La fuga de empresas catalanas no sólo se reduce a las grandes corporaciones que han cambiado de sede social en masa desde el pasado 1 de octubre, cuando se celebró el simulacro de referéndum de secesión auspiciado por el tándem Puigdemont-Junqueras. También las pequeñas y medianas empresas se están moviendo pese a que, por ahora, se ven menos afectadas por la inestabilidad jurídica, política y social creada por la Generalitat.

Así lo reconoció ayer Pimec, la patronal catalana de pymes. Según los datos que maneja Pimec –que criticó el pasado martes la entrada en prisión de los «Jordis» por un presunto delito de sedición–, al menos 13.000 empresas catalanas han paralizado sus inversiones y 13.300 han abierto cuentas en otras comunidades autónomas. Además, unas 2.500 empresas de hasta 250 trabajadores se están planteando trasladar su sede social fuera de Cataluña, lo que se uniría a las 1.300 pymes catalanas que ya lo han hecho en las últimas semanas, según una encuesta de Pimec sobre los efectos de la situación política sobre las pequeñas y medianas empresas catalanas.

El presidente de la patronal de pequeños y medianos empresarios, Josep González, admitió ayer en la presentación de estos resultados que ha habido un movimiento de pymes para trasladar sus sedes sociales, aunque el porcentaje es muy pequeño. González remarcó que «en ningún caso» ha habido traslado de actividad productiva, lo que sí tendría efectos en la economía real de Cataluña. «Cada empresa que se mueve es una preocupación para nosotros, aunque el porcentaje de empresas que se va no deja de ser pequeño», añadió. Sin embargo, en lo que respecta a grandes corporaciones, la facturación «perdida» por el traslado de sedes roza los 100.000 millones.

El reconocimiento de que la huida ha llegado también a las medianas empresas por parte de Pimec tiene cierta relevancia ya que la patronal catalana de pymes no es precisamente equidistante con la desobediencia con el Estado y deslealtad de la Generalitat con todos los catalanes y con el resto de españoles. De hecho, González aprovechó su intervención de ayer para cargar contra el Gobierno de España, al que reprochó que haya aprobado una norma para facilitar la salida de sedes sociales de empresas. En este sentido acusó al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de «estimular» así el «desplazamiento» de la economía de Cataluña. «¿Qué hubiera pasado si De Guindos (ministro de Economía) no hubiera aprobado ese decreto o si se hubiera limitado a empresas de gran tamaño? A menos que haya interés en que se vayan muchas más empresas aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid», manifestó.

Las grandes empresas catalanas que no habían modificado sus estatutos para favorecerse del traslado exprés que ya contenía la Ley de Sociedades de Capital desde 2015, caso de CaixaBank, fueron las que demandaron al Gobierno un real decreto ley para que no fuera necesario que esas empresas convocaran una junta general de accionistas para decidir el cambio de sede social.

En cualquier caso, los datos recabados por Pimec respaldan los que anuncian desde el primero de octubre los registradores. La salida de empresas, según las nuevas cifras recabadas por los registradores, se disparó el pasado jueves, con 268 en una sola jornada, el número más alto en un día desde que se inició este éxodo, y asciende ya a 1.185. En sentido contrario, desde el 2 de octubre han llevado su domicilio social a Cataluña 52 empresas, un saldo negativo de 1.133 sociedades.

La última en salir ha sido Cementos Molins, controlada al 91% por la familia Molins y con un beneficio de casi 64 millones en 2016. La histórica cementera catalana acordó ayer fijar su sede en Madrid desde Sant Vicenç dels Horts, municipio del que fue alcalde el líder de ERC, Oriol Junqueras.