Cuatro agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano han entrado esta mañana en Centro de Telecomunicaciones (CTTI) de la Generalitat, en L’Hospitalet, para hacer cumplir la orden del TSJC de desactivar 29 aplicaciones que podrían utilizarse para el recuento del voto del 1-O o para el sufragio electrónico.En un auto, la magistrada Mercedes Armas, que dirige la investigación al gobierno catalán por el referéndum de este domingo, ordenó el viernes a la Generalitat que suspendiera los servicios informáticos que ha activado dentro de un plan para facilitar el voto telemático el 1-O, que se iba a materializar en 29 servicios informáticos.

Entre estos servicios que se han pedido suspender figuran el censo de discapacitados, la aplicación de consulta de cargos electos (Municat), registros de actas electorales, el nuevo sistema de gestión de elecciones sindicales y el registro de catalanes en el exterior, entre otros. En el auto, la magistrada ha requerido al Cesicat que adopte las medidas necesarias para la “detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum”.

Para todas estas aplicaciones, la juez ha ordenado impedir la extracción de datos, tanto de forma remota como local, con el objetivo de que no puedan ser trasladados a otra aplicación o servicio para darle uso en el marco de la celebración del referéndum.El CTTI es una empresa pública de la Generalitat en la que se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la administración catalana, mientras que el Cesicat es un organismo de la Generalitat que tiene la responsabilidad del establecimiento y seguimiento de los programas de actuación en materia de ciberseguridad.