El pasado 16 de diciembre imágenes de helicópteros sobrevolando, tanquetas, decenas de militares en las calles, camiones de la Fuerza Terrestre acompañados de personal policial a ambos costados de las carreteras que conducen a las comunidades de San Juan Bosco y Limón Indanza, verificando que quienes ingresen sean habitantes de la zona, hacían pensar en una guerra en la amazonia ecuatoriana, en la provincia de Morona Santiago.

La operación militar se dio luego de que el 14 de Diciembre un grupo de indígenas Shuar, que reclaman la ancestralidad de sus territorios en Nankints, ingresó a un campamento minero y se enfrentó con uniformados que custodiaban la zona, en la que se asienta el proyecto minero Panantza San Carlos, operado por una empresa china.

El resultado: un policía muerto y varios heridos de los dos lados; la expedición de un decreto de excepción en Morona Santiago, que restringe varias libertades, entre ellas las de asociación, información, opinión, de transitar libremente; allanamiento de viviendas; advertencias de movilizaciones de diversos grupos indígenas, entre otros.

La profundización del conflicto entre la etnia Shuar y el gobierno de Ecuador -que según analistas locales ha sido mal manejada por parte del presidente Rafael Correa y puede convertirse en la punta del ovillo para que estallen otros problemas con comunidades indígenas que no solo se oponen a la actividad minera sino a nueva actividad petrolera en el suroriente del país, en territorios donde éstas se asientan y muchos de los cuales son ricos en biodiversidad- no solo que ha dejado al descubierto una serie de problemas no resueltos, sino que ha levantado temores sobre intenciones oficiales de controlar lo que los ecuatorianos dicen a través de las redes sociales, en un país que está por entrar de lleno a la campaña electoral para elegir al sucesor de Correa en Febrero próximo, y también en medio de escándalos de corrupción que se siguen destapando y afectando al Gobierno, firme defensor del denominado “Socialismo del Siglo XXI”.

La etnia Shuar se opone a que se desarrolle un proyecto minero en sus territorios ancestrales en Nankints

El 17 de Diciembre, luego de que las imágenes de los tanques y del nutrido grupo de uniformados (alrededor de mil) circularan profusamente por las redes sociales, el Presidente Correa pedía que “por estar contra el Gobierno no destruyan a la Patria (….) A unirnos a rechazar a todos los cómplices, incluida la prensa corrupta”, mientras el ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, aseguraba que Grupos indígenas de oposición “ya están amplificando, con el apoyo de la prensa corrupta, que se están llevando tanques de guerra hacia el área de Morona Santiago; eso es falso, lo que se está llevando es vehículos operativos blindados”.

Los indígenas dicen que cuando se produjo la muerte del policía, “el ejército nos atacó con bombas incendiarias, gases, ráfagas de fusiles, quemaron 8 cabezas de ganado, quemaron casas, hierbas y hasta una parte de la selva virgen”, según un comunicado difundido a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Nosotros, en ningún momento, hemos utilizado armamento pesado o fusiles como nos acusan el ministro, los policías y militares. Esa bala que mató al policía, como dice Correa, esa bala asesina es del mismo ejército, ya que los únicos que tiene ese tipo de armamento son los militares”.

Según Correa, el problema se originó porque “se trata de un grupo minúsculo de extremistas, de dirigentes irresponsables, que quiere imponer sus caprichos. Tenemos información que estos grupos armados han robado y chantajeado a los colonos de la zona”, dijo el mandatario, lo cual es negado por las comunidades.

Para la Conaie, en cambio, la violencia se originó en la acción del Estado de permitir el paso de empresas mineras chinas sin Consulta Previa Libre e informada, como mandan la Constitución y las leyes nacionales e internacionales, lo cual es negado por el Gobierno.

“El gobierno de Rafael Correa está empujando a las Fuerzas Armadas a cumplir un papel que nunca antes habíamos visto, ni siquiera en épocas de dictadura”, dijo Jorge Herrera, presidente de la Conaie.

Los enfrentamientos en Morona, presentaron la cara de un país que parece estar entrando en un camino de violencia acumulada por conflictos no resueltos con pueblos y nacionalidades indígenas, que se han profundizado con el presidente Rafael Correa, quien, paradójicamente, durante sus casi 10 años de Gobierno no se ha cansado de repetir que en Ecuador el ser humano está sobre el capital, y al que ahora los dirigentes indígenas acusan de ser “incapaz de encontrar otras salidas a los conflictos que no sean con el autoritarismo, la violencia y la violación de derechos, lo cual está llevando al país a una situación de confrontación grave”, y le exigen que “asuma las consecuencias de lo que pueda pasar”.

El 16 de diciembre, tropas del ejército desembarcaron en las carreteras de la Amazonia cercanas al emprendimiento minero para reprimir una manifestación indígena en su contra.

En este país la Constitución reescrita por los aliados de Correa en una Asamblea Constituyente y aprobada en un referéndum en el 2008 otorgó derechos a la naturaleza, convirtiéndolo en el primer país del mundo en considerar a la naturaleza como objeto de derechos; también consagró el denominado “derecho a la resistencia”, entre varios otros que hicieron pensar en un Gobierno garantista de derechos, que ahora es acusado de dejar las disposiciones constitucionales en letra muerta, criminalizar la protesta social y acallar la opinión de quienes lo critican.

El 19 de Diciembre, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Torres, pidió al Ministerio de Ambiente la disolución inmediata de la ONG Acción Ecológica, con 30 años de vida en el país andino y que ha sido la cabeza visible sobre todo de la lucha de ecologistas y activistas contra las actividades extractivistas.

En el oficio remitido al Ministerio de Ambiente, Torres asegura que Acción Ecológica, “a través de publicaciones en las redes sociales, ha manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad Shuar, realizando afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de supuestas violaciones de los derechos humanos de esas comunidades, alegando la ejecución de presiones, hostigamientos, amenazas, desalojos violentos y de acciones de injustificada militarización en la zona”.

Según Torres, Acción Ecológica también ha estado “promoviendo la movilización social y el respaldo a dichos enfrentamientos, y en consecuencia generando en la sociedad ecuatoriana grave afectación y conmoción social”.

La coordinadora general de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Cristina Ullauri, en cambio, afirmó en otra comunicación que Acción Ecológica se ha alejado del objeto para el cual fue creada , “al respaldar y promover acciones de violencia social y de oposición a supuestas políticas públicas contrarias al buen vivir, que atentan contra la seguridad interna del Estado, la paz y el orden público”.

Los integrantes de la ONG Acción Ecológica, denunciado por desestabilizadora por el gobierno de Correa, que pidió su disolución.

“Dicho accionar ha sido reiterado por cuanto la organización ha promovido actividades de planificación, organización y convocatoria de las nacionalidades y ciudadanía en general, a través de plantones y movilizaciones, dejando clara su posición de rechazo a toda iniciativa de explotación de recursos naturales”, con actuaciones direccionadas a incidir, “a través de supuesta resistencia y oposición, en la política pública implementada por el Gobierno”.

Esperanza Martínez, miembro de Acción Ecológica, solicitó al Ministerio del Ambiente, que se pruebe las acusaciones en su contra respecto a su posible incursión en actos violentos y desviación de fines para los que fue constituida esta ONG y aseguró que todos los actos que realiza Acción Ecológia son pacíficos: cantos, zapateadas, plantones, y se basan en sus estatutos y en las leyes.

“Para nosotros, la no violencia es un tema con el cual estamos comprometidos. Actos violentos, jamás; defendemos la participación, la opinión, el derecho a disentir y el derecho y deber de defender la naturaleza y denunciar los problemas ambientales, porque nuestros objetivos así lo exigen. Defenderemos siempre el legítimo derecho a existir como asociación, a participar, a disentir y a nuestra libertad de expresión”, dijo Martínez.

Según Martínez, uno de los aspectos más preocupantes en el proceso en contra de Acción Ecológica es que se pretenda usar como prueba los mensajes que circulan en redes sociales. “Se están utilizando distintos tipos de recursos para promover la autocensura. El mensaje que se nos quiere dar es que no podemos manifestarnos en la calle porque somos acusados de terroristas o de promover sabotajes; tampoco nos podemos expresar por medios de comunicación porque se los acusa de ser prensa corrupta y tampoco podemos utilizar redes sociales; se está violentando el derecho a la libre expresión que tenemos como ciudadanos. No sé si esto es también una anuncio de que el control va a llegar también a las redes sociales”, añadió Martínez.