Xelo Huertas, presidenta del Parlamento balear

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Palma, Irene Partida, ha admitido este lunes a trámite la demanda presentada recientemente por la todavía presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, contra Podemos a raíz de su expulsión definitiva de la formación morada. Huertas quiere que se anule el proceso que en última instancia determinó que la propia afectada habría vulnerado el código ético del partido. La magistrada ha señalado una vista de medidas cautelares para el próximo 9 de febrero.

Cabe recordar que en noviembre del pasado año fueron suspendidas cautelarmente de militancia Huertas y la diputada autonómica Montserrat Seijas por haber amagado, en un chat interno, con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico del dirigente Daniel Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear. La Comisión de Garantías regional fue la que informó del caso al órgano equivalente estatal.

El proceso disciplinario culminó recientemente con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos y también del Grupo Parlamentario, a pesar de que finalmente las dos votaron a favor de los Presupuestos, al igual que sus ya excompañeros de partido. Ambas diputadas han venido reiterando que su expulsión obedecería únicamente al hecho de haber cuestionado diversas actuaciones de la cúpula regional, acusación que ha sido negada por los actuales dirigentes.

Con posterioridad, el martes de la pasada semana, Huertas decidió abandonar la reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara en la que, en principio, debía decidirse su cese. Huertas abandonó dicha reunión porque uno de los integrantes de la Mesa, el diputado socialista Vicenç Thomàs, tenía en su poder un documento de la letrada del Parlamento sobre el proceso de destitución que no había sido facilitado a la propia Huertas. La todavía presidenta del hemiciclo alegó «indefensión» y se fue. Los diputados populares Miquel Vidal y Miguel Jerez, también integrantes de la Mesa, se marcharon por el mismo motivo.

En principio, en la citada reunión debía darse cuenta de que hace 15 días Huertas y Seijas fueron expulsadas formalmente del Grupo Parlamentario de Podemos. Teóricamente, a continuación debería haberse debatido sobre la posibilidad de destituir a Huertas como segunda autoridad del Archipiélago, ya que el nuevo reglamento del Parlamento autonómico establece, en su artículo 39 c, que uno de los motivos para el abandono de la Mesa por parte de un diputado o una diputada es «dejar de pertenecer a su grupo parlamentario».

El mencionado documento de la letrada del Parlamento, que consta de 13 puntos, proponía que una vez que la Mesa hubiera aceptado el escrito de expulsión de Huertas y de Seijas de Podemos y el pase de ambas al Grupo Mixto, debería declarar vacante la presidencia en aplicación del mencionado artículo. En cuanto a la elección de la persona que debería relevar a Huertas, el nombramiento debería producirse en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que se iniciará a principios de febrero.

En cualquier caso, tras esa fallida reunión de la Mesa, Huertas sigue de momento como presidenta del Parlamento balear. Además, el lunes de la pasada semana había presentado ya un escrito en el que solicitaba a la Mesa que no adoptase ninguna decisión sobre un posible relevo en la presidencia del hemiciclo hasta que los tribunales se pronunciasen sobre la citada demanda que la propia Huertas presentó a principios de este mes contra Podemos a raíz de su expulsión.

La decisión adoptada ahora por la juez, en el sentido de admitir a trámite dicha demanda, podría servir para avalar la petición de Huertas de que por ahora no se tome ninguna resolución sobre si puede ser o no destituida.

Por su parte, las formaciones que conforman el actual tripartito balear, el PSOE, MÉS y Podemos, han acusado estos días al principal partido de la oposición, el PP, de querer entorpecer la destitución de Huertas, mientras que los populares aseguran que únicamente desean que el posible cese, de producirse finalmente, se haga con todas las garantías jurídicas.