El presidente aragonés Javier Lambán (PSOE) junto al líder regional de Podemos, Pablo Echenique

El plan emprendido por el Gobierno aragonés PSOE-Chunta para cerrar 13 aulas concertadas en colegios católicos se ha topado con el primer revés en los tribunales. Al Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán han empezado a llegarle en cascada autos judiciales que suspenden cautelarmente esa medida y que le obligan a seguir incluyendo esas aulas en la oferta pública de colegios de Infantil, de forma que los padres tendrán pleno derecho a seguir eligiendo dichos centros para matricular a sus hijos en primero de Infantil.

Esas 13 aulas corresponden a varios colegios católicos concertados, la inmensa mayoría de ellos en Zaragoza capital. El Gobierno aragonés anunció su intención de suprimir esas aulas como concertadas, en cumplimiento del pacto que suscribió previamente con Podemos para que, a cambio, el partido de Echenique apruebe los presupuestos de la Comunidad autónoma para 2017.

De entrada, a falta de la orden de no renovación de esos conciertos educativos -orden que aún no ha llegado a dictar el Gobierno aragonés-, la Administración autonómica decidió excluir esas 13 aulas de la oferta pública de centros que rige el proceso de escolarización para el próximo curso, proceso que se abrirá dentro de una semana.

Este hecho llevó a los colegios afectados a presentar recursos contencioso-administrativos ante varios juzgados de Zaragoza, a los que -como primera medida- solicitaron que suspendieran cautelarmente la exclusión decidida unilateralmente por el Ejecutivo regional. Esta medida cautelar a empezado a ser aceptada por los juzgados. Así, varios de ellos han dictado autos en ese sentido, con los que obliga a la Administración regional a seguir ofertando a todos los efectos esas aulas católicas dentro de la oferta pública de plazas para el próximo curso.

En este sentido se han pronunciado ya, por ejemplo, los juzgados 1 y 2 de Zaragoza. Lo han hecho con sendos autos que suspenden la supresión del concierto educativo que el Gobierno aragonés pretendía llevar a cabo en el aula de primero de Infantil del colegio Virgen de Guadalupe, y en otra del colegio Sagrado Corazón.

Esta medida cautelar supone un primer tropiezo para los planes emprendidos por el Gobierno aragonés en este sentido y que han generado una amplia contestación social, escenificada en la masiva manifestación de protesta que recorrió el centro de Zaragoza hace escasos días.

El Ejecutivo de Lambán sostiene que el cierre de aulas concertadas que quiere llevar a cabo está justificado en un descenso de la población escolar y, por tanto, en una menor demanda. Desde la enseñanza concertada y desde los partidos de la oposición, sin embargo, le reprochan que responde a motivos «ideológicos».

A partir de ahora, el Gobierno aragonés queda forzado a volver a incluir esas aulas concertadas en la oferta pública de escolarización para el próximo curso. Todo ello mientras sigue adelante el proceso judicial sobre el fondo del asunto y se resuelve el litigio abierto entre el Ejecutivo autónomo y la enseñanza concertada.