En mi época de profesor universitario de derecho del trabajo, cuando les explicaba a los alumnos el empleo público en España, les decía que había dos formas de acceder al sector: por oposición y por ocupación.

Muchos se reían –la ignorancia es muy atrevida-, y otros pensaban que estaba loco, pues en este país al que dice las verdades se le suele llamar loco, para desacreditarle. Se trata de matar al mensajero, para que no se oiga nítidamente lo que tiene que decir.

Pero la verdad es que en los últimos decenios han proliferado los empleados públicos por ocupación, desde aquellos que fueron contratados para cubrir interinamente una plaza, y se han quedado permanentemente en la administración correspondiente, hasta los trabajadores temporales que acaban obteniendo en los juzgados de lo social lo que fueron incapaces de conseguir mediante una oposición. Por no hablar de la consolidación de empleo –la expresión ya lo dice todo-, los concursos-oposición con una valoración excesiva de los servicios previos prestados, o los simples concursos. Extremadura, como siempre, fue precursora en el ingreso en la función pública “con la mochila” de los servicios prestados, lo que fue tímidamente corregido por el Tribunal Constitucional –no confundir con Prostitucional, aunque a veces me hago un lío con algunas de sus Sentencias-, etc.

Hace unos días fui a Correos a enviar un escrito por procedimiento administrativo, y cuando le presenté el original y la copia a la empleada correspondiente, para su sellado, cogió ambas y salió corriendo, buscando la ayuda del jefe de oficina, persona competente y servicial donde los haya. Este le explicó lo que tenía que hacer, y tras unos quince minutos de espera –la señora no sabía ni donde estaba-, al fin conseguí que admitiese el certificado, y me diese el resguardo. Tuve que recordarle que también tenía que cobrar, pues con tantos nervios, la pobre no me pidió el importe…
Por la tarde tuve que volver a Correos y les comenté a los empleados, -que ya me conocen, pues soy cliente habitual-, lo que había pasado por la mañana, y me dijeron que no les sorprendía en absoluto, pues al parecer ahora a aquellas personas que ya han trabajado como interinas o contratadas se las sitúa al final de la lista, y así se va haciendo que la bolsa de empleo se mueva, repartiendo el –escaso- trabajo existente entre las personas demandantes de empleo, que al fin y al cabo todos somos españoles, y se trata de una empresa pública estatal.

No me parece mal la idea, la verdad, pues ya estoy cansado de topar con “funcionarios por ocupación”, que se enquistan en los primeros sitios de las listas o bolsas de empleo, y a los que se llama continuamente para cubrir bajas, vacantes, sustituciones, etc., sin dar paso a los demás demandantes de empleo, que al no ser contratados nunca no adquieren mérito alguno, ni por supuesto experiencia profesional, convirtiéndose su deseo de trabajar en una simple quimera.

Es cierto que todos deseamos que nos atienda una persona competente, pero como, al parecer, no se quiere “perder el tiempo” en dar una mínima formación al personal interino, sustituto, contratado temporal, etc., al menos habrá que darles alguna oportunidad laboral, permitiéndoles que trabajen, y pueda acreditarse su valía, o su incompetencia, que de todo hay.

Ante la situación tan grave de cerca de seis millones de desempleados, creo que las administraciones públicas tienen que “mover” sus bolsas de empleo, pasando al último lugar a aquellos que ya hayan trabajado temporalmente, y permitiendo el acceso a las nuevas incorporaciones, así como a quienes tengan menores méritos, dada su falta de experiencia, pero seguramente más ganas de trabajar que muchos “funcionarios por ocupación”, ingresados con su carnet del PP o del PSOE en la boca, por el mero hecho de ser correligionarios, familiares o amigos de quienes controlan las citadas bolsas.

Y no digo más. Ni menos.

*Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.