Estos días, las feministas han encontrado un nuevo filón con el que atacar a sus enemigos naturales, los varones, de cara al objetivo de seguir destruyendo familias, sumiendo en la infelicidad a los hijos de esos matrimonios. Nos referimos al caso de Juana Rivas.

La historia resumida es la siguiente: una juez decide que una madre de Maracena (Granada) tiene que entregar los hijos al padre, de acuerdo a una orden judicial italiana. La madre, en paradero desconocido, rechaza cumplir la resolución judicial, luego de un procedimiento en el que ella tuvo la oportunidad de hacer valer sus argumentos y alegaciones.

Como la resolución judicial firme no le satisface, porque no le da la razón, decide entonces incumplir la ley. ¿Imagina el lector cuántos minutos tardaría cualquier varón español en entrar en prisión de haber actuado de la misma forma que Juana Rivas?

Pero se trata de una mujer, y ya se sabe que esa condición otorga bulo en España para según qué cosas. Envalentonada por la catarata de apoyos procedentes de feministas, analfabetas funcionales/carne de cañón de la telebasura, abogadas vinculadas al negocio de la violencia de género, periodistas lacayunas y dirigentes de izquierda, Juana Rivas se ha declarado en rebeldía y ha dicho que no tiene intención de cumplir la ley. Temerosa de las consecuencias que tendría para ella cualquier medida severa contra la secuestradora, en contra de las convicciones oficiales que aconsejan aplicar las normas que confieran garantías a las mujeres aún cuando hayan delinquido, la juez del caso permanece en un discreto segundo plano.

Cabe preguntarse qué Estado de Derecho es éste donde las resoluciones judiciales pueden o no cumplirse dependiendo de si nos favorecen o perjudican. ¿Por qué no tiene consecuencias penales una conducta tan punible como la de Juana Rivas, sobre todo cuando el procedimiento judicial ha contado con todas las garantías y ha tenido un escrupuloso respeto a la normativa?

La deslegitimidad de la orden de la juez ha sido avalada hasta por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En su descargo habría que entender que no esté muy ducha en cuestiones legales, cuando tardó la friolera de diez años en acabar la carrera de Derecho, sabe Dios cómo, aunque podemos imaginarlo. ¿Se imaginan a un gobernador estadounidense mostrando el apoyo institucional al ciudadano de aquel país que decidiera desacatar la orden de un juez?

Entre tanto, abundan las muestras de apoyo a Juana en las redes sociales, donde la etiqueta #JuanaEstáEnMiCasa está siendo una de las más compartidas.

Su situación ha provocado mensajes de afecto de colectivos sociales, feministas, partidos políticos y particulares que reclaman “justicia” para ella y sus hijos. También por este medio se ha anunciado la reciente creación de la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena.

En este ambiente de «barra libre», sería pertinente que sustituyeran el texto y pusieran este otro: «Yo también hago lo que me sale de… (admite dos variantes, la masculina y la femenina)».

DOS SECUESTROS

El abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, mantiene por su parte que en este caso se han producido ya “dos secuestros” de los menores; primero por sacarlos de Italia sin el consentimiento del padre y después por no entregarlos a las 16,30 horas del pasado miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada como ordenó el Juzgado, por lo que ha anunciado acciones legales ante el “enorme daño” que se está provocando a los pequeños.

Alonso ha señalado que se va a limitar a trabajar “en los juzgados”, desde “el respeto a los tribunales y sin entrar en cuestiones manipuladas de género ni de violencia contra la mujer”, todo ello mientras Juana Rivas sigue sin desvelar su paradero y el de sus hijos, que no han sido localizados por la Guardia Civil en los domicilios particulares que guardaban alguna relación con ella.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada “mantiene vigente” el auxilio realizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores tanto en Maracena como en aquellos lugares donde puedan encontrarse, después de que se le comunicara que Juana Rivas no había comparecido con ellos en el Punto de Encuentro Familiar, han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

Así, la jueza no prevé adoptar nuevas acciones en este sentido tras el incumplimiento del mandato judicial y la Fiscalía tampoco lo ha hecho hasta este mediodía, según han precisado a Europa Press desde el Ministerio Público. Todo ello en el marco de un proceso que hasta el momento está tramitado por la vía civil y que no conlleva una orden de búsqueda y captura que sí podría producirse en caso de que el asunto se llevara al ámbito de lo penal.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pascuau, ha afirmado este jueves que Juana Rivas puede estar incurriendo en un delito de sustracción de menores y tenía la posibilidad de “eximir la responsabilidad” si en 24 horas comunicaba dónde estaban los hijos y se comprometía a restituirlos de manera inmediata”, plazo que ya ha pasado.

CASTIGADO CON CÁRCEL

Fuentes judiciales han informado que el artículo 225 bis del Código Penal recoge que la sustracción de un hijo menor -entendida como el traslado de su lugar de residencia sin el consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente- está castigada en España con penas de prisión de dos a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un periodo de cuatro a diez años.

El letrado Adolfo Alonso descartó precisar a los medios qué acciones concretas va a tomar, lamentando que se intente reconducir lo que considera un caso de “secuestro” interparental a otro de violencia de género pese a que, según ha incidido en los últimos días, la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que condenó a su cliente por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que “él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo”.

El letrado ha defendido que “el que está siendo objeto de violencia psicológica” es su cliente, porque se “le ha separado de sus hijos” y “lleva un año sin verlos ni poder hablar con ellos” sin que haya “absolutamente nada, ningún dato, que diga que el padre es perjudicial” para esos niños sino que “es la palabra de ella frente a la de él”.

Ha incidido en que son “dos sentencias y cuatro jueces españoles los que han valorado la demanda” que se puso a través de la Abogacía del Estado a raíz de que Juana se llevara a sus hijos de Italia y ha vuelto a recordar que en este caso no se está dirimiendo “la custodia”, lo cual deberá hacerse en los tribunales italianos, que es “donde corresponde”.

Y así, poco a paso, pero con paso firme, vamos camino de Venezuela.

«UNA MADRE DESEQUILIBRADA»

Jorge Skibinsky, médico y presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares (APFSIB), ha asegurado que este caso es «un secuestro internacional de menores», en su opinión «inadmisible desde cualquier punto de vista».

«Una madre, desequlibrada, emocionalmente inestable y llorando, ha conmovido hasta al presidente Mariano Rajoy quien, en una habitual tropeza suya, ha declarado que hay que “comprender a la madre y después todo lo demás”. Es que Juana Ribas es muy española, mucho española. La Junta de Andalucía, la delegada de igualdad del PSOE y hasta Susana Díaz también la han apoyado, contumaces, a esta mujer mentirosa, que no debería llamarse madre porque en nada cuida ni quiere a sus hijos si es capaz de sustraerlos a su padre en razón de sus creencias infundadas o sus propios intereses personales», ha señalado en un artículo de opinión publicado en AD.

A su juicio, «lo peor de todo es el flaco favor que se le hace a la justicia cuando nuestros políticos son capaces de desautorizarla flagrantemente, amparando al delincuente y desprotegiendo a sus hijos». Skibinsky cree que «el feminismo de género ha contaminado a todos los ámbitos de la sociedad y cualquier agresión en que salga herida la mujer, física o psicológicamente, ya es violencia de género» y aboga por «revisar el enorme daño y el costo social y emocional que tienen en las personas las acciones equívocas de nuestros dirigentes irresponsables».

Y así, paso a paso, pero con paso firme, vamos camino de convertirnos en la Venezuela europea.