A. Robles.- Como era previsible, el penúltimo intento del sistema por criminalizar a lo que políticos de la casta y periodistas del pesebre denominan la extrema derecha se ha hecho con un hueco mediático que por ejemplo no tienen ni de lejos el sinfín de acciones que los partidos patrióticos promueven cada día para alertar del rumbo suicida por el que transita nuestra nación y, por extensión, la civilización que nos cobija. Ya se sabe que la criminalización de lo que ellos llaman la extrema derecha, como proceso de ingeniería social, es general no sólo en España sino en toda en Europa.

Cómplices tanto socialistas como conservadores de la destrucción de Europa, partícipes del consenso suicida de la reversión demográfica, no les queda ya otro camino que intentar apagar el grito de las únicas voces que no están dispuestas a morir ni a dejar que muera el lugar del mundo que cobija los momentos vividos por cientos de generaciones de compatriotas nuestros. La Audiencia de Madrid ha juzgado a 14 hombres y una mujer por el “asalto” al centro cultural Blanquerna, en plena capital de España, ocurrido el 11 de septiembre de 2013, durante la conmemoración separatista de la Diada.

Imagen de video del escrache de un grupo de patriotas a la librería Blanquerna, en Madrid, en septiembre de 2013, en la Diada.

El Tribunal Supremo ha elevado las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid a catorce patriotas que asaltaron el centro cultural Blanquerna de Madrid, perteneciente a la Generalitat de Cataluña, durante la celebración de la Diada de 2013 al aplicar la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica. Les impone penas que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses. Lamentablemente tendrán que entrar en prisión.

Juicio por el ‘caso Blanquerna»

En contraste, hace unas semanas, el mismo órgano jurisdiccional rebajaba la pena de los terroristas chilenos que colocaron y explosionaron las bombas en la basílica del Pilar de Zaragoza en octubre de 2013, de DOCE, a solo CUATRO años y medio de prisión. No necesito recordarles la absolución de la concejala Rita Maestre por entrar violentamente desnuda en una capilla católica. Ni el cúmulo de ataques cristianofóbicos y racistas contra símbolos católicos y españoles nativos, que, o bien no tuvieron respuesta judicial y si la hubo fue para atenuar la gravedad del delito en base a la presunta minusvalía psíquica del agresor.

Entre los condenados por los hechos en en el centro Blanquerna figuran líderes de las formaciones que integran La España en Marcha y Democracia Nacional. No hubo lesionados, no hubo destrozos materiales, nadie fue agredido. Entre los hechos punibles hay que resaltar el derribo de una bandera secesionista y gritos tan subversivos como “no nos engañan, Cataluña es España” y “catalanidad es hispanidad”. Eso sin embargo no ha sido óbice para que los abogados de la Generalitat pidiesen para los acusados penas que exceden a las que se piden para muchos terroristas de ETA. En cualquier otro país con apego a la supervivencia, pongamos por caso Estados Unidos, los que estarían sentados en el banquillo habrían sido los que abarrotaban el centro cultural Blanquerna para hacer pública exhibición, con dinero público, del insurreccionismo político.

Rita Maestre, durante el asalto a la capilla.

La resolución del Tribunal Supremo ha puesto otra vez de relieve que, en la nueva religión de nuestro tiempo, lo importante no es lo que se crea, sino que aquello en lo que se cree sea conforme a la agenda mundialista. Que un médico matarile defienda el principio de libertad de una madre que quiere abortar a su hijo entra dentro de la más estricta ética profesional. Que un activista gay o que una feminista silvestre se encadenen a un crucifijo en la catedral de la Almudena forma parte del conjunto de derechos individuales que ningún católico podrá cuestionar so riesgo de ser tachado de homófobo, retrógado y fascista. Que se irrumpa violenta y soezmente en la capilla católica de una facultad universitaria, alterando el recogimiento espiritual de los fieles, una gamberrada inofensiva. Que un cabrón disfrazado de ‘artista’ haga burla, befa y mofa de la fe de millones de españoles, una simple transgresión artística. Que los dirigentes políticos catalanes utilicen las instituciones del Estado para quebrar el principio constitucional de la unidad nacional, entra dentro del juego democrático. Que ayuntamientos controlados por Bildu sirvan de abrevadero económico a entidades vinculadas muy directamente a la banda terrorista ETA, otro tanto. Que Pablo Iglesias participara en el acoso-escrache a la diputada nacional Rosa Díez, cuando era profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense; la reivindicación de su sagrado derecho a la libertad expresiva. Ahora bien, que un grupo de patriotas proteste con vehemencia contra algunos de los protagonistas del sabotaje contra la patria de todos, pasa a convertirse en un delito de lesa humanidad, sin refutación mediática ni moral posibles.

Pablo Iglesias, entre los participantes en el escrache a Rosa Díez

Recuerdo a un político de la transición advertir sobre la polarización ideológica de España en menos tiempo del que hubiesen imaginado los muñidores del actual sistema partitocrático. Es un hecho que la España machadiana vuelve por sus antiguos fueros. Los que hablaban de enterrar históricas rencillas y de conciliar posturas, en apariencia contrarias, no han hecho otra cosa todos estos años que dar patente de legitimidad democrática a todos esos grupos separatistas y de la izquierda radical, en apariencia antagónicos pero en realidad complementarios, que no han cesado en el empeño de rebajar el nombre de España a la altura del Chicago de los años 20.

Comentar a estas alturas que casi todos los hechos violentos que han acontecido en España desde 1975 han tenido el sello y la marca de personas vinculadas al ultraizquierdismo se antoja tarea innecesaria a poco que se tenga un mínimo rigor. Desde ETA a Terra Lliure, desde Resistencia Galega al MPAIAC de Cubillo, se contaría por cientos la lista completa de acciones terroristas y de víctimas mortales durante todos estos años de ‘concordia’ democrática.

Éste, el anterior y todos los gobiernos de la democracia, siguiendo órdenes internacionales, han empleado todos los recursos mediáticos, legales y policiales para certificar ante la opinión pública la criminalidad de todas las formaciones políticas patrióticas que electoralmente pudiesen contrapuntar a las ideologías de signo y naturaleza contrarias, que han tenido la ocurrencia de reivindicar otra España sin los pertrechos morales e ideológicos con los que ha sido arrastrada al desastre. Evitar que hayan voces contrarias a las oficiales, y que a esas voces se sume la creciente masa de españoles indignados con el transcurrir de los acontecimientos democráticos, ha pasado a ser el objetivo prioritario de formaciones, en apariencia rivales, pero que correrían la misma suerte de producirse el cambio que muchos anhelamos.

Destrozos causados por el artefacto explosivo en el interior de la basílica del Pilar, el 2 de octubre de 2015.

Si nos enfrentamos a una nueva mafia con implicaciones políticas, tenemos derecho a saberlo. Y si estamos ante unos políticos que están dispuestos a romper las normas de juego que ellos mismos aprobaron, algún día tendrían que ser capturados y juzgados por alta traición. Porque mientras la campaña contra las formaciones socialpatrióticas e identitarias contrarias a esta farsa democrática sigue su marcha, con el beneplácito y la sonrisa de los tontos útiles de la izquierda radical y los riveras de turno, el terrorismo auténtico, la profanación de las iglesias, las matanzas en las calles, las declaraciones de guerra a España, el estado ruinoso de la economía, el cierre de las empresas, el aumento del paro, el asalto de nuestras fronteras y los casos de corrupción, constituyen la alarmante crónica de todos los días.

Lo que se pretende, silenciándonos primero y criminalizándonos después, es cubrir este drama, distraer la atención del pueblo y convertir a los partidos patrióticos en una obsesión alienante del drama en que estamos inmersos.

Elevación de las penas por el Supremo

La cristianofobia progre no es condenada por los tribunales.

El Tribunal Supremo ha elevado las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid a catorce patriotas que «asaltaron» el centro Cultural de Blanquerna de Madrid, perteneciente a la Generalitat de Catalunya, durante la celebración de la Diada de 2013 al aplicar la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica. Les impone penas que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses.

La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y algunos de los motivos planteados por la Generalitat de Cataluña y por su delegado del Gobierno, Josep María Boch Bessa, y anula parcialmente el fallo de la Audiencia Provincial que impuso a los 14 condenados penas que oscilaban entre los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos y de multa por el delito de daños con la atenuante de reparación del mismo.

Dos miembros de la CUP quemando imágenes del Rey y banderas de España.

El Tribunal Supremo concluye que a la vista de los contundentes argumentos del fiscal, secundados por las acusaciones –que ejercen la Generalitat de Cataluña y Josep María Bosch Bessa–, y habida cuenta de que se puede hallar la descripción de los elementos constitutivos de la circunstancia agravante, «se impone la aplicación de tal agravación que deberá alcanzar a los delitos que resulten cometidos, dado el propósito común de los asaltantes, intolerantes con un acto de celebración del día de Cataluña».

La Audiencia Provincial incorporó los elementos configuradores de la agravatoria en su relato histórico donde precisó que el motivo impulsor de los delitos cometidos fue «la intolerancia hacia la ideología catalanista de los convocantes del acto, hasta el punto de llegar a impedirlos», en referencia al grupo de ultras que irrumpió en septiembre de 2013 en la sala donde se desarrollaba el acto de celebración de la Diada portando banderas españolas y gritando consignas como ‘Cataluña es España

PENAS DE PRISIÓN

El alto tribunal impone por el delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el de impedimento del derecho de reunión la pena de 2 años y 10 meses de prisión, con la concurrencia de la citada agravante a los que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a seis meses de prisión. Además impone prisión de 2 años y 11 meses a J.F.F y de 3 años de prisión a J.L.L.G.

Por el delito de daños ocasionados en bienes de propiedad pública, la Sala de Lo Penal impone 1 año y 1 mes de prisión y multa de 15 meses al apreciar la misma agravante de actuar por motivos ideológicos discriminatorios y la atenuante de reparación del daño para doce de los acusados, y fija 1 año y 2 meses de prisión y multa de 18 meses a J.F.F mientras que para J.L.L.G también 1 año y 2 meses de prisión y multa de 16 meses.

Quema por parte de separatistas catalanes de fotos con la imagen del Rey Felipe VI

El alto tribual suprime la atenuante de reparación del daño en el delito de desórdenes públicos que había aplicado la sentencia recurrida. En este sentido, afirma que ni en los hechos probados ni en los fundamentos jurídicos existe dato alguno que permita extender esta atenuante de reparación de daños a dicho delito, ya que el mero hecho de una consignación de una cantidad para cubrir de forma genérica el importe de los daños causados, como hicieron los condenados, en nada afecta al delito de desórdenes públicos.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid exponía que todos los acusados indemnizarían conjunta y solidariamente a la Generalitat de Cataluña con 1.372,14 euros y al exdelegado de la Generalitat en Madrid Josep Maria Bosch en la cantidad de 94,2 euros. Tanto este como el entonces diputado nacional por CiU Josep Sánchez Llibre fueron golpeados por los asaltantes.