer sus errores. En un ejercicio máximo de generosidad, podíamos conceder a algunos de sus miembros el beneficio de la bienintencionalidad, pero esas buenas intenciones quedan anuladas a la luz de los acontecimientos y del deliberado empeño por encubrir a sus inductores.

Por ello, ante la falta de compromiso del Gobierno con España y su continuidad como nación, se abre ante el pueblo español una disyuntiva: o un proceso que se precipite en la traumática liquidación del sistema institucional, por el empeño de mantener una inequívoca normalidad ‘democrática’ o la instauración de un cambio a la esperanza, que pasa por la inevitable fase nacionalizadora de un sistema que ya ha dejado de estar al servicio de los españoles. Hoy, como ayer, como siempre, ha sido un puñado de soldados el que termina salvando la civilización.