Manteros.

Ahora Madrid y el PSOE, de nuevo de la mano, impulsaron ayer la creación de un DNI municipal para inmigrantes irregulares. El Pleno de Cibeles aprobó, con el rechazo del PP y Ciudadanos, el proyecto de la Tarjeta de Vecindad para identificar a los indocumentados que viven en Madrid y agilizar su acceso a los servicios públicos que ofrece la capital. La oposición advirtió de que esta medida generará confusión y un efecto llamada.

La proposición, planteada por el PSOE, evidenció los dos bloques que dividen la corporación en parte de los asuntos más delicados. A un lado, la marca municipal de Podemos y los socialistas; al otro, el grupo popular y Ciudadanos. Ayer, los dos frentes estaban aún más igualados por la ausencia de tres concejales, con un empate a 27 en esta moción y en otras que depararon un resultado similar. La votación fue resuelta gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Manuela Carmena, por no estar presentes Celia Mayer (Ahora Madrid), Antonio Miguel Carmona (PSOE) y Sofía Miranda (C’s).

Esta suerte de DNI municipal está enfocado a aquellas personas empadronadas en Madrid pero en situación de irregularidad. También, después de una enmienda transaccional de Ahora Madrid y PSOE, para los que no lo están pero pueden demostrar su arraigo en la ciudad o su identidad y domicilio. La intención, dicen sus valedores, es que los inmigrantes puedan acceder a los diferentes servicios públicos de la capital. Se prevé que esta tarjeta sustituya progresivamente a los carnés que emiten las entidades locales, como bibliotecas, instalaciones deportivas, servicios sanitarios o formación y promoción de empleo.

«El Ayuntamiento no puede permitir que haya ciudadanos que no pueden acreditar quiénes son y no accedan a los recursos municipales», valoró la edil de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, al inicio de la sesión reanudada. La posición del Gobierno municipal suscribe la del PSOE, su socio de investidura, que ya incluyó este aspecto en su programa electoral para las elecciones de mayo de 2015. La portavoz socialista, Purificación Causapié, celebró la puesta en marcha de la tarjeta municipal, que «permitirá que muchas personas en situación de exclusión puedan acceder a los servicios del Ayuntamiento».

Uno de los colectivos que se verá beneficiado por este singular DNI es el de los manteros. De hecho, este plan se enmarca en los mismos términos que el carné para la ciudadanía planteado por el Gobierno de Carmena para los vendedores ilegales. No obstante, Causapié destacó que esta iniciativa no solo atañe a este grupo: «Pondrá en marcha recursos para sacar a muchas personas de la economía informal, también a personas en situación de explotación laboral y sexual».

En su primera fase estará dedicado exclusivamente a aquellas personas que no disponen de ningún otro documento identificativo de carácter oficial. Para ponerlo en marcha, además de una campaña de empadronamiento, se desarrollarán diversos acuerdos con asociaciones de inmigrantes y otros colectivos similares.

Pero el Ayuntamiento va más allá de la esfera municipal y pretende que la Comunidad de Madrid se sume a los servicios que fagocita este DNI. El equipo de Gobierno desea alcanzar un acuerdo con el Consorcio de Transportes para que con la citada tarjeta se puedan solicitar los abonos de transportes regionales.

La implantación de la Tarjeta de Vecindad generó desde el debate del miércoles una corriente de críticas en la oposición. El edil popular Percival Manglano sustentó sus reproches en varios aspectos. Manglano aseguró que es «absolutamente falso» que los «sin papeles» no puedan empadronarse y tildó la medida de «locura». «¿Cómo se va a identificar a alguien que no tiene identificación?», preguntó. A su juicio, generará un «efecto llamada», ya que «saldrá a cuenta ser ilegal».

Derechos y obligaciones

Ana Domínguez, de Ciudadanos, centró su intervención en los mismos términos, con el añadido de que sobrepasa las competencias municipales: «No tiene nada que ver con el Ayuntamiento. Además, señaló las imprecisiones del proyecto, pues «quien no tiene permiso de trabajo no puede inscribirse como demandante de empleo».

Una vez aprobada la moción, la Delegación del Gobierno en Madrid exigió explicaciones sobre las prestaciones de la tarjeta y qué «derechos y obligaciones» proporcionará. «Espero que nos pongan al corriente desde el Ayuntamiento para saber en qué consiste», aseveró Concepción Dancausa, en declaraciones.