Los atentados islámicos en Barcelona pueden tener consecuencias negativas para los separatistas y su “prusés”, ya que evidencian la peligrosidad de llenar la región de musulmanes, y la inseguridad derivada. Para evitarlo han disparado toda su artillería en una explosión de islamofilia sentimental, y ensalzando la capacidad de los mozos para resolver el problema como las mejores policías de Europa, sin ayuda de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Legalmente, constitucionalmente, son estos, y el gobierno español, quienes tienen competencias antiterroristas, cumpliendo los mozos solo un papel auxiliar. Pero el indecente gobierno de Rajoy las ha cedido a los mozos y a la Generalidad, pisoteando la ley, que parece ser su deporte favorito. De paso, los separatistas han desviado la condena de la yijad hacia España. Algo parecido ocurrió con el 11-m, cuando la chusma izquierdista –porque en España la izquierda nunca dejó de ser chusma, por desgracia– desvió la culpa de los terroristas hacia el PP. Es posible, por tanto, que los separatistas consigan su objetivo culpando de la inseguridad a “España”.

Rajoy, cuya necedad supera todos los límites, no solo ha reconocido una vez más, en los hechos, a la Generalidad como gobierno de un país independiente, sino que se ha sumado servilmente a una manifestación cuyo carácter estaba claro desde el principio. Pocas cosas más grotescas que ver a estos deleznables políticos, que han sacado a la ETA de la ruina para convertirla en potencia política, en cabeza de una manifestación proislamista, progolpista, antiespañola y antidemocrática, si es que la Constitución significa algo, que ya no. Para colmo, el hombre no se la ha ocurrido nada mejor que usar al rey de un monigote poniéndolo al frente de la pantomima. Cierto que desde que Juan Carlos firmó la ley de memoria histórica, que le deslegitima, la monarquía está en la cuerda floja.

Hace años que venimos denunciando algunos la putrefacción de una democracia en la que sus enemigos usan abierta y masivamente las facilidades democráticas para destruirla, con apoyo y financiación de unos gobiernos que ni hacen cumplir la ley ni la cumplen. Gobiernos delincuentes, por tanto. Entre todos han destruido el estado de derecho haciendo del régimen una democracia fallida, que amenaza de manera cada vez más inminente con quebrar su propio suelo, que no es ni puede ser otro que la unidad de la nación española. Un amigo que volvía de Cataluña me comentaba: “No os hacéis idea del odio que han conseguido sembrar allí a España y a los españoles”. Una España que jamás ha sido defendida por el PP de Rajoy.

El legado del estadista del Marca, en sus seis años de desgobierno puede apreciarse fácilmente. Es el mismo de Zapatero, agravado: más separatismo, más terrorismo, más etarras en las instituciones, más LGTBI — el mayor corrosivo de la familia–, más abortismo, menos soberanía, más Gibraltar, un ejército cipayo de intereses ajenos, bajo mando ajeno y en lengua ajena, más colonización cultural… Todo ello en un clima de odios crecientes. La república sufrió un proceso similar, hasta ser desgarrada y destruida en una orgía de odios. Como decía entonces el periódico El sol, “vamos camino de que nada nos sea común a los españoles”. Este es el panorama que deja el PP, con la contrapartida insignificante de una ligera mejora en la economía, que ni siquiera sabemos si será duradera.

La democracia ya empezó bastante mal en la Transición, pero el legado del régimen anterior era tan espléndido (olvido de los odios republicanos, prosperidad, clase media, moderación política muy mayoritaria, amplia libertad personal y crecientes libertades políticas…) que su inercia ha continuado incluso con partidos y políticos tan demagógicos, ignorantes de la historia y en general incultos como los que hemos sufrido. Pero todo termina agotándose. Los errores de la transición no se enmendaron, sino que se han profundizado, y hoy estamos en una situación de farsa política generalizada, desprestigio del estado y amenazas cada vez más inminentes