Juan Carlos Rodríguez Ibarra.- No tengo la sensación de que entre la CUP, Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Demócrata Europeo Catalán existan muchos puntos en común. La CUP reclama un republicanismo anticapitalista y defiende la salida de la OTAN y de la UE si Cataluña consigue la independencia. Su coalición es considerada como de extrema izquierda o como izquierda radical. Esquerra Republicana se dice de izquierdas y socialista, y defiende la república y el pancatalanismo. El PDECat es el heredero de Convergència Democrática de Cataluña, y se define como demócrata, catalanista, europeísta y humanista. Ya ven, unos dispuestos a salir de la UE y otros asegurando que no saldrán de la UE si triunfa la independencia. Es meridianamente claro que entre ellos no existe más afinidad que aquella por la que los tres se definen como independentistas. Esto último es lo que les ha permitido arrinconar la enorme distancia que existe entre los tres para centrarse en aquello que les une: la independencia de Cataluña. Sus perfiles ideológicos son tan nítidos y diferentes que ninguno de ellos ha tenido complejos a la hora de unir sus fuerzas para tratar de conseguir lo que de verdad les importa. Y a ninguno de sus adversarios políticos ni a comentaristas ni a analistas se les ha ocurrido sospechar que la CUP se ha derechizado por apoyar a los otros dos, ni los otros dos han sido calificados de peligrosos extremistas de izquierdas.

Esa unidad es la que ha posibilitado el discurso de la mayoría. Por separado no hubieran sido capaces de cometer las barbaridades jurídicas que están cometiendo en nombre de esa supuesta mayoría. Por separado no podrían aspirar a celebrar ningún tipo de referéndum ni los ciudadanos catalanes hubieran tenido la sensación de que esa mayoría está siendo atosigada, hostigada y maltratada por el Gobierno español.

Se supone que quienes no figuran en ese bloque están en contra de que Cataluña acceda a la independencia y de que sus propagandistas arrasen el sistema constitucional español. Pero no se puede afirmar categóricamente que están en contra, porque frente a la unidad de los independentistas se sitúa la ambigüedad calculada o no, la mojigatería y el temor a ser confundidos con los que se sitúan, como ellos, en la orilla contraria a la de la independencia. Unos con más claridad y otros con menos, están permitiendo que los españoles sigamos sin saber qué va a pasar el día 1 de octubre y qué pasará si una victoria del «Sí» en el remedo de referéndum, el Parlamento catalán proclama dos días después la independencia de ese territorio. Como no se sabe qué entienden los independentistas por referéndum, se puede dar por seguro que con que metan un trozo de papel en una caja, ya podrán decir que han votado y que ganó el «Sí». Y declararán la independencia.

Ellos, los independentistas sí saben que la proclama no tendrá ningún efecto ni jurídico ni político. Y, también, saben que al día siguiente los no independentistas harán propuestas en las que se pondrá de manifiesto las diferencias que existen entre ellos. Unos querrán que se unan todos contra el Gobierno español para echar a Rajoy de la presidencia; otros apostarán por negociar al alza lo que en estos momentos recoge el Estatuto de Autonomía de Cataluña; otros querrán que se negocie un nuevo sistema de financiación que resitúe mejor a Cataluña en el debe y en el haber fiscal; algunos pedirán que se reforme la Constitución para encajar bien a quienes se encuentran desencajados y, por fin, el Gobierno y su partido aceptarán que se reúna la Comisión que se aprobó constituir recientemente en el Congreso de los Diputados para releer de nuevo el Título VIII de la Constitución.

No hay que estar muy al tanto de los juegos internos del independentismo para saber que nada de eso satisfará el «ansia independentista del pueblo catalán». Serán ellos, los independentistas, y los que les hacen el juego y el caldo gordo, los que exigirán lo que tengan previsto en su hoja de ruta. Porque, como dicen los que nunca proponen nada, ¿algo habrá que hacer a partir del día 2?

Cuando el Sr. Ibarretxe acudió al Congreso de los Diputados y expuso su plan en 2005, y fue derrotado por los votos de los diputados, Ibarretxe regresó a Vitoria, disolvió el Parlamento vasco y convocó elecciones. Volvió a ganar. Intentó convocar una consulta. El Constitucional se lo impidió y él lo aceptó. Ahí murió su plan. Nadie dijo que, derrotado y anulado el plan y quien le daba nombre al mismo, «algo habría que hacer». ¿Y por qué no se dijo ni se hizo nada? Porque en el Congreso hubo 313 votos en contra y solo 29 a favor (los de los nacionalistas PNV, CiU, ERC, BNG, EA y NB). Los 313 correspondían a los partidos de ámbito estatal que unieron sus fuerzas y sus votos frente al intento soberanista del Gobierno vasco. Había un interés común en los partidos estatales y el plan naufragó. Igual interés que el demostrado en 1981 con el golpe de Estado de Tejero. Existió un compromiso de todos por defender la democracia y la democracia triunfó.

Y ahora, en el plazo de unos días, la democracia vuelve a ser atacada. Considero una deslealtad que el interés de quienes la defienden no se manifieste clara y nítidamente. Y, por eso, apuesto por pedir a mi partido, al PSOE, que haga saber a los independentistas que si fuese necesario que los socialistas formáramos gobierno con el PP y con quienes estén dispuestos a fortalecer la democracia y pararles los pies a los sediciosos con el Código Penal en la mano y con la legitimidad de la Constitución, que no tendríamos el más mínimo complejo para hacerlo. No importa el precio a pagar si contribuimos con ello a terminar con este proceso que dura ya demasiado tiempo.

*Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.