Mientras mantenía un mutismo absoluto ante la opinión pública sobre la presunta agresión a la niña de ocho años en el colegio Anselm Turmeda, de puertas para adentro la Conselleria de Educación se coordinaba con la Inspección Educativa, la Fiscalía para defender a los maestros del centro de Son Roca, minimizar la agresión de la menor y atacar a los medios de comunicación.

Así se desprende de un correo electrónico enviado por el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria (Adesma), Llorenç Llop, al resto de docentes donde informó a sus colegas de que la Fiscalía y la Inspección Educativa se citaron durante la investigación y acordaron emitir un comunicado para informar de las lesiones de la menor agredida en el colegio y criticar a los medios de comunicación por el tratamiento informativo del suceso.

«Os adjunto escaneada la hoja que nos dio [el jefe de Inspección] con la información de las actuaciones de Inspección», dice Llop, después de reunirse con el jefe de Inspección, Antoni Arbós, juntamente con la presidenta de la Asociación de Directores de Primaria, Joana Maria Mas, «para recibir información sobre el caso del Anselm Turmeda» el jueves [20 de octubre] por la tarde.

En este encuentro, los directores tuvieron acceso a todas las actuaciones detalladas, e incluso se les entregó un listado con la cronología de los hechos, donde se indicaba que Inspección llegó a trabajar con tres informes diferentes a medida que pasaban los días (ver documento adjunto). En el documento «quedaba claro que parecía tratarse de una brega de patio, y que no había indicio de acoso», concluía Llop con toda la información recabada.

Este documento interno llegó a manos de los portavoces de Adesma y Adipma, que no son parte directamente interesada, mientras que los padres de la niña no han tenido acceso a la documentación y «se ha enterado del cierre del expediente por los medios de comunicación», según denunció el abogado de la familia, Marcos García-Montes. Por eso, el letrado ha pedido que se reabra el caso y se tome declaración a la familia para que pueda hacer las pertinentes alegaciones como marca la ley.

Además, el presidente de Adesma fue informado sobre el parte médico de la menor que, según Llop, «hablaba de una agresión muy grave» en un primer momento. Sin embargo, las lesiones se minimizaron públicamente después de que el propio jefe de Inspección Educativa fuera a ver al Fiscal de Menores «para sacar algo en claro» y éste le «confirmara» que eran «leves».

No obstante, la Fiscalía fue más allá y acordó con Educación emitir una nota de prensa para «censurar la actitud de la prensa en todo el asunto» e informó con antelación de esta intención, algo que posteriormente reconoció Arbós al presidente de Adesma: «El jefe [de Inspección] fue a ver al fiscal de menores para sacar algo en claro y éste le confirmó que el informe médico era de carácter leve, y que la Fiscalía iba a emitir un comunicado de prensa censurando la actitud de la prensa en todo el asunto».

Se confirma así que la polémica comparecencia del fiscal general, Bartomeu Barceló, tirando de las orejas a los medios y asegurando que las heridas eran leves y sin importancia, fue un acto premeditado y en connivencia con la Conselleria que dirige Martí Mach. Además, se da la circunstancia de que ese mismo día se filtró a los medios de comunicación el parte médico de la menor (y se publicó), aunque debería haber estado protegido por ser datos confidenciales.

Por último, «el apoyo de Inspección y del conseller al equipo directivo y los maestros ha quedado claro», celebraba Adesma, al tiempo que criticaba a los medios de comunicación porque «la cosa se ha ido de madre». Desde Adesma y Adipma se planteaban tomar medidas para proteger a los menores que presuntamente agredieron a la niña en el patio del colegio. «Estoy en contacto con Joana Maria Mas -presidenta de la Asociación de Directores de Primaria (Adipma)- y con la Federación de Asociación de Padres de Mallorca (FAPA) por si toman alguna iniciativa de apoyo a los compañeros del Anselm Turmeda y, sobre todo, si solicitamos que se dé algún paso en dirección a la Protección de Menores en relación a los niños de 8 y 9 años que están siendo acusados de auténticas barbaridades», propone Llop.

Este diario se puso en contacto con la Conselleria de Educación para conocer los motivos del encuentro de Antoni Arbòs con el fiscal pero desde el gabinete de prensa declinaron hacer declaraciones a este respecto. ELMUNDO/El Día de Baleares también intentó sin éxito contactar con la Fiscalía en repetidas ocasiones para preguntar su versión de los hechos.

Por su parte , el presidente de Adesma Llorenç Llop atendió a este medio y explicó que fue citado por el jefe de Inspección dos días después de cerrar el expediente -nunca durante la investigación- para ser informado. «Nosotros lo vimos normal y se lo agradecemos», subraya LLop, que asegura que hablar de una estrategia coordinada entre Fiscalía y Educación es «un poco aventurado». «Yo creo que es lo normal que ambos se coordinen y tengan comunicación durante la investigación», dice el docente, que quita importancia a este hecho. Según Llop, las dudas por parte de Inspección sobre la gravedad de las lesiones de la menor fue lo que motivó a Arbòs a preguntar al fiscal, ya que no tenía acceso a dicho parte médico.

Por otra parte, dos sindicatos han repetido el patrón seguido por la conselleria: dar apoyo a los maestros y criticar a los medios de comunicación. El STEI emitió un comunicado el 11 de octubre, en plena oleada de críticas hacia el conseller Martí March por su mutismo, donde expresaron el apoyo a los maestros, «agradecieron» al conseller el análisis «cuidado y discreto» de los hechos y criticaron a los medios. También Unió Obrera Balear (UOB) reclamó al conseller un acto público de apoyo a los maestros del Anselm Turmeda: «Es lo mínimo que merecen estos docentes (…) aunque sea para agradecerles su profesionalidad y contrarrestar el circo mediático».