Miguel Blesa y Rodrigo Rato

Aunque no se descartan otras hipótesis hasta que se practique la autopsia en el cadáver de Miguel Blesa, hallado este miércoles sin vida con un tiro efectuado con un arma de caza en el pecho, las primeras conclusiones de la investigación apuntan a un suicidio. De ser así, el expresidente de Caja Madrid se suma a la «lista negra» de personajes públicos relacionados con la corrupción que se quitaron la vida o fallecieron, víctimas de la presión.

Sin ir más lejos, en 2015 se produjo otra muerte similar relacionada con el caso Gürtel. En un hotel de Bilbao, el 20 de enero, apareció el cadáver de María del Mar Rodríguez Alonso a causa de lo que, según dictaminó la Policía, había sido un suicidio. La víctima era la esposa del senador del PP Tomás Burgos Beteta, se habría quitado la vida, sumida en una profunda depresión por el hecho de que los juzgados hubieran hecho caso omiso de sus continuas peticiones para que fuera desimputada.

Poco antes del fatal desenlace, el juez Pablo Ruz la había imputado por la utilización que la trama Gürtel habría hecho de su empresa, MR&Asociados, como tapadera de Francisco Correa para la organización de un Congreso de Parques y Jardines Públicos en Pozuelo de Alarcón, Madrid, entre otros casos.

Aunque no se suicidó, muchos alegaron que la muerte de Rita Barberá estuvo relacionada con la presión que tuvo que soportar por el continuo acoso al que estuvo sometida por su supuesta implicación, también, en el caso Gürtel. Una presión que, según defendieron algunos compañeros cercanos, no pudo soportar. Solo dos días antes de su fallecimiento, la senadora y ex alcaldesa de Valencia había declarado ante el Tribunal Supremo por el presunto blanqueo de dinero en el PP del Ayuntamiento de su ciudad, llegando a reconocer ante el juez que había donado 1.000 euros al partido, pero que no se le reembolsaron en billetes de 500 (lo que constituiría precisamente ese delito de blanqueo).

«La ha matado el PP», aseguro un político valenciano. «Los tuiteros habéis condenado a muerte a Rita», defendía la diputada Celia Villalobos. Su compañera de partido, Dolores de Cospedal, había mantenido en los meses anteriores la defensa a ultranza de la alcaldesa de Valencia, profetizando nueve meses que, «hasta que no muera de un infarto, no van a parar».

Cuatro muertes más y otro suicidio

El fallecimiento de Barbera a causa de un infarto era la última de una «lista negra» sorprendentemente larga. Véanse: Leopoldo Gómez, imputado por delitos de prevaricación y cohecho, que murió el 9 de marzo del año pasado; Francisco Yáñez, amigo personal de Luis Bárcenas, falleció pocos días después de ser imputado y cuatro días antes de tener que ir a declarar ante el juez Ruz; el constructor José Martínez Núñez, cuya empresa había sido señalada por el primer juez que llevó el caso, Baltasar Garzón, murió en agosto de 2015, e Isidro Cuberos, que apareció sin vida en un barranco entre Mijas y Benalmádena, donde habría caído con su moto.

Una de las primeras muertes relacionadas con un caso de corrupción fue, también por suicidio, la de Juan Pérez Mora, el falso juez que engañó al cerebro de la Gürtel, Francisco Correa. La víctima era en realidad un comercial de productos dietéticos y ni siquiera había cursado los estudios de Derecho.

Tal fue su farsa de Mora, que llegó a hacerle creer a Correa que, como exjuez de la Audiencia Nacional, recibía información privilegiada del mismo Garzón y que tenía controlados los movimientos de la Fiscalía. Incluso aseguró que los teléfonos de los integrantes de la trama no estaban pinchados. En el verano de 2009, poco después de que el caso se hiciese público, se quitó la vida. Tenía 65 años.

Italia, 43 suicidios relacionados con la corrupción

Estos ejemplos no son exclusivos de España. Más sorprendente y extraño fue el caso de Italia, donde las investigaciones relacionadas con la corrupción llevaron al suicidio a nada menos que 43 personas, según un análisis estadístico sobre suicidios judiciales realizado por la organización Italia Democrática. El 75% de estos suicidios se produjeron entre los años 92 y 94, durante el auge de las investigaciones sobre comisiones ilegales y otros delitos conocidos como «Tangentópolis», explicó la coordinadora del estudio, Paola Murru.

Entre los que se quitaron la vida hubo 11 funcionarios, nueve políticos, siete militares o miembros de las fuerzas del orden, seis empleados públicos, otros tantos empresarios y el resto eran de profesiones diversas. Mientras que desde el punto de vista geográfico, las regiones más golpeadas fueron Lombardia, con 13 suicidios, y Sicilia, con seis. Con respecto a la edad de los suicidas, cuatro de cada diez tenían entre 45 y 54 años.