El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió ayer entrar a juzgar la orden ejecutiva de Donald Trump que impuso un veto migratorio sobre ciudadanos de países de mayoría musulmana. El alto tribunal escuchará a las partes cuando recupere su actividad tras el receso de verano, el próximo octubre, pero, además, ayer determinó que la orden ejecutiva entraría en vigor, de forma parcial, hasta que se produzca su decisión.

El dictamen del Tribunal Supremo añade un nuevo nudo al embrollo en el que se ha convertido este veto migratorio de Trump, una de las decisiones más contestadas de su presidencia, que ha sido bloqueada enérgicamente por los tribunales estadounidenses a pesar de las críticas del presidente y de la revisión de la orden ejecutiva original. Su admisión de forma parcial no aclara del todo cómo será su aplicación.

En su primera versión, el veto migratorio impuso a finales de febrero, solo una semana después de la investidura de Trump, la suspensión temporal durante 90 días de la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana -Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- y de 120 días para los refugiados de cualquier país. El objetivo era revisar los sistemas de escrutinio de las personas que entran a EE.UU. desde esos países para asegurar que son eficientes y seguros. La decisión provocó el caos en los aeropuertos de EE.UU., confusión sobre si también afectaba a personas con permiso de residencia permanente y a aquellas con visados en regla. Los tribunales no tardaron en bloquear la orden ejecutiva. Trump prometió llevar la pelea al Tribunal Supremo, pero, en su lugar, emitió una segunda ejecutiva -«aguada, políticamente correcta», en sus palabras- que con cambios para buscar su entrada en vigor: sacaba a Iraq de la lista, declaraba exentos a los residentes legales y a los poseedores de un visado en regla y eliminaba una provisión que privilegiaba a los ciudadanos cristianos de los países afectados. Pero los tribunales no tardaron en tumbar la segunda orden: uno determinó que discriminaba por motivos de religión ya que parecía responder al veto musulmán que Trump predicó durante las elecciones y otro determinó que el presidente no tenía las facultades para una medida de ese tipo.

El Supremo deberá dictaminar ahora sobre esas dos cuestiones. Mientras tanto, ahora dictamina que el veto entrará en vigor, pero que no se podrá aplicar «contra extranjeros que puedan demostrar una relación de buena fe con una persona o una entidad de EE.UU.». Por ejemplo, personas que hayan sido admitidas por una universidad estadounidense, que tengan una oferta de trabajo o alguna otra relación formal no podrán ver su visado denegado por la orden ejecutiva. En el caso de familias «se requiere una relación familiar cercana. Un extranjero que quiera entrar a vivir o a visitar EE.UU. para estar con su familia tendría esa relación», explicó el Supremo.

Estas disposiciones serán un gran desafío para la aplicación de la orden ejecutiva. De hecho, tres de los nueve jueces del Supremo se mostraron en contra de esta suspensión parcial. Se trata de los magistrados conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, el juez elegido por Trump tras el veto de casi un año ejecutado por el Senado al nominado por su antecesor, Barack Obama. «Me temo que el remedio del tribunal será inviable», razonó en su disensión Thomas. «Creará una marea de litigios hasta que se resuelva el caso, en los que las partes tendrán difícil demostrar qué constituye con exactitud una ‘relación de buena fe’, quién puede reclamar esa relación y si el que la reclama ha creado esa relación ‘simplemente para evitar’ la orden ejecutiva».

A pesar de estas limitaciones, Trump se apresuró a catalogar la decisión del Supremo como una «victoria clara», e insistió en la necesidad imperiosa de impedir la entrada de esos emigrantes por motivos de seguridad. «Como presidente, no puedo permitir que entre gente en nuestro país que quiere hacernos daño. Quiero gente que ame a EE.UU. y a todos sus ciudadanos, y que sean trabajadores y productivos».

Todavía no está claro cuándo entrará en vigor el veto migratorio parcial, pero la semana pasada Trump aseguró que las agencias implicados en su aplicación esperarían 72 horas para «asegurar una implementación ordenada».

El dictamen del Supremo también deslizaba que para cuando tenga que entrar al fondo de la cuestión, quizá el veto migratorio ya sea irrelevante: para entonces el Gobierno de EE.UU. debería haber ejecutado las revisiones pertinentes a sus sistemas de escrutinio en las fronteras que motivaron la orden ejecutiva.