Griñán y Chaves, en su última reaparición juntos en noviembre de 2016

El primer juicio del caso ERE (y el que más expectación mediática despierta) entra en la cuenta atrás. A partir del próximo 13 de diciembre, José Antonio Griñán y Manuel Chaves se convertirán en los primeros presidentes de la Junta de Andalucía que se sientan en el banquillo.

Están acusados de participar en una supuesta trama de corrupción estructural que perduró durante más de una década en la hegemonía territorial más larga de España. Ambos permitieron la entrega de subvenciones «con total discrecionalidad», «concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito», según dejó escrito el juez en el auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016.

Los expresidentes que han dirigido Andalucía durante 23 de sus 36 años de Autonomía comparecerán delante de un tribunal en la Audiencia Provincial de Sevilla, cuando estarán a punto de cumplirse siete años desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas 174/2011, más conocidas como el caso ERE.

Junto a ellos, van a ser juzgados otros 20 ex altos cargos de sus respectivos gobiernos por la rama política del caso ERE —denominada «procedimiento específico»—, la primera de las piezas en las que fue dividida la causa que va a ser enjuiciada. Entre los acusados hay seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

La fecha de la vista se acordó ayer en una reunión que mantuvieron los magistrados que compondrán el tribunal con los abogados defensores de los acusados y de la acusación particular que ejerce el PP andaluz.

Conforme al calendario establecido, los días 13, 14 y 15 de diciembre se dedicarán a las cuestiones previas de las partes. Una fase preliminar en la que las defensas y las acusaciones pueden plantear al tribunal causas de posible suspensión del juicio oral, como la enfermedad de letrados y acusados, así como otras alegaciones que puedan afectar al fondo del proceso.

No será hasta el 9 de enero, tras el paréntesis de la Navidad, cuando comiencen a declarar los 22 procesados en la causa. La vista oral puede prolongarse varios meses, a juicio de algunos abogados presentes en la causa, aunque no se ha marcado ninguna duración. Se desconoce, por tanto, cuándo se dictará la sentencia. Las sesiones se celebrarán los lunes y martes en horario de mañana, y los miércoles por la mañana y por la tarde, aunque queda abierta la puerta a ampliar el horario semanal si fuera necesario.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pidió seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Para Chaves solicitó 10 años de inhabilitación por prevaricación. El PP andaluz también los incriminó por supuesta asociación ilícita, un delito que está castigado con pena de cárcel.

Los obstáculos y suspicacias han perseguido este proceso contra la hegemonía socialista de principio a fin. A los escraches, presiones políticas y judiciales, ataques personales y demoras de documentos que sufrió la juez Alaya durante la larga y compleja instrucción, les sucedieron el cambio de jueces motivado por la marcha de la instructora y, como colofón, la recusación del juez ponente del tribunal que iba a juzgar a Chaves y Griñán. Tal recusación fue promovida por el PP-A y el sindicato Manos Limpias.

La Audiencia Provincial de Sevilla apartó al magistrado Pedro Izquierdo del caso por «sospecha de apariencia de parcialidad». Izquierdo había sido alto cargo de la Junta de Andalucía bajo los mandatos de ambos expresidentes. En concreto, ocupó la Secretaría General para la Justicia entre 2008 y 2014.

Siguiendo el turno de reparto de la sala, lo ha sustituido Juan Antonio Calle Peña, magistrado de la Sección de la Audiencia que preside Izquierdo.

Desoyeron las alertas

Durante más de una década los políticos acusados permitieron que existiera un fondo ilícito de 855 millones de euros, alimentado con los presupuestos públicos, que desvió dinero a falsos prejubilados y a una legión de empresarios cercanos al PSOE, comisionistas, bufetes de abogados, conseguidores y asesorías de sindicatos, con el consiguiente quebranto para las arcas autonómicas. Dinero que es irrecuperable. Sólo el 2,8% de los 128,8 millones de euros reclamados por la Administración ha sido devueltos.

El descontrol fue el caldo de cultivo de un «gran fraude» —como lo calificó Griñán tras declarar ante el Tribunal Supremo—, aún sin cuantificar, que podría haberse atajado si los expresidentes de la Junta de Andalucía no hubieran hecho caso omiso a los contundentes informes que firmó el interventor general de la Administración autonómica (también imputado) cuestionando el procedimiento de reparto de subvenciones. Pero ninguno de ellos movió un dedo para frenarlo.