Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, en el Pleno junto a Nacho Murgui (centro)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, desempolvó este miércoles su toga y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tratar de desarmar con tecnicismos jurídicos los argumentos de todos los grupos de la oposición, que, en bloque y sin fisuras, reprobaron a Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. PP, PSOE y Ciudadanos exigieron la dimisión de los ediles de Ahora Madrid, investigados por delito societario, malversación de caudales públicos y prevaricación. Los socialistas, obligados por una cuestión de procedimiento durante la votación, propiciaron con su apoyo que también saliera adelante la creación de una comisión de investigación sobre los contratos del Open de tenis de la que, a priori, estaban en contra.

Los concejales tendrán que declarar el 18 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción nº 21 por contratar «a dedo» dos informes por valor de 50.000 euros para llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos del torneo suscritos por la anterior corporación. Sin embargo, la regidora negó la mayor al esgrimir que es una «completa imprecisión decir que están imputados». Carmena exhibió la providencia para subrayar que el calificativo correcto es que han sido «citados a declarar como querellados». «Cualquier persona que es imputada debe dimitir, pero en este caso no es lo mismo. Es una falta de respeto y de calidad democrática que se dediquen a difundir esa imprecisión», espetó a la oposición. «¿Quiénes son ustedes para asegurar que han cumplido un delito?», cuestionó a continuación.

La «clase magistral» de Derecho de la alcaldesa no convenció a los grupos, que tacharon su actitud de «cinismo puro». «Hemos asistido a un ejercicio de cinismo de la propia alcaldesa, que se aleja de la ejemplaridad que ella misma predica», censuró el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida. El popular apeló a la condición de Carmena como magistrada y le preguntó si consideraba que «su compañera, la señora jueza del juzgado nº 21 de Madrid, forma parte de esa maquinaria del PP contra el Gobierno de Ahora Madrid», a la que aludió Rita Maestre tras admitirse a trámite la querella.

Sofía Miranda, de Ciudadanos, exigió a Ahora Madrid que dejasen de «mentir». «No están imputados por perseguir la corrupción, sino por incumplir la ley de contratos, dejen de tener actitudes de la vieja política; tienen una doble moral que repudia su propio código ético» dijo. Además, tildó a Mayer y Sánchez Mato de ser «más maquiavélicos que Maquiavelo»: «Para ustedes, el fin justifica los medios».

«Dijo que iban a ser el gobierno de la honradez, pero para garantizarla hay que asumir las responsabilidades», exigió la portavoz del PSOE, Purificación Causapié. «En el tramabús había personas que no habían sido imputadas, pero cuando se trata de ustedes, no les vale. No pueden tener dos varas de medir», zanjó la socialista.

Si la alcaldesa se afanó en derivar el debate a una cuestión meramente técnica, sin profundizar sobre si acatará o no el mandato del Pleno, los dos concejales implicados se dieron un baño de populismo ante los suyos y, una vez más, utilizaron el argumento de que están imputados por «perseguir la corrupción del PP». Lo hicieron ante los aplausos y vítores de unas decenas de simpatizantes que se congregaron frente al Ayuntamiento de la capital. Con letreros, cánticos e improperios en contra del PP y de la Prensa, recibieron a Mayer y Sánchez Mato, ambos exultantes ante la masa: «No nos van a callar, no van a conseguir pararnos», exclamó el edil de Economía y Hacienda, con el puño en alto.

Esta suerte de mitin a las puertas del Consistorio tampoco sentó bien a la oposición. Martínez-Almeida lo tildó de «escrache»; mientras que Villacís denunció que en otras protestas similares en el mismo lugar se mantuvo una «distancia de seguridad». En esta ocasión, sin embargo, los manifestantes se concentraron en la puerta misma del Palacio de Cibeles, situada en la calle de Montalbán.