Juliana Fregoso.- El miércoles pasado, cientos de mujeres marcharon en distintas ciudades de México bajo la convocatoria #Niunamenos, lanzada desde Argentina al resto de América Latina, en contra de la violencia feminicida. Pero horas antes de la protesta, en Tultitlán, Estado de México, contiguo a la capital, los bomberos encontraron en una casa en llamas el cuerpo de una mujer con golpes, desnudo, heridas de cuchillo o navaja en el estómago, con huellas de abuso sexual y un palo incrustado en los genitales.

La víctima, de la que las autoridades no dieron a conocer el nombre, pasó a formar parte de las siete mujeres que todos los días son asesinadas en el país, una nación en la que cada vez son más quienes toman las calles para exigir al gobierno que actúe y las proteja.

Una fría estadística convirtió al país en la tierra que no ama a las mujeres: todos los días se registran 1.643 agresiones sexuales en contra de alguna integrante del sexo femenino. De las víctimas, cuatro de cada 10 son menores de 15 años.

Carmen Zamora, del municipio de Ecatepec, uno de los ocho más violentos del país, ha sido parte de las marchas para defender sus derechos. La primera vez, fue en abril de este año, un mes después de la detención de su esposo, a quien desde 2007 había denunciado por violación. Hasta antes de que fuera encarcelado, una de las respuestas que obtuvo de un juez fue “¿qué le hiciste para que te tratara así?”.

Su agresor está en prisión, pero vive con el miedo de que salga libre porque sabe que la represalia será bestial: “Si sale, me mata, y yo no quiero ser una estadística más”, dice.

En el tema de la violencia de género se unen dos elementos, el primero es un patrón cultural que minimiza a la mujer, lo cual está bien ilustrado por un dicho popular en Jalisco (Occidente), la tierra de los charros: “Un hombre siempre debe tener un caballo, una pistola, y una mujer; el caballo y la pistola, no se prestan”.

El segundo es la guerra contra los cárteles de la droga iniciada en 2006 por el entonces presidente, el derechista Felipe Calderón Hinojosa y continuada por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, que marcó, a juicio de activistas, un antes y un después en la historia de ataques contra las mujeres.

El narcotráfico convirtió a las mujeres en una figura a la que cualquiera piensa que puede usar y desechar, torturar, matar, cortar en pedazos u obtener ganancias a cambio de prostituirlas en contra su voluntad.

Un problema que asusta

“Hemos encontrado expresiones de violencia mucho más graves, como los femicidios –asesinatos asociados a la violencia de género-, pero la desaparición de niñas y adolescentes y las redes de trata a las que están vinculados los cárteles son los casos donde hemos detectado que se las llevan como regalo al jefe de plaza. Esos casos terminan en femicidios, como una muestra de desprecio por las mujeres, por su vida e integridad, al grado de desmembrarlas, ponerlas en botes de cemento e irlas a tirar a un basurero”, explica Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Ulloa conoce todos los días nuevos casos de mujeres desaparecidas o abusadas en el continente, aún así, cuando se le consulta sobre lo que sucede en México, responde: “Estoy muy impresionada”.

Parte de esta responsabilidad la atribuye a los gobiernos de los estados que en la mayoría de los casos se niegan a implementar la llamada “Alerta de Género”, un mecanismo que obliga a implementar en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia, que para los gobernadores implica el tener que combatir la impunidad.

Un grave problema para la mujer, expresa, es que tiene que enfrentar la violencia tanto en el hogar como en la comunidad, lo cual quedó demostrado en mayo pasado, cuando ante el incremento de agresiones en el transporte público y en las calles, el gobierno de la Ciudad de México lanzó un programa para repartir silbatos para que las mujeres los usaran en caso de acoso sexual, campaña que fue objeto de una serie de bromas de doble sentido y crítica.

10 de cada 1.000 reciben castigo

El “Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual”, presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el organismo gubernamental que atiende y apoya a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos, reportó que 60% de las agresiones suceden en el hogar de las víctimas, y de cada 1.000 delitos sexuales que se denuncian, sólo se encarcela a 10 agresores (el 1 por ciento).

En la Ciudad de México es donde fueron agredidas Yakiri Rubio, Andrea Noel y Gabriela Nava. La primera estuvo presa tres meses, acusada de asesinar a uno de sus agresores; la segunda fue víctima de un sujeto del que hasta ahora se desconoce su identidad, que en plena calle la sometió por la espalda, le bajó la ropa interior y la tiro al pavimento; y la tercera, fue abusada por un trabajador de la universidad en la que estudia, quien sin su consentimiento la grabó bajo su falda con un móvil mientras viajaba parada en un bus y él exponía sus genitales.

Las tres lanzaron en abril la campaña #NoTeCalles a través de las redes sociales para invitar a denunciar casos de abuso, sin embargo, los casos continúan.

La misma Gabriela, una estudiante de Comunicación de 23 años, aún enfrenta el miedo al transporte público que aquel incidente le provocó. Aunque ahora encuentra en la defensa de los derechos de la mujer una nueva pasión, no olvida los días oscuros en los que recibió todo tipo de ataques en redes sociales por hacer viral el video en el que aparece su agresor.

“Recibí amenazas, mi vida cambio, a la fecha le huyo al transporte público, los primeros meses fue un trauma irme en camión o sola; me daba pánico lo que me ponían en Facebook, porque eran cosas muy feas, sentía como me veía la gente, sobre todo los hombres, como que me reconocían y me ponían cara como de coraje”, relata.

Entre el tipo de insultos que recibió a través de redes sociales eran recurrentes las palabras “puta”, “zorra”… Otros mensajes le advertían que ya la tenían “identificada”.

“Cambió mi vida, era consciente porque el acoso no era nuevo para mi, y en general para todas porque todas recibimos los mal llamados piropos –palabras dulces que se dicen a las mujeres con un doble sentido-, miradas y palabras que incomodan, siempre había padecido esto, pero a este grado no”, recuerda.

Gabriela presentó una denuncia por acoso ante las autoridades del Estado de México, quienes en un inicio le dieron celeridad a su caso por la forma en la que se viralizó. Se trataba de un empleado de intendencia de la escuela en la que estudia, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más importantes de América Latina.

Después del incidente, el 28 de marzo, investigó al empleado y se enteró que había hecho lo mismo a estudiantes de otras escuelas de la UNAM, donde siguió trabajando por la menos 10 días más después de los hechos hasta que renunció y desapareció.

La valentía de Gabriela de exponerse en público quedó truncada ante las autoridades judiciales, que, señala, el día que presentó la denuncia la tuvieron declarando más de 10 horas, en citas posteriores más de cinco horas. Consiguió el domicilio de su agresor y lo entregó a la Policía para que lo notificara, sin embargo, le dijeron que no lo habían localizado en esa dirección y el interés en su caso se fue perdiendo.

¿Cuántas más?

A la convocatoria #NiUnaMenos se unieron mujeres de al menos cuatro de los 31 estados del país (Jalisco, Guerrero, Michoacán, Guanajuato) y la Ciudad de México. Algunas marcharon y otras paralizaron labores a partir de las 13 horas del miércoles, pero éste es apenas un pequeño avance dentro de un país donde todos los días asesinan o agreden a mujeres.

“Aquí hay responsables y son quienes debieron tomar decisiones estratégicas, oportunas y contundentes, para garantizar el acceso de las mujeres a la seguridad, la salud y la justicia y como organizaciones de la sociedad civil lo hemos exigido, sin embargo, ha habido una respuesta insuficiente. La impunidad, los actos de corrupción el que hubiera vacíos en el marco jurídico, que se han ido modificando a raíz de los casos, ha facilitado que lleguemos hasta aquí”, expresa por su parte Aracely González, coordinadora de Equifonía, una Asociación Civil del estado de Veracruz (en la cuenca del Golfo de México), que en 2009 tenía el reporte de una mujer desaparecida, pero para septiembre de 2014 la cifra ya había aumentado a 597.

En Veracruz apareció hace dos semanas el cuerpo de Génesis Deyanira Urrutia, una estudiante universitaria, partido en pedazos adentro de una bolsa, como una muestra de que en el país ya no sólo basta con asesinar o agredir a una mujer, una vez muerta, tampoco se respeta su cuerpo.