¿Tiene sentido considerar a las naciones como comunidades que generan derechos y obligaciones de la misma manera que lo hacen las comunidades de forma más inmediata? ¿Pueden servir los argumentos particularistas para defender las obligaciones hacia los compatriotas?

La nacionalidad, como dije en un artículo anterior, es una fuente de identidad personal aunque no la única, ni mucho menos, pero paradójicamente es extremadamente amorfa cuando la interpelamos acerca de los derechos y obligaciones que emanan de ella. Es capaz de suscitar los enconamientos más inmorales como en el caso de la Alemania nazi y al mismo tiempo, la lealtad suprema, manifestada en la disposición del pueblo de dar la vida por la Patria; pero si se pregunta a los que comparten esa lealtad, recibiremos vagas respuestas. La gente dirá, sin duda y en primer lugar, que tienen la obligación de defender su Nación y su territorio ancestral, en otras palabras, de preservar la cultura de la comunidad y su integridad física. Dirían, también, que tienen una responsabilidad especial hacia sus compatriotas, que están justificados en otorgarles prioridad tanto cuando actúan como individuos como cuándo deciden sobre políticas públicas.

Estas lealtades a la nación, al territorio ancestral y a la cultura propia de las Comunidades o nacionalidades se ha defendido y sistematizado en una educación sistemáticamente enfrentada a un enemigo, ya sea ficticio o real que se llama España-Castilla en los territorios mal llamados históricos.

Esto sirve para recordarnos el carácter abstracto de la nacionalidad, su cualidad de “comunidad imaginada”. Mientras que en las comunidades cara a cara hay una clara comprensión de lo que se espera que uno contribuya respecto al bienestar de otros miembros, en el caso de la nacionalidad no estamos en disposición de aprehender directamente las demandas y las expectativas de los otros miembros, ni ellos las nuestras. En este vacío es en el que surge la cultura pública, un conjunto de ideas acerca del carácter de la comunidad que sirve también para fijar responsabilidades. Estas responsabilidades son, en cierta medida, producto de un debate político, y depende para su diseminación de los medios de comunicación. Esto será especialmente cierto cuando la nación en cuestión tenga su propio estado, o sistema equivalente de autoridad política como tienen y ejercen las nacionalidades contempladas en nuestra Constitución que no deberían ser contrapuestas al bien general de esa Nación llamada España.

El hecho de que la cultura política, y las obligaciones de la nacionalidad que se derivan de ella, pueda ser remodelada a lo largo del tiempo ha tenido unas consecuencias catastróficas para mantener la unidad de España debido a la deslealtad de los responsables de orientar, dirigir y fomentar políticas propias en los territorios históricos, es decir, de hacer política.

La potencia de estas nacionalidades en tanto fuentes de identidad personal son fuertemente sentidas por una gran parte de la población de estas Comunidades y pueden llegar muy lejos- la gente está dispuesta a sacrificarse por su territorio “histórico” por su “País” de una forma que no lo haría por España.

Ha sido un gran error por parte de los Gobiernos de Madrid suponer que una vez establecida la práctica desleal de una cooperación política con estas nacionalidades, desaparece por irrelevante la nacionalidad.

Tal estado de cosas puede ser tolerado, particularmente si el número de los nacionalistas es relativamente pequeño, pero, aún así, es potencialmente peligroso e inestable. La inestabilidad puede resolverse tanto adelgazando las obligaciones de la ciudadanía- convirtiendo al Estado en algo más próximo a un Estado mínimo, como ha sucedido en España- como haciendo que el Estado y la Nación coincidan en mayor medida. Si se toma la última vía, o se asimilan a los separatistas de forma que lleguen a compartir una misma identidad, que solo se puede conseguir apoyando una educación desde la más tierna infancia, o se fragmenta el Estado de forma que la nuevas unidades políticas sean más isomorfas respecto a las divisiones nacionales.

La idea que defiendo aquí es que hay fuertes razones éticas para hacer que coincidan los límites de la nacionalidad y los límites del Estado. Cuando esto se da, las obligaciones de la nacionalidad se fortalecen al recibir expresión en una estructura formal de cooperación política. ( Fortalecidas en el sentido de que, al margen de las obligaciones que surgen directamente de una identidad nacional compartida, tengo obligaciones de ciudadanía que en el caso Español se ponen en entredicho por los nacionalistas). Si me pregunto “por qué pagar mis impuestos” podrán dar dos respuestas: tengo el deber qua miembro de esta nación de apoyar los proyectos comunes y de satisfacer las necesidades de mis compatriotas y tengo el deber qua ciudadano de apoyar las instituciones de las que puedo esperar a cambio beneficio. Cada una de estas razones por separado es vulnerable, juntas constituyen un poderoso argumento a favor de contribuir al bien general de España.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca.