Enric Hernàndez (R)*.- Cientos de empresas en fuga, incluidas las multinacionales y las sociedades cotizadas en bolsa. Miles de millones de euros de ahorros discretamente transferidos, física o virtualmente, a sucursales bancarias lejos del territorio catalán. Inversores buscando negocios inmobiliarios en entornos más apacibles que la tumultuosa Barcelona. Las reservas turísticas desplomándose. Restaurantes vacíos o semivacíos día y noche. Pedidos industriales cancelados. Trabajadores de brazos cruzados. Cierres de empresas, por mudanza o liquidación. Paro. Pobreza. Desolación.

Bienvenidos a esta Catalunya que, como presagiaba su himno, al fin volvió a ser “rica y plena”, solo que no supo gozar de sus éxitos y prefirió tirarlos por el desagüe. Y, con ellos, el bienestar de las generaciones venideras.

Quizá el encarcelamiento de los activistas del independentismo Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) –un error político de libro, inexcusable bajo la coartada de la división de poderes– sea la chispa que prenda el definitivo incendio social. O tal vez no, tanto da. Porque los pirómanos de ambos extremos llevan demasiado tiempo preparando la quema como para ahora buscar cabezas de turco togadas.

El conflicto viene de más lejos, pero el auto de prisión de Sànchez y Cuixart empezó a redactarse, metafóricamente, hace dos años. Tras la amarga victoria de Junts pel Sí en las ‘plebiscitarias’ del 27-S, Artur Mas mendigaba el voto de la CUP a su investidura y transigió en que el Parlament se declarase en rebeldía: no obedecería a la justicia ni acataría las leyes españolas, solo las catalanas. En pos de la supuesta libertad del pueblo catalán, la mayoría parlamentaria y sus satélites privados estaban dispuestos a violar leyes. Es decir, a delinquir.

Poner urnas no es delito, pero sí desobedecer la orden del Constitucional de no hacerlo. Como no es delito protestar ante una institución, pero sí impedir que los poderes públicos –sean policías o parlamentarios– ejerzan su función. Así lo pensaba la Generalitat hace cuatro años, cuando pidió penas de prisión para los responsables del asedio al Parlament del 2011, a los que acusó de un delito contra las instituciones del Estado. Eran otros tiempos.

PARA NO VOLVER
Un país cuyo gobierno promete saltarse la ley no es de fiar para empresas ni para particulares. Si encima organiza un referéndum unilateral y promete declarar unilateralmente la independencia, la fuga de capitales está asegurada. Catalunya, el territorio más bancarizado de España hace una década, solo conserva hoy franquicias financieras. Las empresas trasladan primero la sede social, luego la fiscal (adiós a sus impuestos) y, al final, su cuartel general. Como sucedió en Montreal, se van para no volver.

Hoy calláis los del ‘Espanya ens roba’, los que a tantos engañásteis asociando independencia a abundancia y ocultando los costes de transición. No os responsabilizáis de que debamos pagar la factura por adelantado, sin que vuestra Arcadia se atisbe siquiera. Y en herencia nos dejaréis una Catalunya arruinada, un verdadero erial.

*El Periódico