Jaime González.- Por defender la legalidad, Antoni Bayona, letrado mayor del Parlament, y Xavier Muro, secretario general, serán estigmatizados y quemados metafóricamente en esa pira pública donde el independentismo manda a los «malos catalanes». Arderán por traidores, condenados –qué cruel paradoja– por los mismos que se saltaron la ley. Cataluña seguirá formando parte de España, pero Bayona y Muro pasarán a engrosar la larga lista de enemigos del pueblo. Serán catalanes marcados de por vida, como tantos otros apestados de un régimen que se ha empeñado en aniquilar cualquier atisbo de resistencia civil.

Lo ocurrido ayer en el Parlamento catalán recuerda mucho a la Asamblea Constituyente de Venezuela y permite imaginar lo que sería una Cataluña independiente: cualquier cosa menos una democracia.

Es verdad que Cataluña seguirá formando parte de España, pero ¿qué ocurrirá con los «malos catalanes», con aquellos que cumplieron la ley? ¿Qué pasará con Antoni Bayona y Xavier Muro? ¿Qué ocurrirá el día después? No quisiera estar en su pellejo.

El artículo 103.1 de la Constitución es el libro de instrucciones que guía la actuación de la Administración en un Estado de Derecho. La obligación de los funcionarios es la de velar por el interés general. La sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico es un imperativo para cualquier servidor público, de modo que Antoni Bayona y Xavier Muro se negaron a tramitar la Ley del Referéndum. Hicieron bien, pero pagarán un alto coste personal.

Quienes promueven la secesión en Cataluña han convertido a los funcionarios en colaboradores necesarios de su plan de ruptura constitucional, en meros escudos o parapetos humanos a los que se fuerza a tomar partido de espaldas a la ley. ¿Héroes o servidores públicos? En Cataluña, tristemente, las dos cosas. Por eso, la pregunta no es en absoluto capciosa. ¿Lo de ayer dónde pasó? ¿En Barcelona o en Caracas?