Ramón Pérez-Maura.- “Muere un tal Víctor Barrio de profesión asesino de toros en Teruel (en su casa lo conocerían a la hora de la siesta) yo que soy un ciudadano muy «educado» hasta el punto de ser maestro me alegro mucho de su muerte, lo único que lamento es que de la misma cornada no hayan muerto los hijos de puta que lo engendraron y toda su parentela…”. Lo que antecede fue publicado en las redes sociales (en concreto en Facebook) bajo la rúbrica de un Vicent Belenguer Santos, que ahora aduce que alguien le usurpó su identidad. Como si fuera el mismísimo Barack Obama y la gente quisiera aprovecharse de sus muchos seguidores para dar eco a sus barbaridades. A Belenguer le puso en los juzgados de Paterna una denuncia por delito de incitación al odio un abogado local, Vicente Balaguer, y su denuncia ha sido desestimada porque, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los delitos de injurias o de vejación injusta grave «solo pueden ser perseguidos por el ofendido o sus herederos». Es decir, una vez más nuestro sistema ayuda a proteger a los que injurian y cada juzgado tiene una excusa para hacerlo. Permítanme un ejemplo.

El 29 de enero de 2014 participé, como era habitual entonces en el programa «Al Rojo Vivo» de La Sexta. En él comenté, haciéndome eco de la tesis de mi admirado Javier Gomá, que éste es el mejor momento de la historia de la Humanidad para ser pobre: los desheredados nunca tuvieron más ayudas que en la hora presente. Una obviedad que a una parte relevante de la audiencia de La Sexta, siempre tan intelectual, le pareció oportuna para responderme en Twitter. Un @rober_roj me dijo que «Eres chusma por tus comentarios. Propagandista a sueldo. Muerto deberías estar en lugar de los que pasan hambre. #Mauragentuza». Poco después el mismo ser completaba su mensaje con un «Y la deuda de los bancos que la pague tu puta madre si tiene dinero. Muérete». Más concreto fue otro ser, @enderfox cuyo mensaje rezaba «@perezmaura ojalá lo maten pronto;)». El arriba firmante presentó una denuncia en Comisaría ese mismo día y un prestigioso abogado se ocupó de llevar el caso a los tribunales. Fue perfectamente inútil y tras casi dos años de batalla en los juzgados hubo que desistir. Es evidente que el juzgado no pudo aducir en ese caso que el delito «solo puede ser perseguido por el ofendido o sus herederos» porque era el ofendido quien lo perseguía. Así que el juez aplicó otra barrera para defender al injuriante: que no había podido ser identificado tras el anonimato de su dirección de Twitter. Ni tampoco intentó el juez hacer lo más mínimo por conseguirlo. Poco menos que esperaba que los injuriantes comparecieran voluntariamente. Desistí, claro.

Veo que la familia de Víctor Barrio también ha emprendido la causa. Ojalá me equivoque, pero apuesto a que no lograrán nada.