Los acontecimientos de Cataluña, que culminaron con un referéndum (ilegal, y sin las más mínimas garantías, que lo han convertido en nulo de pleno derecho), deberían conllevar la detención e ingreso en prisión preventiva de Puigdemont, Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, los Presidentes de la CUP, ANC, Ómnium Cultural, Artur Mas y sus colaboradores más próximos, todos los cuáles deberían estar ya en prisión.

En las cárceles españolas hay miles de presos, tanto penados como preventivos, que han cometido delitos mucho menos graves que los de estos delincuentes, políticos y económicos, pues están malversando el dinero público, utilizándolo no para conseguir el bien común, sino para promover el separatismo de una parte de España.

Desgraciadamente, en nuestra Patria la Ley y el Código Penal se utilizan de forma sectaria y partidista, y no es de extrañar que estos sediciosos sigan campando a sus anchas, pues los que deben velar y garantizar la legalidad vigente y el Estado de Derecho (jueces, fiscales y gobierno nacional), no tienen ni la dignidad ni la decencia de aplicar las Leyes de forma igual para todos. Quiero pensar que no es por cobardía, sino por prudencia, pero muchas veces la prudencia no deja de ser una forma de cobardía.

Se han cometido, y se seguirán cometiendo, delitos de desobediencia a la Autoridad Judicial, de rebeldía, de sedición, de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, etc. Abarcan una buena parte del vigente Código Penal, pero como la mayoría son cargos políticos, pues no les pasa nada.

Ello genera una situación de tristeza, angustia, desazón y desconfianza en el Estado y el Gobierno, al que se une el lógico temor de los ciudadanos residentes en Cataluña y que no son separatistas (la mayoría), a enfrentarse a estos matones de barrio, que están muy crecidos, pues nadie se atreve a llevarles la contraria, y disponen de 18.000 hombres armados, que dicen son “la policía de Cataluña”, pero que en la práctica no son más que el germen del futuro Ejército catalán…, muchos de los cuáles no dudarán en alzar sus armas contra los españoles, si los jefes de su partido se lo ordenan.

Lo lamentable y vergonzoso no es el comportamiento de los sediciosos, sino la tibia y cobarde reacción del Gobierno de España, así como de un gran número de jueces y fiscales que no se han atrevido a aplicar las Leyes vigentes y el Código Penal, en condiciones de igualdad con cualquier otro caso similar, lo que les convierte en indignos y despreciables para la sociedad española, que se juega su futuro en este envite separatista y disgregador de la unión nacional, conseguida hace más de quinientos años.

Que Dios se lo demande, si preciso fuere, pues si tienen conciencia, y espero que muchos de ellos la tengan, no creo que puedan dormir tranquilos, ni mirarse al espejo sin sentir asco de sí mismos.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias.