Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha propuesto a los grupos con representación en el Congreso modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente que se puedan decretar nuevas amnistías fiscales en el futuro.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha hecho esta propuesta toda vez que “se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie”.

Ha añadido que además será una medida innecesaria en un nuevo contexto de transparencia internacional, en el que en 2018 entrará en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países, “entre ellos, algunos considerados hasta ahora paraísos fiscales”.

Montoro ha incidido en el compromiso del Gobierno de seguir luchando contra el fraude fiscal y ha anunciado que Hacienda está preparando, junto con la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año, una medida extraordinaria para aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria.

Ha afirmado quede esta forma se apoyarán las unidades de lucha contra el fraude en todos los ámbitos, también en el laboral, y de aquellos servicios donde “se queden cortos” los efectos de la OPE.

El ministro ha mostrado la “mejor disposición” de llevar al Parlamento el mecanismo legal que sea más efectivo para que se pueda implementar lo más rápidamente posible.
Montoro sigue defendiendo su medida

Montoro ha mostrado su “respecto y acatamiento” de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal de 2012, pero ha insistido en que esta medida contribuyó a evitar el rescate completo de la economía española.

El ministro ha dicho que no se puede separar la amnistía del contexto en el que se adoptó, una situación que -a su juicio- justificó la urgencia de todas las medidas adoptadas entonces mediante decreto ley.

En su opinión, el Tribunal Constitucional ha fallado que el decreto ley no debió ser el vehículo formal para aprobar el proceso de regularización, pero que “hasta ahí llega su alcance jurídico”, ya que las consecuencias del proceso “no son alteradas”.

Montoro, que se ha mostrado molesto por que se siga denominando amnistía fiscal a la Declaración Tributaria Especial (DTE), ha hecho hincapié en que no le gustó tomar estar medida, como tampoco le gustó subir los impuestos, pero considera que fueron medidas adecuadas en aquel momento por “muy impopular o por mucho desgaste político que conllevaran”.

“Necesitábamos tomar medidas rápidamente, nítidas y contundentes con reflejo en el corto plazo”, ha explicado Montoro, que ha insistido en que cada iniciativa alejó un poco más a España del rescate.

Según ha afirmado, las iniciativas de entonces han permitido que España lleve dos años creciendo por encima del 3 % y vaya a cerrar 2017 en el entorno de los 700.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Ha recordado que los 40.000 millones de euros aflorados en el proceso de regularización llevan cinco años pagando impuestos, “dando por clausurada una bolsa de fraude” que Gobiernos anteriores no habían sido capaces de atajar.

Por tanto, ha dicho, “nada de abdicar del deber de recaudar”, lo que se hizo fue “sacar de las sombras” un capital que estaba oculto. “En 2012 el Gobierno echó el anzuelo y tuvo que poner un cebo, si no los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”, ha ironizado.