Agustín Linares*.- Cuando aún no nos hemos repuesto de la conmoción general que han dejado en todos los españoles las imágenes del día 17, el brutal atentado de los yihadistas en las Ramblas de Barcelona exige una primera reflexión para intentar evitar que algo así vuelva a suceder. El atentado nos deja una serie de interrogantes: ¿cómo es posible que la Generalitat haya cerrado todas las puertas a los Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Cómo es posible que los delitos contra la seguridad del Estado estén en manos de unos cuerpos nacidos de la nada hace muy pocos años y sin experiencia en antiterrorismo? Fuera de nuestras fronteras nadie entiende que Policía Nacional y Guardia Civil hayan estado ausentes por decisión de los Mossos y que el propio Gobierno de la Nación esté siendo un mero espectador. Hay que recordar un concepto muy elemental pero que parece que algunos se resisten a admitir: que si el Gobierno no tiene en sus manos la seguridad del Estado, el Estado desaparece. En Barcelona los dos gobiernos después de apelar a la colaboración entre instituciones dieron por terminada la rueda de prensa. Lamentablemente esa colaboración no existe: ni poca ni mucha, ni antes ni ahora; sencillamente no existe. Mientras que con las policías de otros países el intercambio de información en materia de terrorismo es fluido y sin reticencias, en España no se da. Puede que esto suene muy fuerte pero es así. Puede incluso resultar kafkiano pero un gobierno que se declara hostil al Estado español tiene en sus manos la seguridad de ese Estado en Cataluña y veta al propio Estado.

¿Pero qué pasa fuera de nuestras fronteras? En países tan descentralizados como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, los delitos contra la seguridad corresponde investigarlos en exclusiva a la policía del Estado. Si en Gales se comete un atentado como el del pasado 17 en Barcelona, no lo investiga la Policía de Gales, sino Scotland Yard; si se comete en Baviera no le corresponde a la Policía del Land sino a un nuevo cuerpo (Dirección 11) creado recientemente dentro de la policía federal con competencia exclusiva en materia de terrorismo, o al FBI si el atentado se comete en Michigan. Eso es lo obvio: la seguridad del Estado solo puede estar en manos del Gobierno de la Nación.

El oficio de policía, como todos los oficios, se aprende de la mano de los maestros o, por lo menos, de los que ya tienen experiencia. En Cataluña y el País Vasco, siguiendo una tradición tan hispana como es la de teorizar sobre todo y relegar a segundo plano la práctica, se crearon unas academias de policía en las que los maestros podían enseñar mucha teoría pero no cómo ha de actuar un policía porque carecían de esa experiencia. Cuando salieron a la calle no había nadie que les enseñara cómo se realiza, por ejemplo, una inspección ocular detallada porque nadie la había hecho antes; pero eso no importaba, ya irían aprendiendo.

Naturalmente tampoco nadie tenía experiencia en investigación de grupos terroristas, pero tampoco importaba, ya aprenderían. Y así hasta llegar al día 17 de agosto donde se han cometido una serie de errores de libro y de bulto muy graves que son producto de esa inexperiencia. Pero no es este el sitio, ni el momento, ni soy yo quien ha de poner de manifiesto esos fallos. La pregunta de si pudo haberse evitado el atentado quedará siempre sin respuesta, pero no creo que se haya presentado nunca una ocasión mejor, y estoy seguro que, de haber intervenido Policía Nacional o Guardia Civil, habrían actuado de forma muy distinta.

Es muy grave todo lo que ha sucedido como para intentar pasar página sin más. En mi opinión urge una rectificación en profundidad de la legislación sobre policías autonómicas. Para entender ahora esta situación conviene no olvidar que la existencia de la policía autonómica fue ideada, engendrada, creada y preparada por los mismos nacionalistas que ahora desafían al Estado; una policía al servicio de un objetivo: la independencia; una policía que se declara fuera del Estado, una policía de la que se duda si cumplirá con las leyes del Estado o apoyará los planes de los independentistas. Aunque ese no es el problema; es algo mucho más grave. No es tanto saber cómo actuará la policía autonómica, sino la propia duda. Eso es lo grave.

Cuando se duda de si un cuerpo de policía cumplirá o no con la ley, si lo que está en juego es el derecho básico de su nacionalidad, es que estamos ante una crisis de Estado. Una policía, por demás, cuya existencia, estoy convencido, no es acorde con la Constitución. Porque una de dos: o los Mossos son cuerpos de seguridad y entonces no pueden depender del Gobierno catalán, o si dependen de la Generalitat no son cuerpos de seguridad en el sentido que da la Constitución. El argumento no tiene la contundencia de un silogismo en bárbara pero se le parece mucho. Pero esta paradoja se viene arrastrando desde otros tiempos, tiempos de mirar para otro lado, tiempos en los que Jordi Pujol cambiaba de sombrero según le convenía: ahora soy españolista, ahora catalanista. Es verdad que esto no era nada nuevo en nuestra historia. Alcalá Zamora, con la fina ironía de su tierra natal (Priego de Córdoba), en un discurso en el Congreso de los Diputados, se dirigía así a Francesc Cambó: “No se sabe si usted quiere ser el Simón Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España, pero ambas cosas al mismo tiempo no puede ser”.

Ahora la crisis está sobre la mesa; ya no es tiempo de especulaciones ni de interpretaciones. Puede que se esté esperando al día 1 de octubre, pero ese día todo el mundo sabe que no habrá referéndum; el catalán no se va a dejar llevar al suicidio colectivo tras ningún flautista de Hamelin. Pero aunque no haya referéndum, lamentablemente hemos visto estos días que el Estado ya no está en Cataluña. Si por definición el Estado es seguridad, ese instrumento en Cataluña lo controla la Generalitat, no el Gobierno de la Nación.

Decía Balzac que “los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna”. Aplicado a nuestro país se podría reformular de otro modo: si se suprime la policía desaparecerá el Estado. En eso parece que están algunos.

*Ex subdirector operativo del Cuerpo Nacional de Policía