Recibo un sobre con varias fotocopias, y una nota que dice así: “Ramiro, te remito las tres últimas peticiones de aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña, y las contestaciones del Gobierno de España, por si estimas oportuno darle publicidad”, y firma don Miguel Bernad Remón, secretario general del denostado sindicato Manos Limpias.

Cuando todos miraban para otro lado, pues nadie quería ver lo que se nos venía encima, Manos Limpias ya llevaba años pidiendo la aplicación del art. 155 de la Constitución a Cataluña, ante su abierta desobediencia, luego transformada en sedición, clara y contundente, frente a los requerimientos e instrucciones del Gobierno de España.

Las tres contestaciones de la Moncloa, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son prácticamente idénticas –de cortar y pegar- y disponen que: “este Ministerio acuerda no acceder a las peticiones acumuladas formuladas por los escritos dirigidos al Presidente del Gobierno por don Miguel Bernad Remón, como Secretario General del Colectivo de Funcionarios Públicos MANOS LIMPIAS”.

Y, eso sí, firman los escritos nada menos que tres personas: el Director del Programa, la Subdirectora General y por delegación del Ministro, el Secretario General Técnico. ¡Supongo que los tres estarán encantados de la gran labor que realizan, firmando escritos de formulario!

Las demandas de MANOS LIMPIAS, como explican detalladamente los antecedentes de la resolución se basan en: “…una relación circunstanciada de hechos ocurridos que en su opinión atentan gravemente el interés general de España, en los siguientes términos:

a) Subvirtiendo el orden constitucional con el desafío de declarar la independencia de la Comunidad de Cataluña respecto a España, lo que supone un delito de inducción y proposición a la sedición.

b) Causando, como causa y consecuencia de lo anterior, un perjuicio económico grave a España en los mercados internacionales.

c) Y diciendo convocar un referéndum independentista, a lo que habría que añadir medidas como el euro por receta, la insumisión a la Ley Wert y la creación de un impuesto a los depósitos bancarios.

Las citadas peticiones finalizan con la pretensión de que se inicie el proceso reglamentario para intervenir a la Comunidad Autónoma”.

En otra de las peticiones se habla de: “El escándalo de la Generalitat de Cataluña con las llamadas a la insumisión fiscal, con la aprobación de un pacto fiscal ilegal, malversando fondos públicos con los informes falsos de la Generalitat, el incumplimiento sistemático de las resoluciones judiciales incluida la sentencia sobre el Estatut”.

En la última de las peticiones, que lleva la fecha del 28 e septiembre de 2015, en un sello de caucho junto a las firmas, los firmantes se despacharon a gusto en el fundamento de derecho cuarto, sin duda para justificar sus elevados sueldos, del tenor literal siguiente:

“Aduce el peticionario una serie de hechos y acontecimientos producidos durante los últimos años que, según expresa, habrían culminado con la celebración de un referéndum, ilegal el día 9 de noviembre de 2014, entre otros, la falta de cumplimiento de las sentencias de distintos Tribunales por el Gobierno de la Generalitat, o la “fractura social” de la sociedad catalana; por otro, una serie de hechos que se producirán en un futuro más o menos próximo, como consecuencia de pactos y acuerdos celebrados ya entre diferentes organizaciones de ámbito catalán; y, por último, el grave perjuicio que todo ello estaría ocasionando ya para el interés público de España.

Por todo esos motivos, que desarrolla con más detalle en su petición, solicita al Presidente del Gobierno que actúe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución española…
El precepto establece unas medidas que sólo pueden ser aplicadas respecto de aquellas Comunidades Autónomas que incumplan sus obligaciones constitucionales o legales, o atenten gravemente al interés general de España y que hasta la fecha no ha sido utilizado con ninguna Comunidad Autónoma, sin que pueda interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de cualquier obligación legal por parte de una Comunidad Autónoma puede justificar la aplicación del citado precepto constitucional –prueba de ello es que no ha sido aplicado hasta la fecha-, sino que se trata de un mecanismo completamente excepcional, circunstancia determinante de que los supuestos que determinen su aplicación hayan de ser lo suficientemente graves, gravedad que debe valorar, con carácter discrecional, el Gobierno y que, a día de hoy, según se deduce de la tramitación dada a la petición formulada y del informe incorporado a la misma, no concurre”.

Supongo que después de semejante parida, se irían a tomar unos cafés con porras, o un vermut, para celebrar su gran sagacidad jurídica. Imagino que con el acompañamiento de la Directora de la División (en cuyo nombre firma, por autorización, el Consejero Técnico), el Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno y el Consejero Técnico.

¡Cuánta gente ostentando el nivel 30, máximo de los funcionarios públicos, y cuánto tonto, políticamente hablando!

De aquellos polvos, vienen estos lodos. Dios quiera que no sea ya demasiado tarde.

*Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.