Centro Jurídico Tomás Moro.- Con ocasión de una campaña de sensibilización social a favor de la libertad educativa promovida por la asociación HazteOir (“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”), tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid, como el Ayuntamiento de Madrid, han iniciado una campaña que desde el Centro Jurídico Tomás Moro consideramos de auténtico acoso y derribo de los defensores de la libertad.

Efectivamente, ante una campaña de sensibilización social con un mensaje científicamente irreprochable ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva’ ambos gobiernos (autonómico y local) han utilizado los medios de comunicación para marcar y señalar a los disidentes de la ideología de género, y así tratar de alcanzar la hegemonía social mediante la censura, la amenaza y el cultivo y extensión del odio social, haciendo ver al discrepante con sus políticas como un peligro social.

No deja de ser curioso que ante una simple campaña de sensibilización social contra la imposición totalitaria de la ideología de género y contra el adoctrinamiento de los menores, los políticos han manifestado una extraña unión, pues tanto Cristina Cifuentes (PP), la pareja Carmena-Maestre (Podemos) y Ángeles Álvarez (PSOE) han anunciado denuncias a la Fiscalía por delito de odio del artículo 510 del Código Penal.

Es necesario referir que incluso la portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha ido más lejos, pues sorprende sobre manera a esta Centro Jurídico que el propio Ayuntamiento utilice la coacción y la amenaza para cercenar la libertad de expresión a una asociación que sostiene algo tan obvio como que los «niños tienen pene y las niñas tiene vagina». Y más cuando desde ese Ayuntamiento ampararon, bajo el supuesto derecho a la libertad de expresiones a personas como Guillermo Zapata, que se rió de las víctimas del terrorismo y de de las del Holocausto; como Rita Maestre, que amenazó a los católicos con “Arderéis como en el 36” o “vamos a quemar la conferencia episcopal” e impidió violentamente la celebración de una misa; como Javier Barbero, que llamó fascistas a los que se manifestaron como se manifestaban hace unos años los miembros de Podemos; como Pablo Soto, que expresó que quería “torturar y matar” a un representante de otro partido político; o como Sánchez Mato, que se rió de las víctimas del genocidio totalitario marxista de la URSS. Decimos coacciones y amenazas por cuanto la portavoz de dicho ayuntamiento ha anunciado que están estudiando medidas para impedir circular al autobús protagonista de la campaña de sensibilización social. Sin embargo este Centro Jurídico Tomás Moro tras el estudio tanto de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior de fecha 30/01/2009, como del estudio de la Ordenanza de Movilidad por la Ciudad de Madrid de fecha 26/09/2015, no encuentro justificación alguna para impedir la libre expresión del sentir mayoritario de la población madrileña.

El Centro Jurídico Tomás Moro muestra su preocupación por cuanto desde nuestra asociación llevamos años defendiendo la dignidad del ser humano (sin importarnos su sexo o condición sexual) y la libertad educativa de los padres, no solo para elegir el centro docente donde estudiarán sus hijos, sino para elegir los contenidos docentes que se impartirán a sus hijos. En esta defensa de la dignidad y la libertad llevamos años luchando contra la imposición totalitaria de la ideología de género, siendo necesario recordar que hasta la fecha hemos distribuido más de mil ejemplares de nuestra guía “Valoraciones jurídicas de la Ley de Identidad y Expresión de Genero de la Comunidad de Madrid” ( http://www.tomasmoro.info/2016/03/26/informe-sobre-la-ley-de-identidad-y-expresion-de-genero-e-igualdad-social-y-no-discriminacion) en la que se defienda la libertad educativa de los padres, y se advierte a la ciudadanía de los riesgos de la imposición totalitaria de una ideología que no representa el verdadero sentir de la sociedad.

Este Centro Jurídico Tomás Moro considera que es evidente que el artículo 27 de la Constitución Española y los artículos 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de noviembre de 1948; el 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de noviembre de 1966; el 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de noviembre de 1966; y el 2 del Protocolo Adicional 1º, de 20 de marzo de 1952, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950, establecen como límite infranqueable por el poder público que la prestación educativa deben ser «ideológicamente neutral, alejada del adoctrinamiento, a lo que contribuye la libertad de cátedra», no pudiendo, por tanto, imponer ni doctrina ni ciencia oficiales, como ha expuesto el Tribunal Constitucional (STC 5/1981). Del mismo modo que nuestra Constitución y los tratados de los que España es parte imponen otro límite en materia educativa: la ciencia misma con la que el contenido de los programas educativos no puede entrar en conflicto puesto que frente a una enseñanza científicamente falsa habría que oponer el derecho a la educación de los educandos a recibir una enseñanza científicamente solvente.

Por ello desde este Centro Jurídico Tomás Moro abogamos una vez más porque nuestros representantes políticos defiendan los intereses de la mayoría social, y no de pequeños grupos de presión, y abogamos igualmente por el respeto a la libertad de expresión y por la vuelta a la cordura de nuestros representantes políticos, ya que últimamente con sus políticas están atacando el sentir mayoritario de un pueblo que cada día ve con más preocupación la deriva totalitaria de nuestras instituciones.