(ABC).- La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Amposta, partido judicial al que pertenece Alcanar (Tarragona), apuntó en la inspección ocular tras la explosión en la casa «okupada» que las bombonas «podían estar preparadas para un atentado». Así lo cuenta hoy ABC citando fuentes judiciales y de la lucha antiterrorista.

La juez Sonia Nuez Rivera se inclinó hacia la posibilidad de un atentado yihadista cuando vio que allí habían acumulado decenas de bombonas de butano, pero los agentes de los Mossos d´Esquadra presentes la desmintieron: «Señoría, no exagere», le contestaron, según confirman fuentes conocedoras de la escena.

La titular del Juzgado de Instrucción número dos de la localidad tarraconense trasladó esta información a sus superiores después de la comisión de los atentados. Estos datos fueron analizados en una reunión a la que asistieron varios magistrados destinados en Cataluña, tal y como aseveran a este diario fuentes jurídicas. La juez se encuentra «psicológicamente muy afectada».

La explosión se produjo a las 23:17 horas del pasado miércoles y los Mossos creyeron que el motivo había sido una fuga de gas, algo fortuito. Después se apuntó a que allí podría haber un laboratorio de fabricación de drogas, lo que a la juez «no le cuadraba» por el tipo de materiales. Cuando comenzaron las tareas de desescombro se produjo una segunda explosión, mucho más potente, que dejó heridos a seis agentes de los Mossos y dos bomberos. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu reflejó en el auto de prisión de los detenidos que la deflagración produjo un «hongo» de humo que fue «visible a varios kilómetros».

En la primera explosión fallecieron al menos dos terroristas -Youssef Aalla y el líder de la célula, el imán Abdelbaki es Satty-, y resultó herido un tercero, Mohamed Houli, que se salvó porque se encontraba en el porche de la vivienda okupada.

«La madre de Satán»

Los documentos intervenidos demuestran que la célula de Ripoll acumuló en la casa de Alcanar 500 litros de acetona, además de agua oxigenada y bicarbonato, ingredientes necesarios para preparar el explosivo usado por los yihadistas y denominado «la madre de Satán». También gran cantidad de clavos, para ser utilizados como metralla, y pulsadores para iniciar la explosión. Además, tenían fundas de almohadas y bridas que se iban a usar para amarrar el material explosivo, encargado de hacer estallar las decenas de bombonas de butano que pretendían cargar en las tres furgonetas alquiladas.

La explosión truncó sus planes y derivó el terror -sin oposición- hacia los atropellos de las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Cuando los hechos acreditaron que se trataba de un atentado terrorista, la investigación pasó a ser competencia de la Audiencia Nacional, en concreto del Juzgado Central de Instrucción número 4, y la juez de Amposta emitió el correspondiente auto de inhibición.

La actuación de los Mossos d´Esquadra en Alcanar ha provocado grandes críticas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, principalmente la Guardia Civil. Agentes del Instituto Armado se personaron en la casa de Alcanar nada más tener constancia de la explosión y ofrecieron los servicios de los Tedax, los especialistas en artefactos explosivos. El cuerpo policial autonómico rechazó la ayuda y prefirió, en virtud de sus competencias sobre la seguridad en Cataluña, encargarse ellos de investigar la detonación.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), organizaciones mayoritarias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, emitieron un comunicado conjunto para denunciar «la exclusión y aislamiento sufrido por ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado».

Especificaron «el impedimento de acceso al equipo Tedax de la Guardia Civil» y reflejaron que podrían haber ayudado a parar los atentados identificando el cadáver del Imán de Ripoll, que estaba fichado por la Policía y la Guardia Civil desde 2006 por ser discípulo de la célula detenida en la operación Chacal 1.

La AUGC y el SUP denuncian «la flagrante vulneración de los acuerdos de cooperación, así como el deficiente funcionamiento de los mecanismos de comunicación entre las Fuerzas y Cuerpos policiales de nuestro país». También protestan por la «marginación dolosa» de su «experiencia y estructura a nivel nacional presentes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil en el ámbito de la lucha antiterrorista».