El autobús de HazteOír fue multado en varias ocasiones durante los días en los que circuló por las calles de la ciudad (Foto La Razón)

A nadie se le escapa que nada más conocer la existencia del controvertido autobús de Hazte Oír, el Ayuntamiento de Madrid se puso como objetivo impedir su circulación por las calles de Madrid. Se pondrán todas «las medidas necesarias para bloquear la campaña contra los niños transexuales», dijo un portavoz municipal al conocer el mensaje que portaba. Lo que, al menos para la Policía Municipal, parece más cuestionable es que haya expedientado a sus propios agentes por no haber multado al autobús en su primer día de circulación. Un policía y un sargento de la Unidad Especial de Tráfico (UET) de la Policía Municipal se encuentran ahora con un expediente sancionador abierto precisamente por este motivo, algo que ha creado un profundo malestar interno en el Cuerpo.

Aunque el autobús estuvo varios días circulando –luego lo hizo una autocaravana y fueron cambiando los mensajes–, los hechos por los que se incoan los expedientes sancionadores a estos agentes se producen el primer día, martes 28 de febrero. Según informan desde el Área de Salud, Seguridad y Emergencias, dirigida por el concejal Javier Barbero, se trataría de una falta leve, «en virtud del artículo 9 apartado A de la L. O. 4/2010 de 20 de mayo de Régimen Disciplinario del CNP, aplicable a la Policía Local según disposición final sexta». Este apartado habla del «retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas». Sin embargo, según la documentación que analiza ahora Gestión Disciplinaria, a la que ha tenido acceso este diario, no parece que se incumplieran órdenes.

Según comunicaciones internas, la orden de interceptar el autobús parte de la Jefatura de Policía Municipal. A eso de las 19:30 horas del 28 de marzo, la Unidad de Tráfico recibe una llamada de un cabo de la Sección de Coordinación y Análisis de la Información (Secai), en la que manifiestan que, «por orden de Jefatura», se desplace un indicativo de esa unidad al número 11 de la calle Macarena, en Chamartín, para comprobar que el autobús que se encuentra allí, tiene todo en regla. Así, la patrulla de Tráfico que interviene (una pareja de policías) se dirigen al lugar. Allí, los agentes se encuentran a varias cámaras de televisión enfocando a un autobús marca MAN, con matrícula CFR y el eslogan «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen, si naces hombre, eres hombre, si eres mujer seguirás siéndolo. Hazteoir.org_Grupo CitizenGo». El autobús, según comprueba la patrulla interviniente, resulta ser propiedad de la empresa Arroyo Bus, S. L. Los agentes solicitan a su conductor, Nazario Álamo, la documentación del vehículo. El permiso de circulación, la ITV y el seguro obligatorio (de Allianz) están en orden, así como la Tarjeta de Transportes en vigor. No había motivo de tráfico sancionable y, por tanto, los agentes se van del lugar no sin antes solicitar al conductor que retire de ahí el autobús porque esa calle es bastante estrecha y podría dificultar el paso de otros conductores. Los miembros de Hazte Oír acceden y se marchan de ese lugar.

El agente expedientado asegura que no procedió a actuar porque es un tema –el de la Publicidad– con el que «no están familiarizados y sobre el cual no han tenido tiempo de revisar la legislación aplicable en este caso particular». Y es que, como su nombre indica, los agentes de Tráfico son especialistas en temas de documentación obligatoria de vehículos y conductores y lo relacionado con el tráfico y los transportes. Para otro tipo de incidencias suelen intervenir o bien la unidad específica si la hubiera o, en su defecto, la Unidad Integral del distrito que corresponda. Por eso ahora en el Cuerpo no entienden muy bien por qué se dio la orden de intevención a una unidad tan concreta como la de Tráfico si, desde la Jefatura, se pretendía multar por incumplimiento de la Ordenanza de Publicidad.

Así lo explica el jefe del policía actuante, un sargento al que también se le ha incoado un expediente por este motivo. Este mando ya advirtió en esa llamada, en la que les requerían para ese cometido, que Tráfico «el tema de la publicidad no lo controla», porque es una situación «que no se da en M-30 y que se necesitaría estudiar con detenimiento la normativa aplicable para valorar si se está infringiendo algo, ya que no conocemos cómo está ahora mismo». Asegura este funcionario que, una vez que su agente le explicó que tenían todo en orden, entendió que lo encomendado a su unidad había terminado, por lo que le indicó al policía que se dirigiera a la Unidad y elaborara el pertinente informe. Sin embargo, poco después, recibió una nueva llamada de su homólogo de la emisora, que le explicó que debían haber sancionado por la ordenanza de Publicidad, a lo que el sargento le contestó que ya habían advertido de que no controlaban esa normativa. «Que se nos indique qué se está infringiendo y qué hay que denunciar o se nos dé tiempo a estudiarlo y verlo antes de tomar ninguna decisión de la que no tenemos ninguna garantía de que se ajustara a Derecho», alega el funcionario.

En su escrito, también explica cómo esa misma mañana pudo observar en televisión a una responsable política del consistorio (concretamente la portavoz municipal, Rita Maestre) asegurando que «el Ayuntamiento está estudiando si se están infringiendo ordenanzas», por lo que espera que «alguien les comunique a qué conclusión se ha llegado». Tampoco entiende el sargento el «empeño» en que esa denuncia la realizara personal de Tráfico, «que ya había actuado en lo que es su especialidad». Tras poner de manifiesto su malestar con la situación, finalmente le informaron sobre las 21:00 horas de que ya no hacía falta que mandara ningún indicativo, que únicamente enviara el informe realizado por la patrulla actuante, cosa que hizo a las 23:00 horas.
Cuatro Unidades

Parecía que todo había quedado en un malentendido, pero nada más lejos de la realidad. A principios del mes pasado, ambos funcionarios (el jefe de la patrulla actuante y el de la unidad) recibieron sendos expedientes.

Lo que más llama la atención de toda la historia es que, en realidad, ya había patrullas policiales siguiendo al autobús, así como que el inspector Gerardo del Rey –que fue investigado en el «caso Madrid Arena»– tomara parte activa en el asunto, ya que fue quien llamó al oficial de servicio para pedir explicaciones de la actuación de los agentes de Tráfico. Según se desprende de sus comunicaciones internas, cuando pidieron una segunda intervención de Tráfico para aplicar la normativa de publicidad exterior, el autobús ya estaba localizado por la Sección de Análisis de la Información (Secai) y por Gestión de la Diversidad. Sin embargo, el mando policial requirió una «intervención conjunta de Tráfico, la Unidad de Distrito de Chamartín, Secai y Diversidad». Nada menos que cuatro unidades diferentes para un tema, en principio, sólo publicitario.

Fuente: La Razón