El periodista Javier Valdez fue la última víctima de la violencia narco en México.

JF.-,El Día de las Madres, uno de los más festejados en México, tuvo este año un significado diferente: con el asesinato de la activista Miriam Rodríguez, madre de una desaparecida, se encendieron en el país más focos rojos que son una muestra del “colapso” en el que entraron las instituciones ante los tiempos electorales.

Un comando disparó en múltiples ocasiones en contra de la casa de Miriam, quien murió durante el traslado al hospital. En lugar de festejar el Día de las Madres, recordaba a su hija, desaparecida en 2014 y encontrada por ella misma en una fosa clandestina, en el estado fronterizo de Tamaulipas.

Su muerte marcó el inicio de una serie de eventos que son muestra del colapso mexicano, negado unos días antes por su gobierno que cuestionó un estudio realizado por el International Institute of Strategic Studies (IISS) de Londres, en el que ubicaba a México como el segundo más violento del mundo.

“Se está generando un vacío de poder natural por el tema de las elecciones, no se están queriendo tomar decisiones… Estamos en una situación crítica, cada vez se están encendiendo más focos rojos al presidente Enrique Peña Nieto” es el diagnóstico de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, ?coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El 4 de junio se disputa en México la elección estatal más importante del país, la del Estado de México, clave para el partido político que gane pues cuenta con el mayor número de electores (más de 11 millones). Ante la posibilidad de que por primera vez en su historia pierda en ese Estado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), todo el esfuerzo político está enfocado en esa contienda, previa a la elección presidencial de 2018.

Con todas las energías concentradas en el tema electoral, instituciones colapsadas y la clara falta de liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, se ha generado un vacío aprovechado por la delincuencia organizada.

La semana de pesadilla

Al asesinato de la activista, que inspiró a muchas madres a buscar por su cuenta a hijos desaparecidos, siguieron una serie de eventos que indignaron a la opinión pública. Los periodistas se convirtieron en el blanco de los ataques.

El 11 de mayo, en el municipio de San Miguel Totolapan, en el conflictivo estado de Guerrero, fuerzas militares y policías estatales desalojaron a los integrantes del Movimiento por la Paz –integrado por civiles que defienden a sus pueblos del crimen rganizado, lo que generó unos 20 bloqueos de protesta en caminos y carreteras de siete municipios.

El sábado 13 de mayo, un grupo de civiles armados y encapuchados retuvieron a siete periodistas de medios locales, nacionales e internacionales que entraron a la zona para conocer la situación.

Cuando regresaban fueron retenidos por unos 100 civiles armados y encapuchados, presuntamente integrantes del Cártel de la Familia Michoacana.

Los periodistas retenidos fueron Hans Máximo Musielik, colaborador de Vice News; Pablo Pérez García, colaborador de Hispano Post; Jair Cabrera, colaborador de La Jornada; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Angel Galeanaxz, de Imagen TV; Alejandro Ortíz, del diario digital Bajo Palabra; y Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero.

El grupo armado despojó a los reporteros de sus equipos de cómputo, cámaras fotográficas y de video; teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como una camioneta Patriot, todo por un monto cercano al millón de pesos.

A Hans Máximo, uno de los civiles armados lo amagó con una pistola en la cabeza, y le advirtió: “Si los vemos que se detienen en el retén y dicen lo que les pasó, los vamos a comer vivos. Ahí tenemos halcones vigilando”.

Fueron retenidos cuando se toparon con un retén de piedras y palos, resguardado por los encapuchados.

De inmediato un grupo de jóvenes, incluido un menor de unos 13 años, empezó a despojarlos de sus pertenencias.

Los reporteros fueron dejados libres, pero hasta ahora no se ha detenido a ninguno de los participantes en el retén.

El lunes 15 una noticia más sacudió a México: el periodista Javier Valdez, uno de los más reconocidos a nivel nacional e internacional por sus coberturas y libros sobre narcotráfico fue asesinado a tiros por sujetos que desde una motocicleta le dispararon 12 veces.

Horas más tarde, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, Sonia Córdova, directora comercial del semanario local El Costeño, resultó herida, mientras que su hijo, Héctor Jonathan Rodríguez perdió perdió la vida. Días antes la publicación había dejado al descubierto la forma de operara del llamada Cártel de Autlán, una nueva organización criminal local.

Un día después, en uno de los templos más importantes de América Latina, la Catedral de la Ciudad de México, el sacerdote Miguel Ángel Mascorro fue apuñalado en el altar mayor. La violencia llegó hasta el púlpito.

“El problema que estamos pasando en el país no es por una omisión de los diputados los senadores es por una corrupción que se viene arrastrado desde los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) –que empezaron en el año 2000 con Vicente Fox. Estamos en guerra, somos el segundo país más violento del mundo”, expresó la diputada del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Rocío Nahle.

La impunidad total

Uno de los problemas que llevó a México a este momento fue la falta de castigo a los delincuentes. El Índice Global de Impunidad, presentado en 2016, muestra que México es el segundo país con mayor nivel de impunidad en el mundo, menos del 1% de los delitos reciben castigo.

“Falta un equilibrio entre el uso de la fuerza y la inacción, pero también un marco legal”, señaló el diputado izquierdista Jesús Zambrano Grijalva quien presentó el miércoles ante el Congreso una iniciativa “para enfrentar la violenta conducta de las bandas delictivas”, agregó el líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.

Para el académico de la UDLAP el problema de México es más complejo: las instituciones están colapsadas, falta presupuesto, dentro del gabinete de seguridad existen disputas “muy fuertes” sobre quien va a asumir los costos de la inseguridad y los altos niveles de impunidad.

La falta de liderazgo del presidente le impide controlar todas las variables no sólo a nivel nacional sino también en estados, municipios y hasta al interior de su gabinete.

“La delincuencia sí está organizada y los gobernadores no están asumiendo responsabilidades porque se rompen esos pactos de impunidad entre gobernadores y la delincuencia. La situación es crítica y la situación económica del país nos es la mejor… al presidente cada vez se les están prendiendo más focos rojos”, advirtió.