H. Tertsch.- La «operación salida de Cataluña» consumada por el Banco de Sabadell y CaixaBank, y a seguir al parecer por numerosas empresas, es ante todo la confirmación de que la muy previsible realidad de que el separatismo genera miseria. El dinero huye del caos, de la falta de ley y la barbarie vista en las calles catalanas. Pero también es la constatación palmaria por parte del mundo empresarial, económico y financiero de que asume ya como muy cercana la posibilidad de que el golpe de Estado separatista triunfe. De que el Gobierno español fracase en sus medidas reactivas y posibles planes de restauración de la legalidad. De que el presidente Mariano Rajoy sea definitivamente incapaz de recuperar el control sobre el territorio español que ha perdido. Dicho de otro modo, los poderes más realistas, los económicos, no confían ya en que el Gobierno logre sus propósitos y sí temen que los golpistas alcancen los suyos. Mientras, el Gobierno anuncia un decreto para facilitar la huida de empresas de Cataluña. Se toman decisiones como si creyera posible y probable que España estalle en pedazos. Eso es así, guste o no a Rajoy y su gobierno, que pierden a chorros su credibilidad. Nada es como dijeron. Han fracasado en todo lo que han hecho para frenar a un separatismo que bajo su gobierno ha sido cada vez más organizado, procaz, peligroso y canalla.

El discurso del Rey Felipe VI expresó convicciones y anhelos de millones de españoles que se sienten humillados y maltratados. La mayoría respetuosa con las leyes constata siempre que quienes delinquen y violan las leyes gozan de impunidad. Los enemigos de la Constitución gozan de ventajas y los leales a España sufren discriminación y represalias. El agravio ha crecido a lo largo de décadas y hoy es hasta físicamente doloroso con las imágenes de los pogromos de las turbas separatistas contra policías y guardias civiles. España comienza a ser un clamor que exige, como su Rey Felipe VI, que se imponga la ley y la justicia tras años de pasividad de los gobernantes ante los preparativos públicos y obscenos del golpe de Estado. Nunca un Estado ha ayudado tanto a sus enemigos autoproclamados. Algún día se sabrá algo más de esos misterios que rodean a siniestros personajes en el eje de poderes de Madrid y Barcelona, agazapados en grandes empresas y grupos de comunicación, hiperactivos en el movimiento sedicioso mientras gozan de protección del Gobierno de Madrid.

El hartazgo y la rabia de los españoles se desbordan por la agresión brutal, la hispanofobia lacerante, las mentiras grotescas, la humillación por el maltrato a las fuerzas del orden y la incomprensible pasividad del Gobierno. La reacción comienza a adquirir un carácter nacional y transversal que ha hecho saltar las alarmas en la izquierda española. Siempre celosa de mantener el desarme moral y el relativismo impuesto por su mensaje hegemónico. Se han lanzado, socialistas y comunistas de Podemos, con su artillería en todas las televisiones a una «campaña por el diálogo» que en realidad es una ofensiva contra el Rey, la única defensa clara que hoy tiene la Nación acosada. Quieren «diálogo» con los golpistas para evitar a toda costa el restablecimiento de la ley en Cataluña, que supondría la victoria de España como nación.

No la tienen todas consigo. Mientras el dinero huye, la conciencia nacional vuelve. Y a los partidos, todos ellos fóbicos a la idea nacional, les asusta. Puede que la agresión separatista y la conspiración para dinamitar a España haya desencadenado la única reacción capaz de salvarla que es la movilización de la nación española, identificada en este momento de dramatismo histórico con su Jefe de Estado.