Josep Lluis Trapero, máximo responsable de los Mossos, junto al presidente Puigdemont

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, volverá a declarar como imputado por sedición el próximo lunes en la Audiencia Nacional. La magistrada Carmen Lamela ha citado a declarar de nuevo al responsable de la policía autonómica, a su número dos, y a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, según han informado a ABC fuentes jurídicas. La Fiscalía podría en esta ocasión solicitar medidas cautelares graves contra los investigados, incluida la prisión preventiva, si considera que hay riesgo de fuga, de que destruyan pruebas o de que reiteren en el delito.

Esta citación llega después de que la Guardia Civil entregara en el juzgado central de instrucción número 3 la ampliación del atestado de la acoso que sufrieron sus agentes el pasado 20 de septiembre, cuando registraron la consejería de Economía de la Generalitat. Los investigadores consideran que Trapero fue «el brazo ejecutor» del plan independentista diseñado por el comité estratégico del independentismo, en el que se ubicarían Sánchez y Cuixart. Eso explicaría la actitud pasiva de los Mossos, que no impidieron que se celebrase el referéndum independentista ilegal el pasado 1 de octubre.

La juez ha rechazado hoy enviar a los juzgados de Barcelona la investigación por sedición al mayor de los Mossos y los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium. La magistrada considera que la causa es competencia de la Audiencia Nacional porque el objetivo final del acoso a la Guardia Civil, y otras movilizaciones, es la alteración de la forma de Gobierno por vías ilegales.

Los dos líderes forman parte del comité estratégico de la hoja de ruta independentista, «una estrategia compleja» que buscaba generar un conflicto para lograr la independencia, según la juez. Lamela descarta que el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, cuando los agentes registraron la Consejería de Economía de la Generaltat, fueran hechos aislados.

La juez instructora señala en el auto que Sánchez y Cuixart, quienes solicitaron que declinase su competencia, colaboran deade hace tiempo con una «estrategia, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar». La Guardia Civil ha solicitado el bloqueo de las cuentas de ambas asociaciones.

Los dos líderes tenían un rol esencial en la hoja de ruta unilateral, que buscaba movilizar a los ciudadanos para desbordar las calles y generar un conflicto inevitable. «Su actividad, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista y que esta movilización fuera de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas. Esta función estaría dirigida, entre otros por las entidades soberanistas ANC presidida por Jordi Sánchez y Omnium Culturla presidida por Jordi Cuixart», concluye la juez.

El delito de sedición, castigado con hasta diez años de prisión si lo comete un particular, es competencia de los juzgados ordinarios si no persigue el fin de alterar la forma de Gobierno, como ya explicó Lamela cuando admitió la querella de la Fiscalía. Este tipo castiga aquellos actos que, de forma tumultuaria, impiden que los agentes policiales o judiciales ejerzan su labor.