Imagen general de la sala donde será juzgado Artur Mas y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau

La investigación de la «trama del 3%» y de la supuesta financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) apunta también al supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones por parte del Consorcio de Educación de Barcelona, la institución educativa impulsada por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de la ciudad condal para gestionar la educación no universitaria en la capital catalana. En la operación fueron detenidas el pasado jueves 18 personas, todas ellas ya en libertad después de que ayer concluyese el arresto de los últimos ocho que pasaron la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.

Esa sospecha de participación del Consorcio en las «mordidas» consta en la resolución en la que la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, Cristina Giralt, deniega la solicitud de habeas corpus presentada por uno de los detenidos en la «operación Pika», el constructor Xavier Tauler. En el auto firmado ayer, la magistrada avala, como pedía la Fiscalía Anticorrupción, la legalidad de los arrestos y esgrime –para mantener privado de libertad al ex consejero delegado de Copisa, que como el resto de los detenidos quedaba en libertad ayer– los indicios que apuntan a su supuesta participación en un hipotético «caso de corrupción referente al Consorcio de Educación de Barcelona por supuestas contraprestaciones económicas por adjudicaciones de obras».

La magistrada avaló que su detención estaba justificada por los «indicios racionales acerca de su participación en unos presuntos hechos delictivos» y que el arresto se había llevado a cabo «con respeto a las garantías constitucionales y requisitos legalmente establecidos, con información de sus derechos constitucionales y de las razones de su detención».

La solicitud de habeas corpus instada por la defensa de Tauler instaba el control judicial a las circunstancias de su detención por la Guardia Civil, pues según el empresario el arresto no se había limitado al «tiempo estrictamente necesario» para practicar las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se atribuyen a la persona detenida, tal y como prescribe la ley.

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona concluye que «no cabe admitir las alegaciones» del ex consejero delegado de Copisa pues la Fiscalía está legitimada «para ordenar la detención preventiva de las personas sobre las que considere que existen indicios de participación» en hecho supuestamente delictivos que investigue. La magistrada destaca el «respeto escrupuloso» a las garantías constitucionales por parte de la Guardia Civil, dado que al arrestado en cuestión «se le informa no sólo de sus derechos y de las razones de su detención», sino que en la diligencia de detención consta que se le puso al corriente de forma «detallada» del hecho delictivo que se le imputa en relación a ese supuesto pago de comisiones para lograr adjudicaciones de obras del Consorcio de Educación de Barcelona. Tauler, según hace constar la juez, «se negó a firmar dicha diligencia».

Los detenidos quedaron en libertad después de que se practicaran 25 registros en domicilios y sedes de empresas e instituciones y de que los agentes se incautaran de la documentación alusiva a las adjudicaciones supuestamente irregulares. Uno de los últimos en abandonar las dependencias de la Guardia Civil ayer fue el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.

Con esa ingente cantidad de documentos, los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda decidieron finalmente no solicitar la comparecencia ante el juez de El Vendrell (Tarragona) Josep Bosch, el instructor de la «causa del 3%», lo que hubiera abierto la puerta a la solicitud de adopción de medidas cautelares contra algunos de los investigados.