Se negó a ceder a las presiones de la Generalitat y a dar las llaves del instituto que dirigía para convertirlo en sede de un referéndum ilegal el 9-N. La que fuera directora del centro público Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, asegura que ese día «vi cómo querían utilizarme».

Las presiones fueron reiteradas los días previos a la consulta ilegal. «Me llamaron por teléfono dos veces el jueves –antes de la pantomima– y el viernes tres», recuerda. Como Agenjo no accedía, la jefa de servicios territoriales de enseñanza en Barcelona, Monteserrat Llovet, le dijo que estaba dispuesta a darle la orden por escrito con una condición: «me pidió que esa orden no se la enseñara a nadie. Pero le dije que esa orden se la iba a dar a la delegada del Gobierno y a la directora de la alta inspección porque si no, sería cómplice» de una ilegalidad, «no me la dio y no volvió a llamar». Llovet fue a declarar al juicio del 9-N: «dije que fue ella quien me había presionado telefónicamente. Esta señora ahora ha sido cesada de su cargo porque se ve que en el departamento de enseñanza quieren personas decididas a afrontar cualquier consecuencia para llevar a término el referéndum ilegal. El día del juicio esta señora lo pasó mal. Ahora necesitan gente dispuestas a dar las órdenes por escrito, están dispuestos a todo».

Insultos y amenazas

Desde que Agenjo se significó ha recibido cartas de apoyo pero también insultos y amenazas que le llegaron directamente al móvil. Desde el «ojalá te mueras» al «ojalá te dé un cáncer». La ex directora del instituto que no cedió a la presión se jubiló dos meses después y reconoce que si hubiera dirigido un centro público en Vic «creo que me hubieran montado un escrache, una huelga o me hubiera tenido que ir de aquí. Hubiera sido terrorífico».

Los directores de numerosos centros «colaboraron con una ilegalidad», y sabe que lo volverán a hacer porque «no les pasó nada, no llamaron a declarar a nadie ni se les imputó por nada», por lo que ve como una «trampa» que el recibir la orden de un superior crean que están amparados «porque un director, un funcionario no puede obedecer una ilegalidad». Sabe que los directores de los centros públicos volverán a enfrentarse a las «coacciones de sus superiores jerárquicos», pero se pregunta «si dicen que no, ¿en qué situación quedan?». «El Gobierno tiene que ser consciente de lo que les está pidiendo porque los problemas son para los que están aquí. Creo que lo más fácil y rápido sería inhabilitar a las personas que están dando ésas órdenes ilegales que es sólo una, vas directo al problema. Va ser difícil frenar esto sólo por la vía de los directores o persiguiendo urnas porque el día de la votación, si no se impide, cuatro Mossos no podrán frenar las colas de 200 que se formen y habrá altercados. Hay que evitarlo antes de que llegue el 1-O». «Lo que no tiene lógica es esperar a ver qué hacen los directores porque si esperan van a encontrarse con muchos institutos abiertos».

Para Agenjo, lo que dijo el miércoles la nueva consellera de enseñanza de la Generalitat de que los directores no van a tener que hacer nada «es una trampa porque parten de la premisa falsa de que se trata de un referéndum legal y lo plantea como tal». En un proceso electoral normal el director del instituto público recibe una notificación del Ayuntamiento que le comunica que el centro es sede electoral y le pide el nombre del conserje que se encargará de abrirlo, y es el director quien tiene que trasladar esa orden y esa información al conserje. «El director que va a decirle a un conserje o a preguntarle quién estaría en los locales está coaccionándolo, porque le está preguntando con la autoridad de su cargo si puede dar su nombre para que esté en el censo el día del referéndum ilegal y eso es una coacción», insiste.

Además, destaca que «todos los directores saben que es ilegal y tratan de actuar como si el Tribunal Constitucional no existiera. Quien se preste a eso es cómplice de una ilegalidad, desde mi punto de vista». Por ello considera que el gobierno debería advertir también a los directores que deberían de recibir cada uno en su centro una carta diciendo que no pueden entregar las llaves ni designar a ningún conserje ni permitir que se abra el centro para coger estas votaciones». «Esto como mínimo». Además, considera que si Fiscalía va a llamar a los alcaldes para declarar también debería tener un listado con los directores y hacer lo mismo.

Agenjo ve con preocupación la situación y asegura que no sabe «cómo nos vamos a recuperar de esto» porque en Cataluña «sigue habiendo miedo, porque la parte separatista de la población se siente apoyada por las instituciones o por asociaciones con mucha fuerza y llevan años en esta lucha». Además, advierte de que «si la solución es darle más competencias y más autonomía al Gobierno de Cataluña, vamos a acentuar el mal. Porque lo que se va a hacer es emplear como cura lo que ha causado la enfermedad que ha sido las competencias de educación».

Agenjo critica que quienes realmente luchan por la libertad de expresión en Cataluña se les tache ahora de «fascistas», que en la manifestación contra el terrorismo que se celebró en Barcelona se les increpó, insultó e incluso a los que portaban banderas españolas los independentistas les gritaron «vosotros, fascistas, sois los terroristas». Cree que ahora estamos «mejor» que nunca porque los demócratas están empezando a alzar la voz, también en las televisiones públicas donde antes no se les permitía opinar aunque sea en tertulias de cinco independentistas contra uno. Dolores Agenjo afirma que la sociedad civil en Cataluña está fragmentada y advierte que no se puede sacrificar los derechos de una parte ni los derechos lingüísticos y pide al Gobierno de Mariano Rajoy que no ceda, y que actúe antes de que sea demasiado tarde.

Fuente: La Razón