AM.- Una semana después del ‘asesinato en Ferraz’ son muchos los diputados socialistas que todavía se resisten a acatar las órdenes de la gestora socialista instaurada mediante golpe de Estado. Entre quienes no quieren perpetuar a Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno mediante la abstención de sus votos se encuentran el propio Pedro Sánchez -que piensa ser consecuente con el ‘No es no’ lo que le llevó a la muerte política- los siete diputados del PSC -que celebrarán próximamente un Consell Nacional para decidir el signo de su voto- y la diputada por Zaragoza Susana Sumelzo. Ninguno de ellos, se barrunta que hay más, se abstendrá en la previsible votación de investidura “aunque así lo ordene el Comité Federal”.

Desde diversas federaciones socialistas -con la ayuda de grupos de comunicación- se les está tachando de rebeldes. Pero, un momento, ¿acaso un diputado elegido de manera soberana no puede elegir su voto?

Según la Constitución, sí. Según los partidos, no. Tratemos de explicarlo.

La Carta Magna, concretamente en el artículo 67. 2, provee que “los miembros de las Cortes generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Traducido al lenguaje de la calle, que cada diputado/senador puede elegir libremente en cada una de las votaciones que se celebren en las Cámaras Baja/Alta durante la legislatura.

Pero los partidos han estrujado la Constitución hasta que ésta ha casado con sus intereses. De hecho, el propio PSOE contraviene a la Constitución en los artículos 33 y 34 de su reglamento interno por los que se señala que “el Comité Director podrá sancionar la emisión del voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando esta se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestada explícitamente, sin perjuicio del mecanismo disciplinario previsto en los estatutos federales del PSOE”.

Así ha ocurrido infinidad de veces. Una de las más recientes, en el PSOE, ocurrió en 2010 cuando el diputado socialista por Madrid y ex secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, se abstuvo en la votación de convalidación del decreto de la reforma laboral. Su entonces portavoz parlamentario -y mano derecha de Zapatero-, José Antonio Alonso, tuvo a bien matizar públicamente que “la opinión es libre, pero la lealtad al grupo que le ha acogido es obligada”. Votar en libertad le costó a Gutiérrez 600 euros de multa.

No busquen algo así en democracias tan veneradas como la anglosajona o la estadounidense. Lo que se ve en series como ‘House of cards’ o ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ es cierto. Cuando un líder demócrata, o republicano, ha tratado de sacar adelante una votación, previamente ha tenido que granjearse uno a uno los apoyos dentro de su partido. Así le ocurrió al todavía presidente Barack Obama para aprobar la polémica reforma sanitaria. Y al exprimer ministro británico Tony Blair cuando embarcó a su país en la Guerra de Irak. En esos países no hay disciplina de voto y cada parlamentario responde directamente ante sus electores.

Pero en España la democracia se ha convertido en partitocracia. Los partidos controlan la vida política. Así lo pueden demostrar, además de Gutiérrez, la diputada popular Celia Villalobos, o el exministro de Aznar, Federico Trilo. Si el primero se abstuvo en la votación de la reforma laboral, la segunda votó a favor de la ley que regulaba el matrimonio homosexual y el tercero votó en contra de la reforma del divorcio. Al disidente se le puede castigar desde con una amonestación o una multa, hasta con el ostracismo. Pero lo habitual es extenderle una ‘receta’ oscila desde los 300 euros hasta los 600 euros, dependiendo del partido.

Por eso es casi imposible vivir con emoción una votación en el Congreso. Basta con contar cuántos diputados de cada partido están en sus escaños para saber el resultado. Porque esa es otra. Hay tanto miedo a romper la disciplina del voto que cuando un diputado tiene problemas de conciencia prefiere ausentarse de la votación a contradecir a sus dirigentes. Así se entiende la libertad en el Parlamento de España.