Carles Puigdemont y el resto de dirigentes separatistas demostraron ayer, sin pudor ni contención alguna, que la estrategia del proceso de independencia no solo no teme las ilegalidades que está cometiendo, sino que se basa en encadenar una ilegalidad tras otra, aunque sea de naturaleza penal. El presidente de la Generalitat no ha dudado en apoyar las movilizaciones que se están produciendo contra los alcaldes que se niegan a ceder locales para el 1-O. En la imagen de estas coacciones colectivas se retrata la diferencia de discursos y de efectos, porque mientras el Gobierno central garantiza a esos alcaldes el respaldo del Estado de Derecho, la realidad diaria es que viven sometidos a la intimidación de los matones del separatismo. Además, esta va a ser la táctica para los próximos días de estas brigadas de choque: generalizar los acosos a los alcaldes leales a la Constitución.

Es insólito que la algarada callejera 0y la coacción totalitaria sean alentadas por el propio Gobierno de Cataluña. A esta comunidad autónoma no le hacen falta grupos subversivos clandestinos, porque ya los tiene sentados en el Ejecutivo catalán y en el Parlament. Frente a ellos, hay una mayoría amplia de catalanes que saben que tras el 1-O Cataluña no será independiente. Según el dato de la encuesta de GAD3 para ABC, en concreto, el 62,2 por ciento de los catalanes encuestados opinan que no habrá independencia. A nivel nacional, ese porcentaje se dispara al 89,2 por ciento. La pregunta vuelve a ser cómo es posible que con unas mayorías que consideran ilegal el referéndum, que no quieren salir de la UE y que tienen la certeza de que no habrá independencia el 2 de octubre, Cataluña esté sumida desde hace años en la crispación política y la división social. Cataluña ya se ha roto, como predijo Aznar, antes que España, que nunca se romperá. Sin embargo, las evidencias contra la independencia son tan abrumadoras que parece lógico pensar que los objetivos del separatismo son distintos al de la república independiente de Cataluña. Objetivos como el de la desestabilización institucional de España, la demostración de fuerza nacionalista sobre la mayoría silenciosa catalana, la capacidad de chantaje basada en el agotamiento político y, sobre todo, el de la impunidad, consistente en exhibir el dato objetivo de que el Estado español no desarma a quien le amenaza.

A día de hoy, todas y cada una de las competencias utilizadas por la Generalitat y el Parlament contra la Constitución y la unidad de España siguen en manos de los nacionalistas. Evitar el referéndum del 1-O es importante, pero más aún lo es desmantelar la capacidad del nacionalismo para poner en jaque al Estado.