El Gobierno aprobará próximamente la ampliación de la infame Ley de Violencia de Género para desatar definitivamente la guerra de sexos en España. La fecha oficial de aprobación aún se desconoce, tan sólo se ha mencionado que el documento verá la luz en verano de este año. Probablemente se apruebe el viernes 30 de junio, coincidiendo con la operación salida de vacaciones.

La LIVG, aprobada en 2004 bajo el Gobierno de Zapatero, no fue diseñada para proteger a la mujer de los malos tratos, o eso indican las estadísticas. El número de mujeres asesinadas por sus parejas se ha mantenido constante, cuando no ha aumentado. España sigue siendo además uno de los países de la Unión Europea con menos casos de malos tratos. El objetivo de la LIVG fue y sigue siendo la destrucción de la familia, como forma de organización más básica, pilar social y principal defensa del pueblo frente al poder del Estado. La epidemia de divorcios y los suicidios entre hombres en trámites de separación se han disparado en los últimos años. En cuanto a la tasa de natalidad, estamos en mínimos históricos.

Cada día hubo 391 denuncias por “violencia machista” en 2016; las empleadas de ONGs de género lo celebran.

Con la Ley de Violencia de Género el hombre pierde la presunción de inocencia, quedando indefenso frente a los caprichos de su mujer, que por otro lado aprende por TV, música, cine y radio que debe empoderarse y denunciar a su marido si este se atreve a mirarle el móvil o preguntarle dónde ha estado. El Gobierno español y la Unión Europea fomentan activamente las denuncias falsas, otorgando subvenciones a las mujeres que denuncian, aún en los casos fraudulentos, y financiando una inmensa red de ONGs especializadas en arruinar familias.

Ahora, el Gobierno pretende que la LIVG deje de limitarse a las relaciones de pareja; la entrada en vigor de esta ley puede desatar una catástrofe nacional sin precedentes.

El cambio mayor es ampliar el concepto de violencia de género a lo que pueda ocurrir fuera de una relación sentimental. A día de hoy, si no hay o ha habido un lazo íntimo entre un hombre y una mujer, la violencia no se analiza con perspectiva de género y no se pasa a un tribunal especializado. Así, violaciones externas a una pareja, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina, tráfico de mujeres o acoso sexual en el entorno laboral, por ejemplo, no se consideran violencia de género.

La adecuación del Convenio a la ley española es importante, pero no es sencillo. Laura Berja, senadora del PSOE y miembro de la Comisión de Igualdad, explica que “es importante hacer un marco concreto para aplicar el convenio, no podemos permitirnos que se haga una ley demasiado genérica de la que no podamos delimitar bien la aplicación”. Por ello, el Senado ha comenzado una serie de ponencias con expertos para dar paso al documento que guiará el Congreso en las nuevas modificaciones a la Ley.

Para mantener al monstruo de género que se avecina, el PP ha subido la partida contra la “violencia machista” de 25,2 a 31,7 millones. Las ONGs, sin embargo, exigen que se aumente el presupuesto hasta los 109 millones.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017 para la lucha contra la violencia machista ha aumentado 6,5 millones de euros. El PP ha pactado con el PSOE y Nueva Canarias un incremento de cuatro millones que se suman a los 2,5 millones previstos inicialmente, tal como ha anunciado en el pleno del Congreso la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante su defensa de la dotación para su departamento.

La diputada socialista Ángeles Álvarez ha valorado que el aumento “no es suficiente ya que se presentaron enmiendas por más de 109 millones de euros” aunque considera que el incremento “ha abierto la puerta para el pacto.

Está a punto de concluir el trabajo de la subcomisión para el pacto de Estado contra la violencia machista, que debe tener un documento de conclusiones antes del 16 de junio.

Concentración de ONGs de género subvencionadas por el Estado exigen mayor financiación.

Entre los objetivos están identificar los problemas de aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 y cómo corregirlos, así como articular dentro de esa ley o en una ampliación de la norma todas las formas de violencia contra la mujer, dentro y fuera de la pareja, recogidas en el convenio de Estambul, que España ha ratificado, como la trata o la ablación, además de centrarse en la reparación y prevención de las agresiones sexuales. Entre los aspectos a revisar están reforzar la educación en igualdad, una mejor formación del personal de los centros de salud, mayor coordinación entre los distintos agentes que trabajan en estos casos o ampliar las campañas de sensibilización.

La ley se encuentra ya en su recta final.

Los puntos en los que coinciden PP y PSOE van desde ampliar el concepto de violencia de género, como marca el Convenio de Estambul, hasta eliminar el «derecho de dispensa» para que las víctimas no puedan arrepentirse de su declaración inicial o ampliar la orden de alejamiento de los hijos y evitar que los padres lleguen a matarlos, como sucedió en Córdoba en el caso Bretón.

Una vez que se haya alcanzado el acuerdo sobre las medidas a adoptar, el documento será aprobado el próximo 16 de junio. El texto se elevará al Gobierno para que lo aplique. Con total seguridad, el Ejecutivo estará obligado a modificar la Ley de Violencia de Género e incluso a redactar otras nuevas iniciativas legislativas.

En un artículo publicado hace unos días por el diario Público, se menciona la fecha 30 de junio. Es decir, el viernes que viene, coincidiendo con la operación salida de vacaciones.

Que estén intentando aprobarla con discreción sólo confirma la intención criminal de sus autores. Las consecuencias de esta ley van a ser catastróficas, España se enfrenta a su genocidio.

Público: “Cuando están a punto de concluir las negociaciones de la subcomisión del Congreso para un pacto contra la violencia de género, poco se sabe del documento de consenso que deberán aprobar todos los partidos el próximo día 30 y que será la guía del Gobierno para acabar con esta lacra.

Así es la red de grupos vinculados al PSOE que saca provecho de la “industria” de los malos tratos

De las 600 propuestas presentadas por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en las que han trabajado Ayuntamientos, comunidades autónomas y más de 40 asociaciones de mujeres subvencionadas con dinero público, el Gobierno ha tomado en cuenta 120. Entre ellas contempla fomentar aún más la desestructuración familiar y el genocidio de los españoles otorgando ayudas sociales a las mujeres que decidan deshacerse de sus maridos, aun sin la presentación de denuncia ni orden de protección dictada por el juez. También eliminará el “derecho de dispensa”, para que las mujeres no puedan arrepentirse de su declaración inicial o de ampliar la orden de alejamiento de los hijos.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género también dispensará a las mujeres de la obligación de declarar contra sus maridos o parejas. El “maltratador” tampoco podrá acogerse al atenuante por confesión”.

“En lo que no hay ningún tipo de discusión” es en dejar de limitar la aplicación de la LIVG a las relaciones de pareja, eliminando así la presunción de inocencia del hombre cuando el denunciante es una mujer. Con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género el próximo viernes, el hombre quedará en un estado de indefensión jurídica sin precedentes. Cualquier mujer despechada podrá enviar al calabozo a cualquier hombre sin necesidad de aportar pruebas o declarar ante un juez. Esta actitud se fomentará además con numerosas campañas de “sensibilización”, garantizando la impunidad de las mujeres en los casos fraudulentos, y otorgando pagas mensuales a las “víctimas” de “violencia machista”.

Aún más grave es la falta de transparencia. Sabemos que el Gobierno está redactando el texto en base a 120 propuestas, pero no han desvelado cuáles. La Ley se encuentra en su recta final, y los medios de comunicación revelan información con cuentagotas: de las 120 nuevas medidas, sólo han salido a la luz alrededor de diez.

La tasa de natalidad española se encuentra ya en mínimos históricos, gracias a la LIVG, la explotación laboral de la mujer (en nombre de la libertad), el precio inasequible de la vivienda, la enorme presión fiscal y los sueldos tercermundistas; con la ampliación de la LIVG, España se enfrenta a su genocidio.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género va a traer la ruina a España, y la ruina de España es la ruina de todos, mujeres incluidas. El enorme ego de la mujer le impide ver más allá de sus narices, por eso se ha convertido en la vaca sagrada del Sistema: está siendo utilizada deliberadamente para atomizar la sociedad, entregándola en bandeja a la explotación financiera.

Un Gobierno que no puede garantizar una tasa de natalidad de reemplazo, como mínimo, pierde de por sí toda legitimidad. El Régimen constitucional del 78 no sólo ha hundido la natalidad española a niveles inferiores a los de la guerra civil, sino que promueve y financia las causas de esta catástrofe nacional. El pueblo español tiene por tanto el derecho, y el deber, de dinamitar el R78.

Fuente: Daily Stormer