La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición por los incidentes sucedidos el pasado miércoles, cuando una multitud independentista acosó a los agentes de la Guardia Civil que desarrollaron una operación policial contra los organizadores del referéndum independentista ilegal. El Ministerio Público considera que los actos de los secesionistas, que retrasaron la salida de los agentes y la comitiva judicial de la Vicepresidencia y Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, que fue registrada, podrían constituir este delito, que está castigado hasta con quince años de prisión por la ley.

El operativo de la Guardia Civil que desactivó la preparación del 1-O se desplegó a primera hora de la mañana del pasado miércoles y hasta pasada la medianoche los Mossos d’Esquadra no dispersaron a los manifestantes que rompieron cristales, realizaron pintadas (algunas amenazantes) y dañaron la tapicería de los coches en los que se habían desplazado los agentes del instituto armado para realizar el registro en la sede del Govern. La secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona tuvo que llamar por teléfono al juez Juan Antonio Martínez Sunyer para informarle de que no podían abandonar el lugar.

Fuentes jurídicas han informado de que la denuncia ha sido presentada en la Audiencia Nacional, que ahora deberá resolver si la admite a trámite y abre una investigación penal por lo sucedido.

El tipo delictivo, regulado en el artículo 544 del Código Penal, castiga «el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». La pena correspondiente abarca desde los ocho hasta los diez años de prisión para los autores; hasta quince años si es una autoridad pública.

La competencia de la Audiencia Nacional para analizar estos hechos se remontaría al origen de los delitos, según explicó la Fiscalía de este tribunal cuando investigó este crimen en otros casos. El Ministerio Público concluyó que los actos constitutivos de sedición «tendrían encaje penal como delitos contra la forma de Gobierno» a pesar de que no se emplee violencia, cuando tengan como objetivo «impedir la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones al margen de la Constitución y las leyes».

En la denuncia, la Fiscalía señala la responsabilidad en los disturbios de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una asociación que repartió chalecos y desde donde se hacían relevos los manifestantes que bloquearon la salida de los agentes, y del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, que pidió en las redes sociales a las 00.13 horas que la movilización no se detuviera. «La turba destrozó los tres vehículos oficiales», relata el escrito del Ministerio Público, que denuncia la tensión vivida y los disturbios causados.

El Ministerio Público pide que se abra una investigación -las correspondientes diligencias judiciales- para esclarecer los hechos denunciados y el descubrimiento de posibles responsables. También solicita que se ordene a la Guardia Civil para que informe de todo el acoso sufrido para impedir la operación policial.