LR.- Los cimientos de la política en Brasil se tambalean. Una revolución llevada a cabo desde los tribunales en lo que supone una «caza de brujas» sin precedentes. Incluso el otrora intocable Luiz Inacio Lula da Silva podría acabar entre rejas. Aún falta un paso para que eso ocurra, mientras la incertidumbre sobre el futuro del ex presidente crece. Nadie imaginaba al ex sindicalista preso hace unos meses, pero ahora esa ventana se abre, y si él cae, cualquiera puede seguir su camino.

El juez federal Sergio Moro condenó al ex presidente Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. La decisión del magistrado –líder en la lucha anticorrupción en Brasil– fue tomada ayer en el marco de la investigación conocida como Lava Jato. Moro determinó que el ex mandatario recibió sobornos de la empresa constructora OAS, una de las más grandes del país. Entre las ventajas recibidas por Lula figuran además un lujoso apartamento tríplex de 215 metros cuadrados en un complejo nuevo en Guarujá, en el litoral del Estado de San Paulo. A cambio de estos favores, el ex presidente y líder sindicalista habría facilitado contratos millonarios a esa compañía con Petrobras, según se desprende de la investigación.

La Justicia brasileña apuntó que Lula actuó como «jefe» del esquema de corrupción que salpicó a su Gobierno y al de su sucesora, Dilma Rousseff, durante más de una década. Con esta condena, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) se convirtió en el primer presidente brasileño condenado de la historia. Si bien, todos los ex presidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia han sido salpicados por la corrupción.

En un párrafo de su fallo, el juez se refirió a la gestión de Lula y la lucha contra la corrupción que pretendió instalar. «El ex presidente, durante su mandato, ha actuado para fortalecer los sistemas de prevención y represión del lavado de dinero», indicó.

En otro fue más expansivo: «Es necesario reconocer el mérito del Gobierno del ex presidente en el fortalecimiento de los mecanismos de control, abarcando la prevención y la represión del crimen de corrupción, especialmente en las inversiones efectuadas en la Policía federal durante el primer mandato, en el fortalecimiento de la Contraloría General de la Unión y en la preservación de la independencia del Ministerio Público mediante la elección, para el cargo de procurador general de la República, de integrante de la lista votada entre miembros de la institución».

La sentencia que condenó a Lula será apelada ante tribunales brasileños y la ONU, según sus abogados. «Estamos apelando y probaremos su inocencia en todas las cortes imparciales, incluyendo Naciones Unidas», afirmó un asesor del bufete. La decisión del magistrado fue tomada ayer en el marco de la investigación conocida como Lava Jato.

Tras la condena, el interrogante que surgió en Brasil y el mundo es si el líder del PT irá preso o podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2018. En su fallo, Moro afirma que podría «decretar la prisión preventiva» para prevenir la «destrucción de pruebas», pero después sostiene que como «la prisión cautelar de un ex presidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juzgamiento de la Corte de Apelación antes de que se produzcan las consecuencias propias de la condena. Así, el ex presidente podrá presentar su apelación en libertad».

Por ahora, Lula permanecerá en libertad y nada le impide ser candidato presidencial, comicios para los que figura como favorito en las encuestas, aunque, simultáneamente, con un alto nivel de impopularidad que le dificultaría el triunfo en una segunda vuelta.

La condena judicial será apelada por el ex presidente y será firme si la ratifica en segunda instancia el Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre. Como media, ese tribunal viene tomándose un plazo de un año y medio para revisar las sentencias de Moro. Una vez que el fallo sea ratificado, Lula debería ir a prisión, como ocurrió con otros políticos y empresarios investigados en la «operacón Lava Jato». En ese momento, el ex sindicalista quedaría inhabilitado para presentarse como candidato a un cargo electivo.

El PT, en el que Lula participó en su fundación en 1980, rechazó la sentencia «sin pruebas» contra su líder y la calificó de «vergonzosa», según publicó en las redes sociales su presidenta, Gleisi Hoffmann. Por otro lado, Rousseff, destituida el año pasado por supuestas irregularidades fiscales, dijo de su antecesor y padrino político que es «inocente» y que «el pueblo le rescatará en 2018».