Imagen exterior del chalé de José Bono en Olías del Rey (Toledo)

Aunque José Bono lleva alejado casi seis años de la política, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil deben emplear todavía varios agentes en proteger al exministro de Defensa y la vivienda de la que es propietario en un pueblo toledano. Su seguridad corre por cuenta del Ministerio del Interior y, por tanto, con cargo al erario público.

Por un lado, el expresidente del Congreso de los Diputados continúa disfrutando de una escolta de la Policía Nacional, a la que están adscritos tres agentes de la plantilla de Toledo, a pesar de que ya no es un político en activo.

Además de encargarse de la «protección dinámica», esos policías también deben realizar las veces de conductores del coche en el que Bono viaje; por tanto, dos funciones en una sola persona: conductor y escolta.

Por otro lado, la Guardia Civil se encarga de la vigilancia del chalé que Bono tiene en una urbanización de Olías del Rey, un municipio de 8.000 habitantes situado a diez kilómetros del casco viejo de la capital toledana. El Instituto Armado debe proteger la casa porque el inmueble se encuentra dentro de la demarcación de la Guardia Civil.

Pero el expresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha apenas visita la vivienda, que está vacía de moradores la mayoría de los días, aunque sigue contando con un circuito cerrado de televisión, además de una garita de vigilancia.

Durante su larga etapa política, era frecuente que agentes en vehículos de la Guardia Civil, patrullas o camuflados, se movieran por los alrededores del chalé. Asimismo, era imposible detenerse delante de la puerta de la casa sin que un agente saliera inmediatamente para indicar al conductor que no se podía estacionar en esa zona.

A lo largo de la fachada y del perímetro de la vivienda, hay pintada en el suelo una línea amarilla continua que prohíbe estacionar. Frente a la puerta de entrada, existe otra marca blanca continua sobre el pavimento y dos señales de prohibido aparcar y parar.

Capítulo aparte son las condiciones de esa garita, integrada en la fachada. Los guardias que prestan servicio, generalmente por la noche, no disponen de aire acondicionado, desmontado el pasado año por orden de Bono, con lo que en verano tienen que soportar temperaturas muy altas en su interior.

El aparato de aire desmontado cambió de lugar: fue a parar a la vivienda, dentro del recinto del chalé, donde reside el servicio doméstico. Son la pareja que sale en la fotografía abandonado el chalé. Cuando salta el diferencial y la garita se queda sin luz, también se apaga el circuito interno de televisión porque está dentro de la garita.

Los agentes afirman que han llegado a prestar servicio por encima de los 35 grados dentro de la garita, cuando la Ley de Riesgos Laborales establece máximas de 27 grados. Tampoco disponen de un frigorífico donde poder enfriar agua para sobrellevar los rigores del calor.

Si este trabajo ya es muy complicado durante el duro estío en Toledo, en invierno la cosa no mejora dentro de la garita. Para no pasar frío, los guardias están obligados a trabajar bien abrigados y a utilizar un calefactor de bajo consumo, ya que el expresidente del Congreso de los Diputados tiene muy restringida la potencia eléctrica en su casa y el interruptor diferencial salta cuando se supera el límite, lo que ha ocurrido con frecuencia.

«La garita es un horno en verano y un congelador en invierno, si estás sin el calefactor en marcha. Y todo porque Bono no quiere que se generen gastos de luz», afirma un agente que conoce la situación.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya denunció ante la Inspección de Trabajo algunas de esas «deplorables condiciones» el pasado verano, puesto que son «un auténtico desprecio hacia la dignidad de los agentes que cuidan de la seguridad de este privilegiado expolítico».

El Instituto Armado constató las deficiencias a través de la Unidad de Prevención de la Comandancia de Toledo, pero los agentes siguen pasando mucho calor en verano y frío en invierno.

Desde esta Comandancia se ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito, retirar la protección a la vivienda, porque nadie vive de manera habitual en ella. También desde la AUGC han levantado en varias ocasiones la voz contra esos privilegios de Bono.

Según esta asociación, la escolta y la seguridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a altos cargos públicos se mantiene unos seis meses después de que estos dejan su puesto. En algunos casos, esas prerrogativas se prolongan hasta un año y medio. Sin embargo, con Bono es diferente, aunque no excepcional. «Es uno de los que ha superado ampliamente este margen de tiempo», aseguran desde la asociación.

La seguridad de la que Bono sigue disfrutando con cargo al Estado contrasta con los datos que AUGC ha facilitado en alguna ocasión: «Solamente en el periodo 2010-2012 la provincia de Toledo, donde tiene su domicilio José Bono, la Guardia Civil perdió 50 efectivos. Este dato lo conocemos gracias a la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada en 2014».

Por la vía policial no ha sido posible retirarle la protección, de momento. Tampoco se ha conseguido por la senda política. Este mes de enero se cumple un año desde que el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, mostró en un pleno en las Cortes regionales un documento que certificaba la renuncia del expresidente José Bono a sus privilegios por su condición de exmandatario regional.

Pese a ese documento, Bono puede seguir disfrutando en la actualidad, si así lo desea, de dos secretarias, un coche oficial, un chófer y un despacho, ya que la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo que el Gobierno de Bono aprobó en 2003 está sin modificar.

En octubre de 2015, hubo un intento por acabar con esos beneficios. Sin embargo, el PSOE no apoyó en las Cortes regionales las dos proposiciones de ley, del PP y de Podemos, en las que pedían un cambio en esa normativa para quitar privilegios a los expresidentes de la Junta. En estos momentos, solo Bono puede disfrutar de esas prerrogativas, ya que tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal renunciaron a ellas.